Activistas marcharon contra la reforma de la Ley de Glaciares en plena sesión de Diputados
Organizaciones ambientales denuncian falta de sustento científico, posibles beneficios a proyectos mineros y advierten sobre el impacto en las ya comprometidas reservas de agua de la provincia.
En un clima de incertidumbre legislativa, organizaciones ambientalistas como Agüita Pura San Juan, Asamblea Jáchal no se toca, Asamblea por el Agua de Calingasta, entre otras, se manifestaron para exigir a los diputados nacionales que rechacen la modificación de la Ley de Glaciares. Los manifestantes se concentraron frente a la Catedral, cortaron la calle Ignacio de la Roza y marcharon hacia el este del microcentro.
Claudia Roldán y Carmen de Puertos, asambleístas de Agüita Pura cuestionaron con dureza los argumentos de algunos legisladores, entre ellos el diputado José Peluc, quien sostuvo que el agua en San Juan depende de las nevadas y no de los glaciares. Roldán calificó esas afirmaciones como “mentiras” y “barbaridades”, y explicó que la nieve se acumula en los glaciares y que, sin ellos, el recurso hídrico se evapora antes de alcanzar los acuíferos.
En ese sentido, remarcaron que la ley vigente cuenta con un sólido respaldo científico, sustentado en el Inventario Nacional de Glaciares del IANIGLA-CONICET. A diferencia de ello, advirtieron, la reforma propuesta carece de ese tipo de avales técnicos.
Según plantearon, el trasfondo de la reforma apunta a “limpiar y blanquear” la situación de grandes proyectos mineros que hoy estarían en infracción o buscan habilitarse bajo un nuevo marco normativo.
Entre los casos mencionados, señalaron a Veladero por presuntas irregularidades vigentes; al proyecto Vicuña, por su intención de emplazar una mina a cielo abierto sobre un glaciar; y a Los Azules, por el impacto directo sobre el glaciar G 110. “No estamos en contra de la megaminería en sí, pero sostenemos que no se puede desarrollar en la alta montaña ni en zonas que pongan en riesgo el futuro del agua”, concluyeron durante la movilización.
Por último, las referentes de Agüita Pura cuestionaron el argumento oficialista que presenta la reforma como “federalista”, al otorgar mayor poder de decisión a las provincias sobre sus glaciares.
Según explicaron, los glaciares alimentan cuencas hídricas que atraviesan distintas jurisdicciones, por lo que una decisión unilateral puede afectar a un ecosistema compartido y vulnerar los derechos de otras provincias que dependen de esa agua.
“Es criminal permitir la modificación de la ley cuando el caudal del Río San Juan ha disminuido un 50% en los últimos diez años”, advirtieron.