Argentina será el único país de América sin inversión pública en ciencia básica: el Gobierno anuló los PICT
Universidades y organismos científicos alertan por el “desmantelamiento” del sistema y el impacto estructural a futuro.
El Gobierno de Javier Milei anuló las convocatorias PICT 2022 y 2023. Argentina será el único país de América sin inversión en ciencia básica. Los PICT (Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica) dependían de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i), un organismo que sostiene la investigación y el desarrollo. Financiaban aproximadamente 1500 proyectos anuales.
Ahora, se crearon nuevas líneas de financiamiento: AIC y STARTUP 2024. Estas modalidades de convocatoria se enfocarán sólo en la ciencia aplicada y proyectos asociados al sector privado. Las investigaciones estarán asociadas al diseño de productos y soluciones.
Lo que se dejó de financiar es la ciencia básica, la etapa temprana del conocimiento, es decir las investigaciones vinculadas a las ciencias sociales y humanidades. La convocatoria 2022 daba financiamiento a 1584 proyectos. La misma fue anulada, al igual que la del 2023.
La Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología (Raicyt) afirmó que la medida implica una «sentencia de muerte para el 90% de la ciencia argentina». Miembros del CONICET se sumaron a repudiar la medida.
Además, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) emitió un comunicado en el que expresó una profunda preocupación y rechazo a las decisiones adoptadas por la Agencia I+D+i. «La anulación de las convocatorias ya adjudicadas, así como la imposición de una nueva modalidad de convocatoria, interrumpen abruptamente la continuidad de numerosas líneas de investigación y comprometen la subsistencia de equipos consolidados en universidades de todo el país y el futuro de la ciencia nacional», aseguraron.
«El sistema nacional de ciencia y tecnología queda sin un soporte regular, federal y previsible indispensable para su desarrollo», señalaron.
El sistema científico argentino vive una etapa de un fuerte desfinanciamiento y desmantelamiento, algo que las universidades de todo el país vienen denunciando desde la asunción de Javier Milei. Desde 2024 el sector sufrió un recorte y una crisis sistémica. Las transferencias del Estado a las universidades cayeron en torno al 32% en términos reales, según un informe periodístico de Chequeado y auditorías que comparan montos y poder de compra entre 2023 y 2025.
Para los investigadores, los salarios reales se desplomaron: distintas estimaciones muestran una caída de alrededor del 30% en poder adquisitivo (entre 29% y 35% según la fuente y el periodo analizado), mientras se congelaron ingresos y se pospusieron o cancelaron incorporaciones ya aprobadas en el CONICET. Eso generó despidos encubiertos, suspensión de llamados a concursos y una paralización de nuevas becas y proyectos.
En la práctica administrativa hubo decisiones concretas que agravaron la situación: se congelaron presupuestos nominales heredados de años anteriores sin ajustar por inflación, se suspendieron o cancelaron convocatorias de proyectos de investigación (por ejemplo, las PICT y otras líneas de I+D), y aparecieron anuncios de recortes superiores al 30% del financiamiento público a la I+D+i en informes y análisis académicos.
Varios análisis independientes hablan de una caída sostenida de la inversión pública en investigación que, de mantenerse, dejaría a Argentina con niveles de inversión muy por debajo de países comparables en la región.
A nivel político-legislativo hubo avances y retrocesos contradictorios: el Congreso discutió y aprobó en algún tramo una Ley de Financiamiento Universitario (textos de emergencia presupuestaria y propuestas para sostener a las universidades aparecen en el expediente público), pero el Poder Ejecutivo terminó observando o vetando puntos sustanciales —incluido un veto total a proyectos de financiamiento mayores— con decretos posteriores que dejaron sin efecto compromisos planteados por el Legislativo.
Científicos y dirigentes de universidades públicas definieron las medidas como un “desfinanciamiento” o incluso un “cientificidio”, advirtiendo sobre la pérdida de capacidad institucional, el cierre o paralización de proyectos estratégicos, la fuga de recursos humanos calificados y la erosión de la infraestructura científica.
Voceros del sector señalaron además que sin financiamiento estable se pierden convenios internacionales, acceso a insumos y continuidad en líneas críticas (salud, agro, energía, minería, clima), con consecuencias que tardarán años en revertirse.
¿Cuál es la pérdida real para el país? Es multidimensional y en buena parte estructural: pérdida de capital humano (investigadores que emigran o abandonan la carrera), detención de proyectos con retorno económico y social, menor capacidad de innovación en sectores productivos y debilitamiento de la educación superior. En términos cuantitativos inmediatos se registran caídas salariales reales (30%), reducción significativa del presupuesto universitario (32% real) y cancelación de convocatorias para nuevas investigaciones.
A mediano y largo plazo estos efectos se traducen en menos patentes, menos empresas de base tecnológica, menor competitividad exportadora y dependencia tecnológica externa. Analistas y académicos coinciden en que el costo futuro supera con creces el ahorro fiscal inmediato.