Los 13 centros clandestinos y al menos 149 víctimas registradas: el mapa del terrorismo de Estado en San Juan
A medio siglo del golpe militar, un informe con datos pone el foco en las víctimas y en las cuentas pendientes de la memoria.
En la provincia de San Juan funcionaron 13 centros clandestinos de detención (CCD) durante la última dictadura militar. Los más utilizados —según distintas investigaciones— fueron la ex Legislatura Provincial y la Central de Policía, donde se concentraron los traslados y las sesiones de tortura.
Detrás aparecen otros espacios: el RIM 22, la Alcaidía de Mujeres, el Penal de Chimbas, la Comisaría de Zonda, el Hospital Rawson y La Marquesita. Sin embargo, de los trece lugares identificados, solo dos —la ex Legislatura y La Marquesita— fueron reconocidos formalmente como sitios de memoria.
En paralelo, una investigación del Programa Memorias Locales de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) actualizó el número de víctimas: hasta ahora, se registran 149 personas desaparecidas y asesinadas vinculadas a la provincia. La cifra surge del cruce de múltiples fuentes —organismos de derechos humanos, sentencias judiciales y registros estatales—.
Aun así, advierten los investigadores, se trata de un listado provisorio. Está en permanente construcción. Porque la búsqueda, todavía, no terminó.
Personas desaparecidas y asesinadas en dictadura: los nuevos datos que aporta una investigación de la UNSJ
Son 18 páginas. Dieciocho.
La nómina de personas desaparecidas y asesinadas durante la última dictadura, vinculadas a San Juan, ocupa ese espacio. Allí aparecen nombres, apellidos, fechas y lugares de desaparición, además del vínculo con la provincia. En total, 149 personas de las que hoy se tiene registro. La pregunta por el número exacto de desaparecidos nunca tiene una respuesta cerrada. No puede tenerla.
Para reconstruir esa historia —la del horror— hay que seguir rastros que alguien intentó borrar con insistencia. En eso trabaja el Programa Memorias Locales, en reconstruir, en nombrar, en devolver identidad. Saber quiénes eran, qué hacían, qué soñaban. Recuperar, en definitiva, la historia de esas 149 personas que hoy integran la nómina.
La actualización de las nóminas surge a partir de un programa impulsado por la Facultad de Ciencias Sociales de la UNSJ. Si bien ya existían listados provisorios —los que cada 24 de marzo leen las organizaciones de derechos humanos—, este trabajo busca ir más allá: completar y cruzar información.
Para eso se utilizaron múltiples fuentes: registros de organizaciones, el RUVTE, listados oficiales de la provincia (2022), libros de Víctor Algañaraz, José Casas y Eloy Camus, sitios web especializados, además de sentencias y alegatos de juicios de lesa humanidad. También se incorporó la lista del Bosque de la Memoria de la Facultad de Sociales, entre otros materiales.
El Programa Memorias Locales reúne a docentes, investigadores, extensionistas, estudiantes y jubilados de las facultades de Sociales y Filosofía. También participan organismos y activistas de derechos humanos de la provincia. La elaboración de la nómina estuvo a cargo de Jimena Sancho, Lia Borcosque, Milena Trigo y Lida Papparelli. Ellas destacan que el trabajo fue posible gracias a la articulación entre todos los actores involucrados.
El equipo comenzó en marzo de 2024. Desde entonces, se dedicó a contrastar datos, discutirlos y ponerlos en común. El resultado, hasta ahora, es una lista de 149 personas desaparecidas y asesinadas vinculadas a San Juan. La nómina fue presentada el miércoles 6 de noviembre de 2024 en la Facultad de Sociales, durante un plenario con organizaciones y militantes de derechos humanos. El objetivo: revisar y validar los datos.
Allí, Marcela Oliva, de la Red por el Derecho a la Identidad, lo resumió así: “Siempre se dijo 30.000. Pero era un número. Cuando aparece el nombre y el apellido, aparece la historia. Y eso cambia todo”. Para la investigadora Lia Borcosque, San Juan mantiene una deuda pendiente en materia de derechos humanos. “Se ha hecho poco en comparación con otras ciudades, tanto en políticas de memoria, verdad y justicia como en investigación sobre este período. Hay mucho por hacer”, señaló.
La nómina funciona, también, como un punto de partida. Una puerta de entrada. A partir de allí, el programa impulsa otras líneas de trabajo: memorias emergentes, construcción de repositorios y nuevas investigaciones. Todo con un objetivo claro: profundizar en un fragmento de la historia que todavía exige ser contado.
Políticas del olvido: el abandono de los ex centros clandestinos de detención en San Juan
Hasta el 10 de diciembre de 1983 funcionaron en Argentina más de 800 centros clandestinos de detención (CCD). Fueron espacios utilizados por el Ejército, la Policía y la Gendarmería para retener ilegalmente, torturar y, en muchos casos, asesinar personas. No siempre eran lugares ocultos en bases militares. También funcionaron en hospitales, casas particulares o fábricas. Esa diversidad —y esa cercanía— deja ver otro aspecto: la colaboración civil durante la dictadura.
La Ley N° 26.691 garantiza la preservación, señalización y difusión de estos sitios por su valor testimonial y su aporte a las investigaciones judiciales. También contempla su protección como prueba, tanto en términos patrimoniales como judiciales. La norma define a los ex CCD como “un documento escrito en el tiempo y el espacio”. Es decir, como evidencia material clave en los juicios por delitos de lesa humanidad.
Según datos de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de la Nación, en San Juan funcionaron 13 centros clandestinos de detención.
De acuerdo con una investigación de la antropóloga Ivana Carina Jofré, los principales fueron la ex Legislatura Provincial y la Central de Policía. Allí se concentraba la mayoría de los detenidos: eran maltratados, torturados y sometidos a abusos en busca de información para los servicios de inteligencia. Luego, quienes no eran liberados eran trasladados al RIM 22, a la Alcaidía de Mujeres o al Penal de Chimbas.
Jofré señala que, desde la segunda mitad de 1976, las prácticas de tortura se intensificaron y el número de CCD comenzó a crecer. Fue entonces cuando la dictadura empezó a utilizar otros espacios, como la Comisaría de Zonda, el Hospital Rawson o La Marquesita.
La Mecha elaboró una serie de mapas interactivos que permiten ubicar los centros clandestinos de detención que funcionaron en San Juan hasta diciembre de 1983.
(En caso de no poder visualizar los mapas, clickear aquí).
A partir de diciembre de 1976, varios detenidos sanjuaninos fueron trasladados a otros centros clandestinos del país. Los operativos estuvieron a cargo del teniente Carlos Luis Malatto. El oficial, que permaneció prófugo durante años, integraba la Plana Mayor del RIM 22 y fue uno de los ejecutores del terrorismo de Estado en la provincia.
De los trece centros clandestinos que funcionaron en San Juan, solo dos fueron declarados sitios de memoria: la ex Legislatura Provincial y la antigua finca del Ejército conocida como La Marquesita.
El edificio de la ex Legislatura, reconocido como Sitio de Memoria del Terrorismo de Estado y Monumento Histórico Provincial, muestra hoy signos evidentes de deterioro y vandalismo.
Ubicado bajo la tribuna del Estadio Abierto del Parque de Mayo, el edificio funcionó como el primer centro clandestino de detención de la provincia tras el golpe de 1976. Se trata, además, de un caso singular en el país: una sede del Poder Legislativo convertida en un espacio de tortura.
A pesar de los convenios firmados en 2016 para transformarlo en un museo activo, y de los proyectos de restauración presentados en 2023 junto a la Universidad Nacional de San Juan, referentes de derechos humanos denuncian que el lugar está abandonado. Las placas conmemorativas aparecen rotas o vandalizadas. El acceso permanece bloqueado por cerraduras oxidadas. Y el interior volvió a utilizarse como depósito.
El edificio fue construido en 1928 y albergó a la Cámara de Diputados desde 1944 hasta el 24 de marzo de 1976. Durante los primeros meses de la dictadura, funcionó como un lugar de paso: los detenidos permanecían encapuchados, eran interrogados y luego trasladados a unidades penales o militares. Existen testimonios de sobrevivientes —como César y José Luis Gioja— que describen las condiciones de cautiverio: habitaciones sin ventanas, ubicadas en el primer piso.
La resolución N° 3/2019 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos define las políticas públicas de memoria como intervenciones sustentadas en pruebas documentales y testimoniales, construidas con participación de las víctimas y de la sociedad civil.
Su objetivo es el reconocimiento estatal de los hechos y de la responsabilidad por las violaciones a los derechos humanos. También promueve la conservación de la memoria histórica y la dignidad de las víctimas.
La resolución, además, subraya la necesidad de promover una cultura de derechos humanos y de democracia orientada a evitar la repetición de estos hechos.
En ese marco, los constantes despidos en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la desvinculación de peritos y abogados que intervienen en juicios de lesa humanidad —decidida por el propio secretario Alberto Baños que renunció en diciembre de 2025— y las presiones a trabajadoras del Archivo Nacional de la Memoria que participaron de una asamblea abren otro interrogante.
La pregunta aparece sola: si, además de políticas de memoria, no están avanzando también políticas del olvido. Acciones —y omisiones— que apuntan al desfinanciamiento y al deterioro de lo construido desde el regreso de la democracia. Incluso, con ataques directos a organizaciones como HIJOS y Madres de Plaza de Mayo.
En este contexto, vuelve a ser necesario reivindicar la lucha de los organismos de derechos humanos. No solo para seguir buscando el paradero de los más de 30 mil desaparecidos en Argentina. También para preservar los espacios donde ese horror ocurrió. Porque allí —en esos lugares— la memoria sigue siendo una forma de resistencia.