Ruta 40 Sur: la obra que parte aguas entre el Gobierno de San Juan y Nación

El parate de la obra en la Ruta 40 Sur genera tensiones entre Nación y el Gobierno provincial. Mientras tanto, más de 100 trabajadores se encuentran suspendidos y en estado de incertidumbre.

Pasado un año y medio de Gobierno libertario comienzan a abrirse aguas entre Nación y las provincias que acompañaban cautelosamente las medidas de ajuste de Milei. En medio de las discusiones por la Coparticipación y otros proyectos en el Congreso, el oficialismo sanjuanino se articula entorno a las próximas legislativas

Ya en la Cámara Baja, las diputadas orreguistas habían mostrado su apoyo al financiamiento de las universidades nacionales y al Hospital Garrahan en contra la voluntad del Gobierno nacional. Ahora, el cinturón empieza a apretar y la disputa por el pavimento se convirtió en un punto de inflexión clave para el orreguismo de cara a las elecciones de octubre.

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Uno de los principales frentes abiertos es el de la Ruta Nacional 40 Sur, una obra estratégica para la provincia que, por deudas de Nación, recientemente debió ser suspendida dejando a más de 100 trabajadores en estado de incertidumbre. El proyecto contempla la transformación en autopista de un tramo de 26 kilómetros entre Tres Esquinas y Cochagual, en el departamento Sarmiento. Se trata de una obra clave para mejorar la conexión entre San Juan y Mendoza y reducir los siniestros viales en una de las rutas más transitadas.

Luego de idas y vueltas desde el 2017 y arduas negociaciones con Nación, en agosto del 2024 el gobierno de Orrego consiguió reactivar la obra con el respaldo de un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). De esa forma, el BID financia el 93% del costo, la Nación actúa como garante del préstamo y el 7% restante corresponde a Vialidad Nacional. La administración nacional, luego, tiene que devolver el crédito. Con un alto costo, en el año 2022, el proyecto estaba valuado casi en 11 mil millones de pesos.

«Las rutas nacionales dependen de la Nación y la Nación tendrá que poner los recursos»

Marcelo Orrego

Sin embargo, a menos de un año de su inicio en noviembre de pasado, la reconstrucción del tramo de la Ruta 40 Sur se vio afectada por la falta de pago de Nación, medida que responde a la política de “obra cero” que lleva a cabo el actual gobierno. La deuda que Nación mantiene con la empresa constructora supera los $2.800 millones y corresponden a seis certificados impagos.

Por este motivo, la Unión Transitoria de Empresas (UTE) a cargo de la obra, compuesta por Ivica y A. Dumandzic Construcciones y Semisa, decidió frenar el proyecto. Con esta medida, más de 100 trabajadores quedaron suspendidos por 20 días sin goce de haberes.

En este sentido, la predisposición que mostró Orrego para negociar con el oficialismo nacional parece no haber sido correspondida. Mientras que para San Juan, la Ruta 40 Sur representa una obra vial crucial y estratégica, para Nación se trata de un gasto que puede ser postergado. Esta disputa podría trastocar la relación que el orreguismo mantiene con el Gobierno libertario y lo empuja a presionar en favor de la provincia.

Orrego con gobernadores y Francos en la Exposición Rural 2025 hace apenas una semana.

Con respecto a la deuda, Ante Dumandzic, gerente general del Grupo Ivica, denunció: «El BID le viene pagando a Economía de la Nación. No sabemos por qué no se le paga a la UTE”. También declaró que se han invertido $6 mil millones y la empresa «ya no tiene oxigeno».

En rueda de prensa Marcelo Orrego fue consultado sobre el asunto y afirmó estar haciendo todas las tratativas necesarias para que las tareas de la obra se retomen. “Los fondos del BID fueron al Banco Central, pero el Tesoro no pagó algunos certificados”, aseguró.

A diferencia de sus declaraciones anteriores —reservadas respecto del Gobierno nacional— esta vez Orrego apuntó contra Milei: «Las rutas nacionales dependen de la Nación y la Nación tendrá que poner los recursos. No se trata de transferir a la provincia la responsabilidad de poner los fondos, porque la provincia nunca va a poder resolver todo. Esto está pasando en toda la Argentina y será el Ejecutivo Nacional el que tendrá que dar definitivamente las respuestas a todo este problema”, señaló Orrego el pasado lunes 21 de julio.

Por su parte, Alberto Tovares, secretario adjunto de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) remarcó por Radio Light: “No entendemos por qué no se envían en tiempo y forma, ya que son fondos del BID que ya están otorgados para este proyecto. Esa plata no se puede tocar, tiene que ir al destino original: la Ruta 40”. Tovares también mencionó el disgusto de Fernando Perea, ministro de Infraestructura de la provincia: “El ministro estaba molesto. Decía que no lo podía creer y estaba buscando cómo destrabar una situación que perjudica directamente a San Juan”, comentó.

Si bien aún no hay certezas del devenir de la obra, el panorama no es bueno y los días de suspensión avanzan. Tanto funcionarios como empresarios y trabajadores mostraron el descontento frente al accionar de Nación. Así, el gobierno provincial tiene por delante una disputa que puede ser clave.

Vialidad Nacional en juego

Al panorama tenso se le suma también la situación de Vialidad Nacional. El 7 de julio se publicó en el Boletín Oficial el decreto 461/2025 que declaraba el cierre de la Dirección de Vialidad Nacional (DNV). Si bien la Justicia suspendió el decreto del presidente por seis meses, el Gobierno anunció que apelará. Sin embargo, la situación deja a Vialidad en un limbo administrativo y burocrático a la espera de un desenlace. Por lo pronto, el Gobierno no podrá avanzar sobre el organismo hasta que se pronuncie un juez sobre la constitucionalidad del decreto.

Esta medida genera aún más incertidumbre sobre la continuidad de la obra en la Ruta Nacional 40 Sur, ya que son los inspectores de Vialidad quienes se encargan de darle los certificados a la obra, lo cual es clave para el desembolso y podría demorar la administración.

Imagen cortesía Telesol

A la disolución de Vialidad Nacional también se opusieron gobernadores y funcionarios de todo el país ya que se trata de un organismo clave con más de 90 años de historia que garantiza, la planificación, ejecución y mantenimiento del sistema caminero nacional. La DNV cuenta con más de 5000 trabajadores y es fundamental para las economías locales, el crecimiento de sectores estratégicos y el comercio entre provincias.

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