Un gremio docente de la UNSJ cumple una semana de paro y otro ya avisó que, así las cosas, no arrancará el ciclo lectivo 2026
ADICUS hace paro del 1 al 6 de diciembre, mientras que SIDUNSJ no lo hace para no afectar las mesas de exámenes, pero lanzó una dura advertencia.
El clima universitario sigue cargado de resistencia y tensión, incluso en pleno diciembre. Parecía que las medidas de fuerza de los gremios docentes se iban a postergar directamente para 2026, pero ADICUS sorprendió y decidió parar durante una semana completa. La huelga en la Universidad Nacional de San Juan comenzó el lunes 1° de diciembre y seguirá hasta el sábado 6.
Desde el gremio, que integra la federación CONADU Histórica, explicaron que la huelga responde a tres reclamos centrales: la implementación de la Ley de Financiamiento Educativo, la reapertura de paritarias salariales y el rechazo a la reforma laboral que impulsa el presidente Javier Milei. También aclararon que la decisión de tomar mesas de exámenes quedará en manos de cada docente.
En cambio, el gremio SIDUNSJ optó por no sumarse al paro para no afectar las mesas de exámenes. Sin embargo, advirtió que no iniciará las clases en 2026 si no se aplica la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria.
Presupuesto 2026 y la Ley apuntada
Cabe destacar que las principales críticas del sector universitario apuntan al Presupuesto 2026, que se debatirá en sesiones extraordinarias entre el 10 y el 31 de diciembre. El proyecto prevé destinar un 30% menos de recursos a las universidades respecto de lo que marca la legislación vigente. Si se aprueba tal como lo impulsa el Gobierno Nacional y sus aliados, las casas de estudios recibirán 4,8 billones de pesos en 2026.
Si bien implica un aumento frente a la crítica situación actual, sigue siendo un ajuste. El monto queda muy por debajo de los 7,2 billones que prevé la normativa respaldada por el Consejo Interuniversitario Nacional. Los rectores reclaman que el Presupuesto 2026 aplique la Ley de Financiamiento Universitario, que fija un mecanismo de actualización progresiva de los recursos.
Los 7,2 billones que reclama la comunidad universitaria —y que ya están contemplados en la ley— ni siquiera representan una inversión genuina en educación respecto de los tiempos previos a Milei. Apenas significan recuperar el salario perdido y el presupuesto básico para que las universidades funcionen en el escenario actual.
Otro aspecto del Presupuesto 2026 vinculado al financiamiento universitario tiene que ver con los criterios que fija el Gobierno Nacional para que las universidades continúen recibiendo recursos.
El Poder Ejecutivo, a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, exige que las universidades presenten en tiempo y forma sus rendiciones de gastos. Solo así podrán asignarse, ejecutarse y evaluarse los recursos que se transfieren por todos los conceptos.
“El citado ministerio podrá interrumpir las transferencias de fondos en caso de incumplimiento en el envío de dicha información en tiempo y forma”, agrega el proyecto.
Además, el proyecto establece un esquema de clasificaciones. “El presupuesto aprobado por cada universidad para el ejercicio fiscal deberá identificar la clasificación funcional de educación y cultura; salud; y ciencia, tecnología e innovación. La ejecución presupuestaria y la cuenta de inversión también deberán contemplar ese clasificador funcional”, detalla el texto.
El Gobierno tampoco aplicará, por tercer año consecutivo, la Ley de Financiamiento Docente, que fijaba un piso del 6% del PBI. Tampoco respetará los niveles de inversión previstos en la Ley de Educación Técnico Profesional ni en la Ley de Financiamiento del Sistema de Ciencia y Tecnología.
En relación con la Ley de Financiamiento Educativo, la Oficina de Presupuesto destacó que el Gobierno decidió “derogar los pisos de inversión de la Ley de Educación Nacional”. También señaló que la modificación propuesta “elimina los valores de referencia fijados por norma y deja esas asignaciones sujetas a lo que determine cada ley de presupuesto”.
Salarios docentes, otro frente de batalla
Otra de las demandas centrales es el aumento salarial. Los gremios señalan que, mientras los sueldos arrastran un retraso de más de 40 puntos, el Gobierno solo otorga incrementos mensuales del 1%. A eso se suma una inflación que, en los últimos meses, ronda y supera el 2% mensual.
La medida de fuerza marca el cierre de un año especialmente duro para las universidades y, al mismo tiempo, anticipa que las clases de 2026 no comenzarán con normalidad. Los gremios piden que el Poder Ejecutivo convoque a negociaciones paritarias y que las sostenga con una periodicidad trimestral.
Un informe reciente de la Asociación Docente de la Universidad Nacional de Avellaneda (ADUNA) mostró que la inflación llegó al 240,9% entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, mientras que los aumentos salariales —otorgados este año de manera unilateral por el Ejecutivo, sin acuerdo en paritarias— fueron del 136,8%. Según el estudio, para que los sueldos recuperen los niveles previos al cambio de gestión sería necesario un incremento del 43,96%.
En las últimas semanas, y en plena negociación del Presupuesto 2026, el Gobierno se blindó discursivamente frente a la estrategia opositora, que buscaba incluir mayores fondos para los sectores que habían recibido partidas de emergencia por ley —aunque luego fueron vetadas—. En ese contexto, el Ejecutivo anunció aumentos consecutivos para el área de discapacidad y para la emergencia pediátrica. Sin embargo, las universidades quedaron fuera de esas medidas y la Ley de Financiamiento Universitario sigue sin aplicarse, a pesar de que el veto fue revertido por ambas cámaras del Congreso.