Regantes intimaron al Gobierno y denuncian $20.400 millones sin ejecutar destinados a gestión hídrica
Productores y cámaras agrícolas acusan al Estado de incumplir el Código de Aguas. Señalan que la subejecución presupuestaria afecta el mantenimiento del sistema hídrico en plena crisis de sequía.
El conflicto por el agua en San Juan dejó de ser solo una discusión sobre la sequía. Actualmente, la disputa empezó a trasladarse también al plano legal y administrativo.
El 5 de marzo de 2026, una amplia coalición de presidentes de Juntas de Riego, cámaras agrícolas y productores de toda la provincia presentó una intimación formal ante el ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea. En el documento denuncian un “mal gobierno del agua” y apuntan a una fuerte subejecución presupuestaria que, según sus cálculos, supera los $20.400 millones en los últimos dos años.
La denuncia, patrocinada por el abogado Marcelo Arancibia, sostiene que el Estado provincial no está cumpliendo con el Código de Aguas (Ley 190-L). Según el planteo, el Gobierno no estaría ejecutando los fondos previstos para el mantenimiento y la mejora de la red de riego.
De acuerdo con los datos de las planillas oficiales, la Cuenta 13 (Consenso Fiscal) —clave para obras estratégicas— ejecutó solo el 26,4% del presupuesto en 2024 y el 23,9% en 2025. La Cuenta 12, que se financia con recursos propios del Departamento de Hidráulica, tuvo todavía menos movimiento: apenas 16,1% de ejecución en el último año. En conjunto, los regantes calculan que quedaron $20.400 millones sin utilizar.
“La crisis hídrica no se explica solo por la sequía. También por no destinar los recursos aprobados para mantener la red de riego desde la cordillera hasta la última finca”, explicó Arancibia.
Según el abogado, esta parálisis administrativa ya tiene efectos concretos: no se ejecutan los gastos aprobados por el Consejo de Hidráulica, el padrón de pozos está desactualizado y no existe un control efectivo sobre el uso del agua.
Los productores también denuncian un “avasallamiento” sobre la autarquía del Departamento de Hidráulica. Según sostienen, muchas decisiones técnicas que aprueba el Consejo terminan frenadas por el poder político.
De acuerdo con los regantes, esta centralización también ha impedido compras clave para el funcionamiento del sistema. Entre ellas, camionetas destinadas al control de perforaciones y la modernización de estaciones nivológicas, que permiten estimar con mayor precisión cuánta agua habrá disponible cada temporada.
El reclamo también cuestionó la reciente modificación de la Ley de Emergencia Hídrica, que habilita contrataciones directas sin límite. Para los regantes y algunos especialistas, la medida terminó funcionando como un “cheque en blanco”: amplía la discrecionalidad de la administración, pero no resuelve el problema de fondo, que es la falta de ejecución del presupuesto.
“La emergencia sólo libera a la administración del corset de los mecanismos de contratación. Pero no soluciona que la plata autorizada no se esté gastando”, advirtió el abogado.
Impacto en el campo: menos producción y menos trabajo
La falta de inversión en infraestructura de riego está acelerando la pérdida de hectáreas cultivables en San Juan. Y eso tiene consecuencias económicas y sociales directas. Cuando el agua no llega con previsibilidad ni equidad, muchos productores terminan abandonando sus fincas, lo que impacta tanto en la producción como en el empleo rural.
La intimación presentada ante el Ministerio no es solo un pedido de explicaciones. También deja abierta la posibilidad de iniciar acciones por responsabilidades administrativas y políticas.
Los regantes reclaman que los diputados provinciales controlen de cerca la ejecución del presupuesto para entender por qué entre el 74% y el 84% de los fondos autorizados para el agua no se utilizaron.“Si tenés una red de riego destruida y un descontrol total, te pueden llegar 2.000 hectómetros y los vas a perder igual”, concluyó Arancibia.