El Gobierno nacional promulgó pero postergó la Ley de Emergencia en Discapacidad
El Decreto 681/2025 aplazó la vigencia de la Ley N° 27.793 hasta que el Congreso «determine las fuentes de su financiamiento». La medida fue criticada por abogados constitucionalistas.
Mediante el Decreto 681/2025, el Gobierno nacional promulgó y postergó la Ley N° 27.793 de Emergencia en Discapacidad. Según el texto, el aplazo será hasta que «el Congreso determine las fuentes de su financiamiento». La ley fue vetada en agosto por el presidente Javier Milei, pero tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores rechazaron el veto con amplia mayoría.|
El abogado sanjuanino Federico Sanna expresó a La Mecha: «El Poder Ejecutivo no puede suspender una ley promulgada. La única forma de que no se aplique es con una sentencia judicial». Es decir: según Sanna, técnicamente se trata de una ley aún vigente,
«El Poder Ejecutivo no tiene la facultad de dejar de aplicar una ley».
Federico Sanna, abogado sanjuanino.
//Leé también: Duro revés legislativo para Javier Milei: tres vetos rechazados en 48 horas
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez también criticó la medida en sus redes sociales. Calificó el Decreto 681/2025 como «nulo de nulidad absoluta e insalvable» porque «viola objetivamente el procedimiento de formación y sanción de las leyes» y señaló que «lesiona los derechos de las personas con discapacidad».
El argumento del Gobierno
El Gobierno estima que la creación de la Pensión No Contributiva por Discapacidad —que establece la ley— aumentaría el gasto en $ 2.166.985.900.000, que equivale al 0.26% del Producto Bruto Interno (PBI) y «un gasto adicional de $ 4.706.628.500.000» para 2026, que equivale al 0.47% del PBI.
El oficialismo apoya la postergación en la aplicación de la normativa en el artículo 38 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera, que «prevé expresamente que toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deberá especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento”. Sobre este punto, el abogado sanjuanino Federico Sanna declaró a La Mecha: «El artículo 19 [de la Ley de Emergencia en Discapacidad] facultaba al jefe de gabinete para la reasignación de las partidas presupuestarias pertinentes».
Artículo 19 – Financiamiento: Facúltese al jefe de Gabinete de Ministros a efectuar las ampliaciones y modificaciones presupuestarias tendientes a asegurar el financiamiento de las medidas de protección y promoción de los derechos de las personas con discapacidad y de los prestadores a su favor dispuestas en la presente ley. Las reestructuraciones presupuestarias no podrán realizarse con la reducción de los créditos correspondientes a la finalidad “Servicios Sociales”.
Después del rechazo a los vetos, el vocero presidencial Manuel Adorni acusó a la oposición de hacer demagogia al insistir con las leyes de financiamiento que Milei vetó. A modo de chicana, Adorni planteó que para cubrir las mejoras planteadas en la ley Garrahan sería necesario echar a 66.550 empleados públicos.
Guillermo Francos, en la mira
Los diputados nacionales de Encuentro Federal —espacio liderado por Oscar Agost Carreño— presentaron el 22 de septiembre una moción de censura para remover de su cargo al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por incumplir con la aplicación de una ley vigente como la emergencia en Discapacidad. Agost Carreño señaló en sus redes sociales: «El Gobierno rompió el estado de derecho». La moción en contra de Francos lleva la firma de diputados del bloque que preside Miguel Pichetto, como Nicolás Massot, Emilio Monzó, Mónica Fein, Margarita Stolbizer y Esteban Paulón.