Ley de Financiamiento Universitario: el Gobierno recurrió a la Corte pero debería iniciar las transferencias
La Casa Rosada intenta ganar tiempo en la Corte, pero el fallo vigente la obliga a empezar a transferir recursos al sistema universitario.
En las primeras horas de este viernes, la Procuración del Tesoro de la Nación, encabezada por Sebastián Amerio, presentó un recurso extraordinario federal ante la Cámara de Apelaciones para intentar suspender la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario (N° 27.795).
El Gobierno busca frenar la medida cautelar que lo obliga a actualizar de inmediato los salarios docentes y los programas de becas. Argumenta que cumplir con el fallo provocaría un “grave e irreparable perjuicio al Estado” y pondría en riesgo el equilibrio fiscal.
Sin embargo, según un informe de Infobae existen fuentes judiciales y oficiales que coinciden en un punto: mientras la Corte Suprema no otorgue expresamente efecto suspensivo, la administración de Javier Milei tiene la obligación legal de comenzar con el flujo de transferencias, cuyo plazo límite venció a las 9:30 de hoy.
El núcleo del conflicto está en la transferencia de $2,5 billones, una cifra que el Poder Ejecutivo considera inalcanzable sin “paralizar” otras funciones esenciales del Estado. Según el Ministerio de Capital Humano, acatar el fallo implicaría reasignar el 90,30% de los créditos disponibles para gastos primarios, con impacto en áreas que van desde el patrullaje de fuerzas federales hasta el suministro de alimentos en cárceles.
Del otro lado, el Rector de la Universidad Nacional de San Juan, Tadeo Berenguer, plantea otro escenario: asegura que el monto representa apenas el 0,23% del PBI, un porcentaje que considera marginal frente al costo de desfinanciar el sistema universitario. Además, recordó que la ley fue aprobada por mayoría absoluta en el Congreso y ratificada en dos instancias judiciales, por lo que el Ejecutivo debe “recapacitar” y respetar la división de poderes.
En su presentación, el Gobierno también pidió que los jueces de la Corte Suprema —Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti— se excusen de intervenir por su condición de docentes universitarios, y solicitó el nombramiento de conjueces para garantizar imparcialidad.
Mientras en la Casa Rosada admiten que “hoy en día no tenemos la plata” y advierten sobre un eventual retorno al déficit fiscal si deben cumplir el fallo, la comunidad universitaria describe un escenario crítico: una caída real acumulada del 45,6% en las transferencias entre 2023 y 2026. Con los plazos agotados, rectores y gremios señalan que la mayoría de los cargos académicos quedó por debajo de la línea de pobreza, con un retraso salarial cercano al 45% que —advierten— ya no admite más dilaciones ni recursos judiciales.