Vicuña presentó su plan binacional mientras sigue frenada la ley de proveedores y las regalías quedan bajo la lupa
La inversión más grande en la historia minera de San Juan promete cambiar el mapa del cobre. Pero en Iglesia crecen los reclamos y persisten dudas sobre el uso de los fondos que dejó la minería.
La promesa de USD 18.000 millones para desarrollar Josemaría y Filo del Sol, bajo la órbita de Vicuña Corp, coloca a San Juan en el centro del mapa cuprífero sudamericano. La empresa presentó formalmente su plan minero binacional a través de la Evaluación Económica Preliminar (PEA). El anuncio fue celebrado por el gobernador Marcelo Orrego quien lo definió como «un antes y un después para San Juan«.
Pero detrás de la cifra histórica de USD 18.000 millones —equivalente a varios presupuestos provinciales anuales— surge una pregunta de fondo: cuánto de ese negocio queda efectivamente en el territorio.
San Juan alberga uno de los mayores yacimientos de cobre del mundo registrados hasta el momento: 13 millones de toneladas. Ese es sólo uno de los números que esconden las montañas de Iglesia, al noroeste de la provincia, donde se asienta el proyecto minero Vicuña.
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En un país atravesado por la recesión, la caída del consumo y la urgencia de dólares, el discurso del desarrollo minero aparece como un salvavidas. Sin embargo el riesgo -advierten proveedores iglesianos- es que esa necesidad económica favorezca una aceptación acrítica de cualquier esquema de inversión, incluso si no garantiza beneficios productivos locales.
Una ley frenada y el debate por premios y sanciones
En San Juan existe un proyecto de ley de desarrollo de proveedores mineros —conocido como “Compre y Empleo Local”— que busca fijar porcentajes mínimos de participación sanjuanina en empleo y contrataciones. En lugar de imponer cupos fijos, la normativa apunta a que las propias operadoras mineras presenten planes de desarrollo con objetivos.
La propuesta plantea llegar a un 80% de empleo local y a un 60% de contratación de proveedores sanjuaninos, siempre en función de la oferta real disponible en la provincia. Sin embargo, el proyecto sigue trabado en la Cámara de Diputados de San Juan. Según publicó Tiempo de San Juan, el punto de conflicto es el régimen de premios y sanciones.
Los incentivos previstos por el Gobierno se traducirían en beneficios fiscales para las empresas que cumplan simultáneamente las metas de empleo y contratación local. El texto evita hablar de “castigos” y se centra en la “responsabilidad” empresaria. Pero no especifica qué ocurre si las metas no se cumplen. Ese vacío es el núcleo del debate.
El desacuerdo radica en la capacidad real del Estado sanjuanino para controlar y sancionar a grandes operadores internacionales.
Iglesia, epicentro del cobre y territorio postergado
El debate se vuelve más sensible en Iglesia, donde opera Veladero y donde se proyecta el desarrollo de Vicuña. Allí ya hubo cortes de ruta, movilizaciones y pedidos formales a la Secretaría de Minería de la Nación para garantizar que los proveedores locales integren el circuito económico.
Proveedores locales nucleados en cámaras departamentales advirtieron —en declaraciones públicas recogidas por AceroyRoca y en protestas cubiertas por La Mecha— que la participación real de empresas iglesianas sigue siendo limitada. Señalan que, sin reglas claras y sin prioridad efectiva, el grueso de los contratos de mayor volumen queda en manos de firmas externas.
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“Vicuña tiene que tomar cartas en el asunto inmediatamente y si no los iglesianos los van a obligar a tomar otras acciones”, expresó en AceroYRoca Guillermo Godoy, presidente de la nueva Cámara de Servicios Mineros de Iglesia.
En el mismo sentido, Víctor Grau, presidente de AITURIC, expresó en ese medio que lo que único que piden los iglesianos es trabajar. Para eso exigen «transparencia, licitaciones abiertas, reglas claras. Pero hay una casta que se beneficia del desorden»
“Pedimos que se repartan los rubros, que las licitaciones sean abiertas y que la plataforma de Minexus devuelva información útil. Hoy te piden que armes un grupo asociativo en cinco días para una licitación. ¿Cómo hacés? No hay manera”, criticó.
La tensión no es menor si se observa el contexto territorial: Iglesia carece de terminal de ómnibus formal, no cuenta con ordenamiento territorial integral y presenta déficits históricos en infraestructura vial. Recientemente, además, sufrió inundaciones que expusieron fragilidades estructurales.
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“Iglesia es un municipio pobre, a pesar de estar rodeado de riqueza. No tiene ordenamiento territorial, ni terminal de ómnibus, ni parque industrial, ni un aeropuerto», disparó Grau.
Regalías y fideicomisos, una caja poco transparente
Otro punto crítico es la información pública sobre regalías. La Ley de Presupuesto Provincial 2025 (Ley 2729-I) establece los ingresos globales por regalías mineras y partidas ministeriales, pero no desglosa cuánto recibe cada municipio. Tampoco detalla con precisión cuánto se transfiere a Iglesia vía regalías o fideicomisos específicos.
En años anteriores, autoridades municipales declararon montos millonarios percibidos por regalías, pero no existe un sistema de acceso público consolidado que permita rastrear con claridad cuánto entra, cuánto se ejecuta y en qué obras concretas se invierte.
El exdiputado radical Mario Capello, integrante del Grupo Sarmiento, la entidad que nuclea a profesionales ligados a la minería, presentó un informe a la Cámara de Diputados en el que señala que Iglesia recibió, de 2006 a 2024, casi 222 millones de dólares por la actividad minera.
En el escrito, se preguntó dónde está invertido esa plata y señaló que “se perfila como la desaparición de dineros públicos más grande de la historia de San Juan”. Por eso, le pidió a la Legislatura que investigue su destino.
La suma de ingresos crece aún más con los fideicomisos mineros de Pascua Lama, Rajo Argento y Fase VI de Veladero- por este se sigue tributando el 1.5% de las exportaciones todos los meses.
En una entrevista con Banda Ancha, el intendente de Iglesia Jorge Espejo afirmó que “de 2020 a 2023 hemos recibido 3.400 millones de pesos” en concepto de regalías mineras. En ese mismo diálogo, el jefe comunal defendió que esos fondos se destinaron a obras “prioritarias para los habitantes del departamento” y desmintió percepciones de que fueran excesivos o mal manejados.
Desde 1999, salvo en un periodo de 4 años, gobernó el bloquismo, manejado por los hermanos Mauro y Marcelo Marinero, y en la actualidad Jorge Espejo. La cantidad de dinero no generó un gran impacto positivo en Iglesia.
Una investigación de El Zonda Diario refleja que, en la calle principal de Rodeo, Santo Domingo, diseñaron un sistema de cordones en las calles y no se tuvo en cuenta las cunetas para que lleven agua para el arbolado público. Los iglesianos afirman de manera sarcástica que «en Iglesia está el récord de kilómetros hechos en cordón cuneta».
La poca efectividad del uso del dinero se puede ver también en el estado del Parque Industrial del Departamento, que siempre fue una promesa desde el gobierno de los hermanos Marinero pero que actualmente no cuenta con instalaciones que fomenten la producción industrial.
El pasado oscuro de las mineras que explotarán el cobre de San Juan
La alianza entre las multinacionales Lundin Mining y BHP para explotar los megaproyectos de cobre Josemaría y Filo del Sol en San Juan fue recibida con gran entusiasmo por el Gobierno provincial.
Sin embargo, detrás de ese anuncio hay historias complejas: Lundin enfrenta un juicio en Suecia por presunta complicidad en crímenes de guerra durante operaciones en Sudán entre 1999 y 2003, donde sus ejecutivos son acusados de haber solicitado apoyo militar que derivó en ataques contra civiles.
Por su parte, BHP fue condenada en Brasil por la rotura de una presa de relaves en Mariana en 2015, un desastre ambiental que mató a 19 personas y devastó amplias zonas de la cuenca del río Doce. El hecho fue catalogado en el país vecino como la “mayor catástrofe ambiental de su historia”.
Lundin y BHP oficializaron su alianza creando una nueva compañía integrada cuya base de operaciones funcionará en el Parque Industrial de Albardón. En el comunicado de Lundin afirman el acuerdo con Filo Corp para adquirir conjuntamente con BHP el 100% de las acciones de Filo del Sol -un depósito epitermal de alta sulfuración de cobre-oro-plata asociado a un gran sistema de pórfiros de cobre y oro- que está en Iglesia, en el límite con Chile.
Licencia social amplia, pero no incondicional
La inversión de Vicuña puede consolidar a San Juan como capital argentina del cobre. La incógnita es si también consolidará una red de proveedores locales competitivos y un desarrollo territorial equilibrado en Iglesia, o si profundizará un modelo extractivo con bajo valor agregado interno.
Un relevamiento realizado por el IOPPS en San Juan encontró que el 69% de los encuestados está a favor del la minería y de la explotación de cobre, mientras que un 75% cree que la minería es generadora de empleo. El propio Marcelo Orrego insistió en que la provincia tiene “licencia social consolidada” y que el desarrollo minero “es política de Estado”.
El consenso es amplio, pero no infinito. «Vicuña, si no cambia la forma de actuar inmediatamente o rápida acción, la licencia social veo que se va agotando, se va terminando y es algo que no quisiéramos los iglesianos”, expresó Godoy, de CAISMI.
Cabe destacar que bajo el expediente N°1100-000839-2025, el Ministerio de Minería lanzó la Licitación Pública Nº 01/2026 que prevé una inversión total de $148.500.000 para un servicio de consultoría estratégica que durará 11 meses: desde el 1 de febrero hasta el 31 de diciembre de 2026, para conocer el grado de aprobación de los sanjuaninos al modelo productivo minero provincial.
Reclamos por mayor participación local, debates ambientales abiertos y antecedentes como el derrame de Veladero en 2015 siguen presentes en la memoria colectiva. Todo indica que en Iglesia la discusión no es si minería sí o minería no, sino en qué condiciones.