Ley de Glaciares: Orrego defendió en el Senado una “aclaración” para que las provincias decidan

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, expuso esta semana en el Senado de la Nación en el marco del debate por la modificación de la Ley 26.639, conocida como Ley de Glaciares. En su intervención, el mandatario sostuvo la necesidad de “clarificar” la norma vigente para permitir —según planteó— una aplicación armónica entre la protección ambiental y el desarrollo productivo, especialmente de la actividad minera.

Orrego participó del encuentro en su doble rol: como gobernador de una de las principales provincias mineras del país y como presidente de la Mesa del Cobre, espacio que nuclea a mandatarios de distritos con fuerte presencia de proyectos extractivos. La exposición se dio en una reunión conjunta de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Ambiente y Desarrollo Sustentable, junto al gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, presidente de la Mesa del Litio.

En su exposición, Orrego planteó que la ley actual presenta imprecisiones técnicas y jurídicas que, al aplicarse, generan interpretaciones restrictivas que terminan afectando proyectos productivos sin —según su visión— mejorar la protección efectiva del recurso hídrico. Desde el oficialismo sanjuanino vienen sosteniendo que el problema no es el espíritu de la ley, sino su aplicación.

Esa posición ya había sido expresada públicamente por el propio gobernador en declaraciones previas, donde insistió en que San Juan no busca “avanzar sobre los glaciares”, sino contar con reglas claras que den previsibilidad a las inversiones mineras. En la misma línea se pronunciaron funcionarios del Ministerio de Minería y del Ministerio de Producción provincial, que vienen reclamando estudios “caso por caso” y mayor protagonismo de las provincias en las evaluaciones de impacto ambiental.

El proyecto del Gobierno nacional y el alineamiento político

El debate tomó mayor velocidad esta semana luego de que el Poder Ejecutivo Nacional, encabezado por Javier Milei, enviara al Congreso un proyecto para modificar la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares. Desde Presidencia se presentó la iniciativa como una “reforma de federalismo ambiental”, que refuerza el rol de las provincias sobre sus recursos naturales y limita el alcance de las prohibiciones generales.

El texto oficial sostiene que la reforma respeta el artículo 41 de la Constitución Nacional, que establece la protección del ambiente, y el artículo 124, que reconoce el dominio originario de los recursos naturales por parte de las provincias. En los hechos, la propuesta habilita a las autoridades provinciales a tener mayor incidencia en la evaluación ambiental de proyectos mineros en zonas periglaciares.

El alineamiento del gobierno sanjuanino con esta iniciativa no es menor: consolida una sintonía política con la administración nacional en un contexto de ajuste económico y redefinición del rol del Estado. Para San Juan, donde la minería es uno de los pilares económicos, el debate excede lo técnico y se inscribe en una estrategia de posicionamiento productivo y fiscal.

Ambientalistas en alerta y un debate sin sanjuaninos

Mientras gobernadores y funcionarios defendieron la modificación de la ley, organizaciones ambientalistas expusieron su rechazo en el Senado. Referentes de Greenpeace, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Aves Argentinas y el Círculo de Políticas Ambientales advirtieron que cualquier flexibilización de la norma implica un retroceso en la protección de las fuentes de agua en un contexto de crisis climática.

Uno de los datos que llamó la atención fue la ausencia de senadores sanjuaninos en la primera jornada del debate en comisión. El encuentro fue presidido por legisladores de Catamarca y Chubut, mientras que la representación provincial brilló por su ausencia en una discusión clave para el futuro ambiental y productivo de la provincia.

Lo que viene

El oficialismo nacional pidió un tratamiento rápido del proyecto y aseguró que se garantizarán instancias de participación ciudadana. Sin embargo, el debate promete profundizarse y volver a dividir aguas, especialmente en provincias como San Juan, donde la minería convive con una creciente preocupación social por el agua, los glaciares y los impactos ambientales de largo plazo.