Sin sorpresas, el cargo vitalicio del nuevo Fiscal General de San Juan es un aliado del oficialismo
Tras semanas de negociaciones y disputas políticas, Guillermo Baigorrí, exdirigente de Producción y Trabajo y aliado político del gobernador, fue designado como nuevo Fiscal General de San Juan.
Luego del fallecimiento del Fiscal General de San Juan Eduardo «Jimmy» Quattropani, finalmente la Cámara de Diputados decidió quién será el sucesor. El oficialismo y el peronismo se midieron en una pelea por imponer un candidato, atravesada por disputas políticas, intereses cruzados y negociaciones de último momento. Finalmente, con 25 votos a favor y 10 en contra, Guillermo Baigorrí, el preferido de la Casa de Gobierno, es el nuevo Fiscal General de la provincia.
El cargo de Fiscal General no es solo una placa en un despacho. Es la cabeza del Ministerio Público Fiscal provincial: quien coordina las fiscalías, decide qué causas priorizar y arma equipos cuando surgen investigaciones complejas. En la práctica, eso se traduce en capacidad de decidir qué delitos se persiguen y con qué intensidad. Por ese motivo, la elección del Fiscal General cobró una fuerte resonancia en la política local y se convirtió en el centro de una de las contiendas políticas más reñidas del año.
Los distintos espacios buscaron aliados para imponer a su propio candidato: la elección del cargo judicial fue, ante todo, una decisión política.
//LEE TAMBIÉN: La apuesta del orreguismo por la Fiscalía General, un caso que no resiste un archivo
La definición recayó en la Cámara de Diputados. Para que el orreguismo impusiera a Baigorrí necesitaba 19 votos. Contaba con 17 asegurados, y el resto quedó librado a su capacidad de persuasión. En principio, los números favorecían al oficialismo, que buscaba colocar a Baigorrí, ex-integrante del espacio político de Marcelo Orrego. Con una mayoría propia y el apoyo de sus aliados, finalmente el oficialismo impulsó a su candidato. Marcela Quiroga, del bloque Producción y Trabajo, fue la encargada de impulsar al candidato en el recinto.
En contraposición, la diputada Fernanda Paredes, del Bloque Justicialista, expresó que desde el interbloque impulsarían la candidatura de Matias Senatore. «El Fiscal General es quien dirige, representa y controla a todo el ministerio y vela por la independencia del Ministerio Público. Quien ocupe ese cargo tiene que tener solvencia moral y compromiso ético», señaló.
La disputa clave estaba en el Bloquismo: con sus cuatro votos, podría haber inclinado la balanza. En el último tiempo, este bloque se volvió un aliado electoral del orreguismo. Sin embargo, muchos de sus dirigentes preferían a Matías Senatore.
La incógnita la representaban el libertario Fernando Patinella y Franco Aranda, quien hasta hace poco acompañaba al oficialismo antes de regresar al frente peronista Fuerza San Juan. El gran desafío para el peronismo era mantener cohesionados a los uñaquistas y giojistas en la Legislatura provincial, orientándose todos hacia el mismo candidato. En los últimos días, Sergio Uñac intentó ordenar al bloque justicialista, estableciendo una consigna directa: “cualquiera menos Baigorrí”.
Pese a que trascendió que, en principio, el peronismo prefería a Rolando Lozano, finalmente los legisladores de este espacio se inclinaron por Matías Senatore, en un intento de acordar con el candidato del bloquismo y ganarle la pulseada al oficialismo. Sin embargo, el plan no tuvo éxito y el orreguismo logró imponer a Baigorrí.
Tensión para definir a los candidatos
El órgano encargado de seleccionar a los candidatos para la contienda fue el Consejo de la Magistratura. Está integrado por cinco miembros que representan diversos sectores: Juan José Victoria por la Corte de Justicia; Laura Palma por el Ejecutivo; Fernanda Paredes por el Legislativo; y Valeria Torres y Raúl Acosta por la abogacía libre.
La terna definitiva no resultó de un consenso generalizado. El único nombre que logró la postulación por unanimidad fue Rolando Lozano, funcionario judicial de carrera y especialista en Derecho Penal. Es reconocido en el Poder Judicial como un hombre clave dentro del funcionamiento del Ministerio Público Fiscal. Fue, en efecto, el candidato que contaba con el respaldo del sector judicial.
En un proceso cargado de tropiezos —al menos dos reuniones del Consejo fueron postergadas antes de cerrarse la terna— la sorpresa la dio el segundo candidato, Matías Senatore, quien fue definido como un hombre de “consenso”. Su nombre emergió en el último tramo y funcionó como un «plan B» para los legisladores.
Guillermo Baigorrí fue otro de los postulantes. El camarista laboral tiene un pasado en el partido Producción y Trabajo, espacio del actual oficialismo liderado por el gobernador Marcelo Orrego. El discurso oficial —esa consigna de transparencia e independencia judicial— apareció en la mira de las críticas: el candidato impulsado, Baigorrí, afín al espacio político del Gobernador, supo ser uno de los hombres de confianza del exsenador Roberto Basualdo.
Roberto Basualdo actúo como un nexo clave del Gobierno provincial, con la tarea de articular los apoyos necesarios. La gestión que prometía una Justicia independiente pareció depender de negociaciones partidarias lideradas por un político histórico y aliado del candidato. El operativo de persuasión fue tan intenso que, según versiones, Basualdo realizó llamados incluso desde el exterior de la provincia para cerrar votos decisivos.
La trayectoria política de Baigorrí se convirtió en un motivo de conflicto durante la definición, según reconocieron algunos integrantes del Consejo. El oficialismo consiguió incluirlo mediante negociaciones intensas y cierta capacidad de maniobra política, logrando juntar apenas los tres votos de cinco necesarios. Finalmente, el candidato preferido de la Casa de Gobierno será quien asuma como Fiscal General.
El discurso del oficialismo choca de frente con la realidad. Aquella “doctrina” de transparencia e independencia judicial que sus líderes —Marcelo Orrego y Fabián Martín— defendían hace apenas unos meses, hoy se pone a prueba.
El propio vicegobernador, Fabián Martín, defendía una “Justicia independiente”. Decía que la política debía estar “lo menos posible” metida en ese ámbito.
Por qué un Gobernador querría al Fiscal General de su lado
Cuando una investigación toca a dirigentes, empresas o a la propia gestión pública, la decisión de avanzar o ralentizar el trámite no es neutra: cambia la visibilidad pública de los hechos y, muchas veces, su desenlace. Es poder sobre la agenda judicial y, por extensión, sobre la agenda política.
El/la gobernador/a tiene incentivos claros para buscar afinidad con quien presida el Ministerio Público. Si el fiscal comparte criterios o, simplemente, mantiene una relación fluida con el Ejecutivo, se reduce la posibilidad de que surgieran investigaciones que desestabilicen al gobierno. Además, facilita la coordinación en materia de seguridad, que suele requerir sincronía entre fiscalías, fuerzas y la administración provincial.
Sin embargo, esa cercanía arrastra riesgos. Si la decisión fiscal se percibe como subordinada al Ejecutivo, la independencia del sistema de justicia queda en entredicho. La pérdida de imparcialidad erosiona la confianza ciudadana y mina el principio de pesos y contrapesos que sostiene cualquier democracia.
En la política local, las designaciones suelen ser momentos tensos: ternas, debates públicos, votaciones. No es un trámite administrativo más. Es una elección que define quién dirigirá la política criminal y, con ello, cuál será el ritmo y la orientación de investigaciones sensibles en la provincia.
Para garantizar la transparencia, existen controles periódicos: informes públicos del Ministerio Público Fiscal, mecanismos de revisión externa y canales para que la sociedad civil y otros poderes evalúen la gestión. No son soluciones mágicas, pero hacen más difícil que la Justicia se perciba —o se convierta— en una herramienta de poder.
Quién es el nuevo Fiscal General
Guillermo Francisco Baigorrí es camarista laboral y figura del oficialismo provincial. Actualmente se desempeña como juez de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, cargo que ocupa desde diciembre de 2012. También integró la Sala Segunda de la Corte de Justicia de San Juan como juez subrogante, y participó activamente en la llamada “Megacausa de Expropiaciones”.
Ejerció la abogacía durante más de dos décadas, desde 1989 hasta 2012, asesorando a empresas y litigando en el fuero laboral. Se recibió de abogado en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y fue profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Católica de Cuyo entre 1990 y 2004. Desde 2001 dirige interinamente la misma cátedra en la Universidad Nacional de San Juan.
Además de su carrera judicial, Baigorrí tiene un fuerte pasado político, lo que genera resistencia en la oposición. Fue diputado nacional entre 2003 y 2007 y llegó a ser electo senador, aunque renunció antes de asumir. También presidió el partido Producción y Trabajo, el espacio del gobernador Marcelo Orrego, por lo que en el ámbito político lo señalan como “el preferido de la Casa de Gobierno” y un “soldado fiel” del oficialismo.