Policías armados, periodistas intimidados: el trasfondo del silencio ante el acuartelamiento
El viernes pasado empezó a circular en WhatsApp y redes sociales la noticia de que efectivos de la Policía de San Juan se habían acuartelado reclamando, entre otras cosas, mejoras salariales. Los medios de comunicación más importantes de la provincia decidieron no publicar nada sobre este acuartelamiento de agentes de las fuerzas de seguridad de San Juan. ¿Por qué?
La olla social está a punto de hervor. La estatal, burbujea. El pasado viernes empezó a circular por cadenas de WhatsApp y redes sociales la noticia del acuartelamiento de efectivos policiales sanjuaninos que reclamaban por su sueldo mientras los medios más importantes de la provincia elegían el silencio. La información era, al menos, confusa y delicada. Comunicar este tema con el mismo desparpajo y urgencia que otros podría tener consecuencias graves a nivel social. No es moco de pavo que los policías se acuartelen. No en este momento. Los medios no pueden prender la mecha para que todo estalle.
La noche del viernes, los celulares de periodistas sanjuaninos se llenaron de mensajes de policías y allegados pidiendo que difundan la información. La lógica es simple: cuando hay una manifestación o un reclamo, quienes lo hacen dan la cara. En este caso no fue así. Ningún efectivo policial se quiso identificar (por miedo a represalias, obvio), ni tampoco sus parientes. De la misma manera, ningún periodista va a salir a quemarse si nadie habla y son solo audios de WhatsApp.
Sumado a eso, llegaban mensajes de conocidos, compañeros, etcétera, pidiendo más información, o al menos una explicación de lo que estaba sucediendo. Era difícil dar una respuesta a eso, cuando la labor principal de un trabajador de los medios es la de corroborar y chequear la información. Las fuentes eran indirectas, faltaba la comprobación. Y aún si el hecho se comprobara (que se pudo hacer posteriormente), también suscitaba un dilema ético: ¿qué consecuencias inmediatas podría tener en la sociedad comunicar el cese de funciones de las fuerzas de seguridad? Es algo difícil de contar.
Las acusaciones en las redes sociales fueron fáciles: “Los medios no dicen nada por la pauta del Gobierno”. Buen punto, sobre todo porque estamos acostumbrados en esta era a ese tipo de cuestiones. Pasó en la época de Uñac. Pasó también con Gioja. Pero en este caso primó la cordura por encima de la envoltura.
Este medio pudo comprobar cómo a través de audios de WhatsApp, periodistas de medios importantes de la provincia fueron apretados por presuntos policías para que se publicara la protesta en dichos portales. Y como si fuera poco, fueron amenazados con no brindarles más información a todos los colegas del mismo medio. Es común que los efectivos policiales funcionen como fuentes directas de los periodistas. Siempre fue así, ocurre en todas las empresas periodísticas. Siempre hay línea directa con las fuentes policiales. En este caso, se buscó la extorsión: “¿Por qué no han publicado? Decile a tus compañeros que ya van a venir a pedir información a la Policía”.
Ya este lunes, el vicegobernador Fabián Martín dijo que 30 miembros de la Policía de San Juan fueron sumariados por estos reclamos. Los motivos, argumentó, fue el abandono de las funciones públicas y por haber reclamado portando el arma.
Según indicó Martín a Canal 13, “los policías tienen un régimen que es diferente al resto de los empleados, porque son la autoridad del orden. Están armados, y hubo unos 30 policías que estuvieron reclamando armados. Hubo policías que estando trabajando se negaron a cumplir con sus tareas. Esa es una rebeldía grave y el Gobernador tomo cartas en el asunto”.
¿El reclamo de los efectivos policiales es legítimo? Seguramente. Las formas, cuestionables. Además de una recomposición salarial, exigieron el pago de adicionales que, supuestamente, se deben desde el año pasado. Hoy, las cifras de la inflación y el aumento de la pobreza están signando el deterioro del poder adquisitivo de la mayor parte de la población. A esto se le suman los recortes de Nación hacia las provincias y las dificultades de la gestión de los gobernadores para hacerle frente a sus obligaciones de pago con los empleados de la administración pública, entre otras cosas.
En la negociación de la paritaria docente del pasado viernes último con la paritaria docente se propuso un aumento del 15% y una suma fija para febrero de $50 mil, por única vez. Esta medida sería extensiva a todos los estatales provinciales. Este lunes, el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, indicó que buscan realizar una mejora del 12% en marzo. Si bien los tres gremios docentes UDAP, UDA y AMET firmaron el acta de paritaria, al salir informaron sobre su disconformidad con lo ofrecido por la parte oficial.
La paritaria sigue abierta. El conflicto, en puerta.
