Presupuesto 2026: el oficialismo logró la media sanción, pero fracasó en el intento de derogar dos leyes sensibles
El Gobierno de Javier Milei logró aprobar el Presupuesto 2026, el primero de su gestión, en una sesión cargada de maniobras y estrategias para desfinanciar hospitales y universidades.
La madrugada del jueves dejó un resultado ambivalente para el Gobierno de Javier Milei. Tras una sesión maratónica, la Cámara de Diputados aprobó en general el Presupuesto 2026 —el primero de dos años de gestión libertaria— y el proyecto de Inocencia Fiscal, pero le propinó un revés político clave al rechazar el artículo que pretendía derogar las leyes de emergencia en discapacidad y de financiamiento universitario.
La Cámara de Diputados de la Nación aprobó en general el proyecto de ley del Presupuesto 2026 por 132 votos a favor, 97 en contra y 19 abstenciones. Para esto el oficialismo contó con apoyo del interbloque PRO-UCR y los gobernadores alineados con la Casa Rosada: Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Hugo Passalacqua (Misiones) y Marcelo Orrego (San Juan).
Nancy Picón, diputada sanjuanina de Producción y Trabajo, señaló durante su turno en el recinto que «llegamos con Marcelo Orrego a trabajar en lo que verdaderamente son prioridades. Queremos dar seguridad a los mercados que van a invertir en el país y van a generar una rueda de trabajo. Creemos en el consenso. Convencidos de que va a ser así, vamos a acompañar con el voto positivo el Presupuesto sabiendo que es lo mejor para el país aunque algunos no lo vean». La legisladora tuvo un fuerte cruce con los diputados peronistas Agustín Rossi y el sanjuanino Cristian Andino.
La votación final expuso el delicado equilibrio que sostiene el oficialismo en el Congreso: logró reunir los votos necesarios para la aprobación general gracias al acompañamiento del PRO, sectores de la UCR, bloques provinciales y diputados que responden a gobernadores aliados, pero esa mayoría se desarmó cuando llegó el turno del articulado más sensible relativo a educación y salud.
Un Presupuesto con números optimistas y fuertes cuestionamientos
El proyecto aprobado prevé un crecimiento económico del 5% del PBI, una inflación anual del 10,1% y un tipo de cambio cercano a los $1.423 hacia fines de 2026. También proyecta superávit primario y financiero, y elimina metas mínimas de financiamiento en áreas como educación, ciencia y defensa.
Desde la oposición advirtieron que se trata de previsiones poco realistas y que el esquema profundiza el ajuste sobre el consumo, la actividad industrial y las políticas sociales. El peronismo y otros bloques críticos señalaron que el Presupuesto consolida un modelo de recorte que ya viene impactando en sectores sensibles.
El artículo 75 y la maniobra que no alcanzó
El punto de mayor tensión fue el artículo 75, que buscaba dejar sin efecto las leyes aprobadas este año para garantizar recursos a universidades nacionales y sostener la emergencia en discapacidad. Consciente de las dificultades para reunir apoyos, el oficialismo impulsó desde el inicio una estrategia polémica: votar el articulado por capítulos y no artículo por artículo.
La oposición denunció que ese mecanismo impedía rechazar puntualmente la derogación, al mezclarla con otros temas como subsidios energéticos, deudas del sector eléctrico y actualizaciones de prestaciones. Aun así, el oficialismo logró imponer esa modalidad en una primera votación ajustada.
Sin embargo, la jugada no resultó suficiente. Poco antes de la votación del Capítulo 11, en donde estaba incluido el artículo 75, hubo una última maniobra desesperada. El diputado oficialista Bertie Benegas Lynch anunció que se incluirían en ese mismo capítulo dos agregados de última hora: los fondos por coparticipación para la Ciudad de Buenos Aires (una demanda clave del PRO) y un aumento de $21.000 millones para el Poder Judicial.
Algunos diputados vieron esto como una forma de presionar a los aliados indecisos, condicionándolos a votar a favor de un financiamiento crucial y de la derogación de las leyes sociales en un solo paquete. Finalmente, el capítulo completo fue rechazado y, con él, cayó el intento de eliminar las dos leyes.
Las dos normas fueron aprobadas anteriormente por el Congreso, vetadas por el presidente Javier Milei y finalmente sancionadas tras la insistencia de las dos cámaras. Sin embargo, al momento de promulgar las leyes, el Ejecutivo las suspendió a efectos prácticos hasta que «el Congreso determine las fuentes de su financiamiento». En el caso de la ley de Emergencia en Discapacidad, un fallo de la Justicia Federal de Campana obliga al Gobierno nacional a aplicarla.
El rechazo al artículo 75 se explicó, en buena medida, por la fractura entre los propios aliados del oficialismo. Diputados que habían votado a favor del Presupuesto en general se desmarcaron en el tratamiento en particular, incluidos representantes de bloques provinciales y sectores de la UCR.
El episodio dejó expuesta la fragilidad de la coalición parlamentaria que sostiene al Ejecutivo: alcanza para avanzar en líneas generales, pero no necesariamente para sostener decisiones que tienen alto costo político y social.
Picón votó afirmativamente ese capítulo, alineándose con la estrategia del Gobierno. Que los diputados orreguistas acompañen el dictamen del oficialismo nacional no es una sorpresa. Con sólo dos bancas en el Congreso, el gobernador sanjuanino está obligado a rearmar su relación con Casa Rosada. La diputada de Producción y Trabajo Nancy Picón expresó, a finales de octubre, que son tres los reclamos concretos que tiene San Juan con Nación: el régimen de zona fría, el pago de deudas a CAMMESA y el financiamiento para finalizar la Ruta 40 Sur.
El proyecto para sacar los «dólares del colchón»
Además del Presupuesto 2026, el oficialismo aprobó el proyecto de Inocencia Fiscal. Esta iniciativa impulsada por el Gobierno de Javier Milei busca cambiar el criterio con el que el Estado investiga y sanciona la evasión impositiva. En términos simples, propone que el fisco tenga que probar la intención de evadir antes de aplicar sanciones penales, y no al revés, como ocurre actualmente.
El proyecto está estrechamente ligado a la estrategia oficial para incentivar la repatriación o blanqueo de ahorros no declarados, conocidos popularmente como “dólares del colchón”. La apuesta del Ejecutivo es que, al reducir el riesgo penal y ofrecer mayor previsibilidad, más personas se animen a declarar esos fondos y volcarlos al circuito formal de la economía.
Para el Gobierno, esta medida permitiría ampliar la base tributaria sin subir impuestos y generar un ingreso extraordinario en un contexto de ajuste y restricción fiscal.
Negociaciones, premios y castigos
Durante las semanas previas, el Gobierno aceitó el vínculo con gobernadores aliados mediante el reparto de Aportes del Tesoro Nacional (benefició a 6 gobernadores aliados con $ 66.500 millones) y la promesa de incluir reclamos históricos en el Presupuesto. Incluso se puso sobre la mesa la reforma de la Ley de Glaciares, una señal dirigida a provincias con intereses mineros.
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Las negociaciones se intensificaron durante la propia sesión, con funcionarios del Ejecutivo recorriendo despachos y pasillos para garantizar apoyos. Aun así, el rechazo del capítulo clave dejó al descubierto los límites de esa estrategia.
Con media sanción en general, el Presupuesto 2026 y el proyecto de Inocencia Fiscal pasarán ahora al Senado, donde el oficialismo intentará revertir el revés sufrido en Diputados. El resultado anticipa un debate complejo y mantiene abiertos los interrogantes sobre el futuro del financiamiento universitario y las políticas públicas en discapacidad.