Sanjuaninas denunciaron al Estado provincial por violencia pública política

Desde Ni Unx Menos denunciaron a la Provincia de San Juan por violencia pública política por cuestiones de género, según la Ley n° 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollan sus Relaciones Interpersonales.

Según expresaron este lunes en la Mesa de Diálogo realizada en la Facultad de Ciencias Sociales de la UNSJ, denominada “Violencia pública política: Género y DDHH”, esta denuncia contra la Provincia se basa en la responsabilidad del Estado de garantizar el derecho a defender los Derechos Humanos, tal cual lo plantea la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Según la defensa de las activistas, se entiende que el Estado está “criminalizando la protesta” al individualizar e investigar a referentes de los feminismos locales, con el agravante de que la mayoría de las imputadas ni siquiera participó de las pintadas en cuestión.

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En este caso, 4 militantes por los derechos de las mujeres, la comunidad LGBTTIQ+, en definitiva, de los Derechos Humanos, fueron individualizadas e investigadas (en sus redes sociales, a través de cámaras urbanas y hasta por su actividad académica) por la Justicia local como “cabecillas” de un grupo que, según la denuncia del Estado, estamparon “escrituras de contenido sexista, feminista, con frases apologéticas del delito de homicidio y alegóricas a la pretensa lucha contra la figura masculina que enarbola cierto grupo social”.

La denuncia del colectivo feminista pide que la Fiscalía de Estado se retire en su carácter de querellante y el sobreseimiento de las imputadas. Según una de las militantes implicadas, en diálogo con La Mecha, hubo una serie de irregularidades que dan cuenta de la inconsistencia de la investigación de la Justicia sanjuanina: “Nunca se nos informó concretamente cuáles eran los delitos que habíamos cometido y tampoco nos mostraron con precisión las pruebas que supuestamente tenían para imputarnos”.

“Nos mostraron un expediente de cientos de páginas, que supone un gran trabajo de investigación y una gran cantidad de recursos del Estado, con decenas de declaraciones de miembros de la Policía, con imágenes de las cámaras de seguridad, con información de nuestras redes sociales, sin indicarnos cuál es la relación entre todo este material y las acusaciones”, explicó la militante y afirmó que la causa ”está constituida solo para amedrentar a la militancia sanjuanina y, específicamente, a referentes del movimiento, para intentar callarnos y ocultar que es el Estado provincial, quienes realmente no atienden las necesidades de la gente ni sus derechos”.

Cabe destacar que, según contaron desde NUM, este tipo de acciones que criminalizan la protesta de los activismos feministas no se dio solamente en San Juan sino también en otros puntos del país tras el último 8M: en La Rioja y en Córdoba las denuncias contra militantes llegaron en cuestión de horas. “Entendemos que esto es una avanzada nacional en la que el Estado está, de forma judicial, yendo contra diverses actores de los derechos humanos. En san Juan se dio particularmente contra las causas feministas y transfeministas, pero esto no es solo provincial y tampoco es nuevo”, subrayaron en diálogo con La Mecha.

Según contó uno de los abogados de las activistas, Conrado Suárez Jofré, el Estado provincial tiene hasta este próximo lunes 3 de octubre para responder a esta denuncia realizada por la colectiva feminista, la cual ya sienta un precedente en materia legal de DDHH.

Rebobinando

El 8 de marzo pasado, más de 20.000 personas (mujeres, lesbianas, travestis, trans, bisexuales, intersexuales) marcharon por las calles céntricas de San Juan en una nueva edición de la ya tradicional marcha de cada 8M, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Durante esa marcha, algunas activistas realizaron pintadas en la Escuela Normal Sarmiento, cuyos muros ya se encontraban intervenidos por otras pintadas y graffitis, ya que se trata de una fachada predilecta para manifestaciones gráficas debido a su centralidad urbana.

A los dos días, según una de las activistas señaladas por las denuncias, la directora de la Escuela, Karla Anahí Almonacid, y el director de Patrimonio Cultural de la Provincia, Jorge Martín, presentaban denuncias por el delito de daño grave contra un monumento público. Un mes y medio más tarde, el fiscal de Estado Enrique Sánchez Pombo se presentó como querellante.

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Ni Unx Menos en San Juan se organiza desde el 2015 en la defensa de los Derechos Humanos y de género, y trabaja como colectivo generador de políticas públicas y de acompañamiento a víctimas de violencia de género.

En este sentido es que más de 30 organizaciones de DDHH, colectivos de la comunidad LGBTIQ+, estudiantiles, gremiales y de diversos sectores mostraron su apoyo contra la “criminalización y persecución” de miembros de este colectivo, entendiendo que ejercen la defensa de los DDHH y por lo tanto sus derechos y garantías deben respetarse.