SAN JUAN: DENUNCIAS CONTRA FEMINISTAS Y ¿PERSECUCIÓN POLÍTICA?
La cuenta oficial de Ni Unx Menos de San Juan (NUM) puso en evidencia que varias integrantes de la asamblea fueron imputadas penalmente, luego de la histórica marcha del 8M, que reunió a más de 9000 personas. Las denuncias serían por daño agravado a instituciones estatales. Cabe destacar que, las mismas, provienen de funcionarios públicos.
Estamos familiarizados con el concepto de protesta, la cual tiene el objetivo de visibilizar injusticias y adquirir derechos, fundamental y puntualmente para mujeres y disidencias en este caso. Las pintadas en las paredes son una forma de reclamo, como la marcha en sí misma. La demanda del 8M, ante femicidios, violaciones e injusticia, se basó en la exigencia al Estado de seguridad, reforma judicial feminista, Educación Sexual Integral. Asimismo, se mencionó el descontento por la precarización laboral y violencia institucional que sufren.
Desde Ni Unx Menos apuntan a la persecución política y mediática. Además afirman que la justicia no ha cumplido con su deber de brindar, a las acusadas ni a sus representantes legales, la información necesaria y tampoco las supuestas pruebas que se tendrían en su contra. Es por esto que la organización se creó una “alcancía transfeminista”, para afrontar gastos judiciales
Sumado a esto, el Consejo Provincial de las Mujeres, Géneros y Diversidades de San Juan, que se creó con el objetivo de poner el foco en la implementación de cualquier acción política, programa o legislación que lleve adelante el Gobierno provincial, para lograr la integración de mujeres y diversidades, también emitió un comunicado en el que redignificaron el valor de la protesta. Así como también remarcaron la necesidad de diálogo con el Gobierno y la Justicia.
“La criminalización de la protesta no sólo puede afectar los derechos políticos y el derecho de la libertad de expresión, de reunión y la libertad de asociación que en conjunto hacen posible el juego democrático: sino que, afecta derechos fundamentales de las mujeres y disidencias como el derecho a su integridad física, a la seguridad personal y a su libertad porque cuando se nos constituye como un “enemigo público”, se cierran los lazos de empatía para nuestras demandas y reivindicaciones”, dice el fragmento del comunicado.
