La paradoja Eskenazi: Banqueros del estado sanjuanino y aliados en un litigio buitre contra Argentina
Los propietarios del Banco San Juan se asociaron con un fondo buitre para impulsar una demanda millonaria contra el país, mientras continúan operando como principales agentes financieros del Estado provincial.
El reciente fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, que revocó la sentencia de 16.000 millones de dólares contra la Argentina, puso en el centro de la escena la estrategia legal y financiera de la familia Eskenazi, propietaria del Banco San Juan S.A.
Según Forbes, Enrique Eskenazi —fallecido en 2025— ocupó en 2024 el puesto 20 entre los argentinos más ricos, con una fortuna de US$1.150 millones, más del doble que en 2020 y por encima de los US$950 millones atribuidos a Lionel Messi.
El conflicto se remonta a 2015, cuando las sociedades del Grupo Petersen Energía – propiedad de la familia Eskenazi – iniciaron una demanda contra el Estado Nacional por la estatización del 51% de YPF en 2012.
Para entender las críticas que califican la operación como una “actitud de fondo buitre”, hay que retroceder a 2008. Ese año, la familia Eskenazi adquirió el 25% deYPF mediante un esquema financiero particular: los préstamos otorgados por Repsol y un consorcio de bancos se pagarían exclusivamente con los dividendos futuros de la propia petrolera. Este mecanismo permitió al grupo ingresar a la compañía sin realizar una inversión inicial significativa con capital propio.
El escenario cambió en 2012, cuando el Estado argentino decidió estatizar YPF y suspender el reparto de dividendos para priorizar inversiones. Sin esos ingresos, las empresas Petersen no pudieron afrontar sus compromisos y entraron en quiebra en España.
Frente a esa situación, el grupo Eskenazi avanzó por la vía judicial. En 2015, vendió el derecho a litigar contra la Argentina al fondo Burford Capital por 15 millones de euros, en un acuerdo que mantuvo una participación clave en el resultado final.
Burford Capital no es un fondo de inversión tradicional, sino una firma especializada en la financiación de litigios. Su modelo consiste en adquirir derechos sobre demandas —muchas veces contra Estados o grandes empresas— con el objetivo de obtener ganancias millonarias, una estrategia que le ha valido la calificación de “fondo buitre”.
Recientemente durante una entrevista en el programa Odisea Argentina, el ex Procurador del Tesoro de la Nación (jefe de los abogados del Estado), Bernardo Saravia Frias, expuso detalles sobre el acuerdo pactado entre los Eskenazi y el fondo inglés Burford Capital.
El esquema estableció que el 70% de una eventual indemnización quedaría en manos de Burford, mientras que el 30% restante correspondería a la familia Eskenazi a través del proceso concursal de sus sociedades.
De haberse sostenido la sentencia original de 16.000 millones de dólares, ese porcentaje habría significado unos 4.600 millones de dólares para el grupo, pese a haber ingresado a YPF mediante un esquema financiado con utilidades futuras.
El contraste en San Juan: agente financiero y demandante
El caso abre, además, una tensión particular en San Juan. Mientras las sociedades vinculadas a la familia Eskenazi impulsaban la demanda en el exterior, el Banco San Juan S.A. —de su propiedad— continúa desempeñándose como agente financiero del Estado provincial.
Vale aclarar que Banco San Juan tiene un peso superlativo en las financias de la provincia: gestiona el pago de haberes a empleados públicos y centraliza operaciones financieras del Gobierno Provincial.
La situación expone una contradicción: por un lado, el vínculo con el Estado sanjuanino; por otro, una estrategia judicial que, de prosperar, habría implicado un impacto directo sobre las finanzas nacionales y, en consecuencia, sobre los recursos públicos.
El presente del conflicto
En su reciente fallo, la Cámara de Apelaciones de Nueva York dio la razón a la defensa argentina al considerar que los reclamos de los accionistas minoritarios no se ajustaban al derecho local y que no existía obligación de realizar una oferta pública de adquisición (OPA) bajo la legislación argentina.
La decisión fue interpretada como un revés significativo para Burford y los Eskenazi, y como el freno a una estrategia que buscaba validar el reclamo en tribunales estadounidenses.
Sin embargo, el litigio aún no está cerrado. El fondo Burford ya anticipó que intentará llevar el caso ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, lo que mantiene abierto un frente judicial con potencial impacto económico y político.