Violencia, burla y abandono: el destrato del interventor de la Obra Social Provincia a las DAI en San Juan
Las trabajadoras que acompañan a niños con discapacidad denuncian maltrato institucional, gritos y recortes arbitrarios desde el Estado
La situación de los profesionales Docentes de Apoyo a la Inclusión (DAI) en San Juan es crítica. El conflicto, que lleva meses sin resolverse, escaló en tensión el pasado miércoles 16 de julio. Según relataron desde el colectivo de autoconvocados, la reunión con el interventor de la Obra Social Provincia (OSP), Rodolfo Fasoli, fue extremadamente conflictiva: la describieron como un episodio de “violencia institucional pura y dura” y una “grave negación de derechos y violencia simbólica”.
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En diálogo con La Mecha, Florencia Batallan denunció que Fasoli menospreció la labor de los DAI y desvalorizó su función, lo que, por extensión, vulnera los derechos de las infancias con discapacidad. Incluso lo acusan de burlarse e interrumpir a los profesionales durante la reunión. “Salieron totalmente afectadas”, dijeron sobre las trabajadoras que participaron del encuentro.
Fasoli habría utilizado expresiones inapropiadas y discriminatorias, como “chicos down”, en lugar de referirse con respeto y precisión a personas con síndrome de Down. También habría afirmado que la discapacidad “no forma parte del ámbito de la salud” y que “no es su responsabilidad”.
Según la denuncia, el interventor sostuvo que los niños con discapacidad “deberían asistir a escuelas especiales y no a escuelas normales”, lo que contraviene la legislación nacional e internacional que garantiza el derecho a la inclusión educativa. Estas declaraciones contradicen además un fallo judicial previo que obliga a la OSP a aceptar la labor de los DAI.
Los profesionales evalúan presentar una denuncia por discriminación y violencia institucional, acompañada por un audio en el que se escucharía a Fasoli gritando.
También señalan que Fasoli se negó a considerar normativas, experiencias de otras obras sociales y resoluciones que respaldan el trabajo de los DAI. Rechazó aplicar las disposiciones nacionales que establecen el pago por hora y fijan el módulo mínimo de maestras de apoyo en ocho horas semanales para el cobro total del nomenclador.
Además, el interventor se habría negado a actualizar la planilla de asistencia para reflejar el pago por hora trabajada, lo que evitaría descuentos arbitrarios.
La OSP desconoce normativas nacionales vigentes
Las normativas nacionales establecen que el pago a profesionales como los DAI debe ser por horas y no por jornada. En este marco, la OSP sería la única obra social que incumple esta disposición. La legislación indica que el módulo de maestras de apoyo a la inclusión es de un mínimo de ocho horas semanales, a partir de las cuales corresponde el pago completo del nomenclador.
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La Resolución 44/2004, artículo 4.4.3, detalla que el servicio puede brindarse en módulos de ocho horas semanales o diariamente por un mínimo de una hora por caso. La cantidad total de horas puede ampliarse según las necesidades individuales y el proyecto de atención.
A diferencia de otras provincias, donde se respeta el mínimo de ocho horas semanales y se permite distribuir el tiempo en distintos casos, en San Juan se exige un piso de entre 20 y 25 horas semanales.
Pese a que el módulo completo debería abonarse a partir de las ocho horas semanales, la OSP realiza descuentos si hay suspensión de clases o si el alumno falta.
Una situación que se agrava
La situación salarial de los DAI y otros prestadores vinculados a la atención de personas con discapacidad es alarmante. Los aranceles del Nomenclador del Sistema de Prestaciones Integrales no han tenido incrementos en lo que va del año. El último ajuste, de apenas 0,5%, se registró en diciembre de 2024. Desde entonces, el valor —de $307.654— quedó por debajo del salario mínimo, vital y móvil, que en mayo de 2025 se ubicó en $308.200. En ese mismo período, la inflación acumulada fue del 11%, mientras que el nomenclador no tuvo ningún aumento.
A esto se suma una demora de hasta tres meses en los pagos. Al 17 de julio, varios profesionales aún no habían cobrado por las prestaciones de mayo. Esta situación provoca una emergencia económica que pone en riesgo la continuidad del servicio.
Frente a este escenario, los profesionales autoconvocados reclaman una actualización urgente del nomenclador y la sanción de una ley de emergencia que regule la actividad y permita el refinanciamiento de las deudas de obras sociales y organismos públicos.
Los DAI se reúnen en asambleas durante las movilizaciones para definir medidas. El colectivo está integrado por más de 600 profesionales, entre Acompañantes Terapéuticos (AT) y DAI. Un relevamiento propio advierte que más del 50% de las profesionales planea dejar la actividad en 2026, lo que podría dejar sin docente de apoyo a al menos 150 niños.
El comunicado completo:
COMUNICADO PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN de parte de PROFESIONALES DE APOYO A LA INCLUSIÓN AUTOCONVOCADOS
Grave episodio de negación de derechos y violencia simbólica en reunión con Obra Social Provincia
Este miércoles, Docentes de Apoyo a la Inclusión (DAI) participamos de una reunión con el interventor de Obra Social Provincia para plantear una necesidad urgente: actualizar la planilla de asistencia para que contemple el pago por hora trabajada, evitando descuentos injustificados por ausencias ajenas al prestador.
La respuesta fue alarmante. El funcionario negó en reiteradas oportunidades que la discapacidad forme parte del ámbito de la salud, remarcando que “no es su responsabilidad” y que “la mayoría de las personas no tienen discapacidad”.
Más grave aún, afirmó que los niños con discapacidad deberían asistir a “escuelas especiales, no a escuelas normales”, desconociendo las leyes nacionales e internacionales que garantizan el derecho a la inclusión educativa.
En el transcurso de la reunión, utilizó expresiones discriminatorias e inadecuadas, como “chicos down”, en lugar de referirse con el respeto y precisión que corresponde a personas con síndrome de Down.
El interventor rechazó cualquier referencia a normativas, experiencias de otras obras sociales o resoluciones que respaldan nuestra tarea. No solo desoyó: se burló, interrumpió y despreció la función que cumplimos, y por extensión, los derechos de las infancias con discapacidad.
Desde el colectivo DAI repudiamos enérgicamente este accionar. Exigimos una respuesta institucional urgente y el compromiso de todos los actores políticos y sociales para garantizar el respeto, la inclusión y la dignidad de las personas con discapacidad.