Movilización en San Juan en rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei
Cambios en indemnizaciones, derecho a huelga y negociación colectiva explican el rechazo gremial y las protestas en todo el país. La fotogalería de la movilización en San Juan.
Cientos de trabajadores, sindicatos y organizaciones gremiales se movilizaron este jueves por el centro de San Juan para expresar su rechazo al proyecto de reforma laboral que el Gobierno nacional envió al Congreso.
La columna de manifestantes, encabezada por la CGT local y acompañada por la CTA y múltiples sindicatos (entre ellos Camioneros, Uocra, ATE, UDAP, Sadop y Judiciales), partió desde la Plaza 25 de Mayo y recorrió las principales avenidas de la ciudad hasta llegar a la Catedral, donde se realizó la lectura de un documento unificado de repudio a la iniciativa oficial.
La jornada forma parte de una serie de protestas simultáneas en varias provincias argentinas en el marco de un plan de lucha nacional impulsado por la Confederación General del Trabajo (CGT), que busca frenar los cambios proyectados al régimen laboral y defender los derechos conquistados por los trabajadores.
Miles de manifestantes en San Juan advirtieron que la reforma no solo afecta condiciones laborales, sino que también representa un retroceso en las conquistas históricas del movimiento obrero, y exigieron la apertura de canales de diálogo que incluyan a representantes sindicales y legisladores.
La protesta se desarrolló con cortes de tránsito organizados y un fuerte operativo de orden público, y se sumó a las movilizaciones que este mismo día se realizan en otras ciudades del país en rechazo a la reforma laboral.
La reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei -bautizada Ley de Modernización Laboral – forma parte del paquete de desregulación económica presentado desde su llegada a la Casa Rosada. Sus primeros lineamientos aparecieron en el DNU 70/2023 y, tras los frenos judiciales, el oficialismo volvió a insistir con proyectos enviados al Congreso. El Ejecutivo sostiene que la iniciativa busca “modernizar” el mercado de trabajo, reducir la litigiosidad y abaratar los costos laborales para las empresas.
Entre los ejes centrales de la reforma se encuentran los cambios en el régimen de indemnizaciones, con la habilitación de sistemas alternativos como fondos de cese laboral, y la ampliación del período de prueba, durante el cual los empleadores podrían despedir sin pagar indemnización. También propone priorizar los convenios colectivos por empresa por sobre los acuerdos sectoriales, lo que modificaría el esquema tradicional de negociación colectiva.
Otro punto clave es la redefinición de los servicios considerados esenciales o estratégicos, lo que implica mayores restricciones al derecho de huelga, y la eliminación o reducción de sanciones para empleadores que tengan trabajadores no registrados. Para el Gobierno, estas medidas incentivarían la formalización del empleo; para los sindicatos, en cambio, consolidan la precarización laboral.
Las centrales obreras, encabezadas por la CGT y la CTA, rechazan la reforma por entender que implica un retroceso en derechos laborales conquistados durante décadas. Advierten que facilita los despidos, debilita la organización sindical y reduce el poder de negociación de los trabajadores, por lo que impulsan movilizaciones en todo el país, como la realizada en San Juan, en el marco de un plan de lucha nacional contra el rumbo laboral del Ejecutivo.
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