«La Universidad NO se apaga»: con marcha de antorchas la UNSJ continúa la ofensiva por la Ley de Financiamiento Universitario
Con foco en la situación de los colegios preuniversitarios, la comunidad de la UNSJ se movilizó por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

Pasan los meses y el Gobierno nacional continúa haciendo oídos sordos a un reclamo que se extiende a través de todas las universidades nacionales del país: la efectiva aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. En ese sentido, a partir de una convocatoria federal bajo la consigno «La Universidad NO se apaga», la Universidad Nacional de San Juan se sumó con una marcha de antorchas. Con paro, marcha de antorchas y abrazo simbólico la UNSJ expresó su medida de fuerza este jueves 15 de abril.


En esta oportunidad, la movilización tuvo lugar en la Escuela de Comercio como foco para visibilizar la frágil situación que atraviesan particularmente los colegios preuniversitarios debido al éxodo de docentes al sistema provincial. Allí se convocó la comunidad universitaria con la presencia de autoridades de todos las unidades académicas, desde gremios y sindicatos hasta el rector, secretarios y decanos. De la misma forma acompañaron docentes, no docentes, investigadores y estudiantes de todos los estamentos.



Si bien con menor masividad que en las marchas federales, la movilización dio la vuelta a la manzana en un «abrazo simbólico» que busca presionar al Gobierno libertario a partir de medidas de fuerza nacional. En ese marco, desde la Secretaría de Comunicación también se propuso una transmisión especial a lo largo de toda la jornada de lucha a través de Radio Universidad y Canal Xama.
En cuanto al paro, Edith Liquitay, secretaria de prensa de ADICUS, expresó que la medida tuvo un 80% de adhesión. «A medida que avanza el cuatrimestre se complica la adhesión, pero el nivel de acatamiento igual ha sido alto porque hay mucho enojo», declaró a Radio La Lechuza. Contundente, Liquitay agregó «la no aplicación de esta ley es una política de estado».

El laberinto de la Ley
El sistema universitario nacional enfrenta una situación crítica en materia presupuestaria: desde que asumió el gobierno de Javier Milei, las transferencias a las universidades cayeron un 45,6%.
Históricamente, el Estado argentino destinaba alrededor del 0,8% del PBI a la educación superior, pero esa cifra se redujo al 0,4% en 2024.
Además de la significativa caída del salario de los trabajadores universitarios, los recortes también implican obras paralizadas, becas pulverizadas y laboratorios sin insumos. Estas son las caras visibles de un desfinanciamiento que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) calificó como «un riesgo directo al funcionamiento de las instituciones».
En consecuencia, desde el 2024 el Congreso intenta poner freno a la situación mediante la Ley de Financiamiento Universitario, que establece actualizaciones por inflación para los gastos operativos y una recomposición salarial. Milei vetó la norma dos veces, argumentando que el proyecto era irresponsable y que el lugar adecuado para discutir el financiamiento era el debate anual del presupuesto.
La última pulseada se dio en 2025, cuando el Ejecutivo volvió a vetar una nueva ley de financiamiento universitario previamente aprobada en Diputados con 158 votos. La batalla pasó entonces a la Justicia: un juzgado federal ordenó al Gobierno nacional cumplir de manera inmediata con la actualización de salarios y becas previstas en la norma. La disputa aún sigue judicializada y es allí donde se libra la batalla por su aplicación actualmente.
En San Juan, la UNSJ registró una pérdida del 30% en su presupuesto de funcionamiento en 2025 y los salarios docentes y no docentes acumulan caídas de alrededor del 50% frente a la inflación. El Consejo Superior aprobó para 2026 un presupuesto de $122.000 millones, un incremento del 9,5% sobre el año anterior, muy por debajo de la inflación acumulada del 31,5% en 2025.
El secretario administrativo-financiero de la UNSJ, Ricardo Coca, reveló que la universidad había proyectado necesitar $233.000 millones, pero recibirá apenas la mitad; con ese monto debe cubrir salarios, investigación, becas, comedor y obras. Actualmente, la institución desarrolla sus actividades con recortes en obras, sin capacidad de planificación a largo plazo y usando reservas propias para cubrir lo que el Estado nacional dejó de financiar.

El rector Tadeo Berenguer sintetizó la situación: «No podemos seguir manteniendo una universidad con un presupuesto del año 2023 que fue elaborado en mayo del 2022».
Un éxodo silencioso
En la UNSJ, así como en otras universidades del país, comenzó a tomar forma un éxodo silencioso: docentes que migran del sistema universitario al provincial. Ricardo Coca, secretario Administrativo Financiero de la Universidad, reveló que monitorean en forma permanente la situación y que hoy hablan de «5 o 6% de docentes que dejan las cátedras a las que pertenecen«.
Coca aclaró que ese porcentaje corresponde a todo el ámbito universitario, pero que se manifiesta fundamentalmente en los institutos preuniversitarios: «Personas que antes tenían licencia en la provincia para dedicarse a horas en la Universidad ahora están haciendo un flujo inverso, porque les conviene más el salario provincial que lo que está pagando Nación».
Esto también genera dificultades para cubrir los cargos vacantes. «Si a alguien que inicia su carrera docente le decís que tiene que perfeccionarse, hacer una maestría y que le van a pagar 300 mil pesos de básico, indudablemente no va a estar muy interesado», concluyó el funcionario.
Los preuniversitarios en el ojo de la tormenta
El desfinanciamiento golpea con especial fuerza en los institutos preuniversitarios de la UNSJ, donde el paro docente genera una tensión directa con estudiantes y familias. Rosa Ferrer, secretaria Académica de la UNSJ, reconoció en Radio Universidad que «la preocupación de los padres es justa», pero remarcó que la universidad está «devastada en su presupuesto y tiene un ahorcamiento en todos sus lineamientos».
Ferrer señaló que los salarios de docentes y no docentes acumulan pérdidas de alrededor del 50% frente a la inflación, en un contexto en el que el Gobierno nacional se niega a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario. Desde la institución aseguran que el servicio educativo se va a garantizar, pero advierten que las medidas de fuerza continuarán. Por su parte, la secretaria de Comunicación, Mariela Miranda, fue directa: «Las instituciones son personas y, para que esa calidad se sostenga y mantenga, es necesario que algunas garantías estén dadas, como el salario».
Las voces de los docentes
Ana, docente de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo
«Tengo varios cargos en la universidad y por ejemplo para las compras del mes compro lo justo y necesario, a veces menos. No te alcanza. Los gustos extra son cada vez más complejo lograrlos y en lo que más se siente es que no podes ahorrar. Mi esposo tiene un cargo mínimo en la UNSJ y lo que gana ni siquiera alcanza para llenar el combustible de un vehículo grande. Los sueldos mínimos, sobre todo, son muy bajos. Con todos los impuestos y servicios nos ajustamos, después el supermercado y los autos cada vez los usamos menos».
Valeria, docente de la Facultad de Ciencias Sociales
«Soy trabajadora de la educación pública y el poder adquisitivo visualizo la pérdida en un conjunto de cosas, principalmente en la vida cotidiana, en la alimentación. Compro con mucha consciencia, recorto muchos alimentos o la calidad de los alimentos. Soy mujer y mamá y lo veo reflejado con mucha fuerza es en las tareas de cuidado, gran parte de mi salario va a pagar cuidados y en el último tiempo me está costando un montón sostenerlo, asique me toca ponerle el cuerpo porque no alcanza para pagarlo. Compro comida financiada, en la mayor cantidad de cuotas posibles. Tratamos de evitar las reuniones presenciales porque eso implica un gasto de colectivo o de combustible, aunque tiene muchos puntos negativos. Ni hablar de lo que tiene que ver con lo recreativo, con viajar».
Walter, docente de la Facultad de Ciencias Sociales
«Hace dos años yo pagaba casi el alquiler del departamento donde vivo con mi sueldo y hoy no me alcanza ni la mitad de eso. Ese es mi parámetro. Hay que remarcar que hay distintas escalas en los docentes, dependiendo de la dedicación exclusiva, antigüedad o si tienen muchos títulos de posgrado que tiene los cargos más bajos. A su vez los que tienen los cargos más bajos no pueden seguir estudiando porque deben trabajar en otro lado, eso es una desigualdad en la carrera docente. Hay gente que vive de otras actividades y no pueden seguir estudiando».
