Pedro Castillo y una muerte anunciada en Perú
El presidente de Perú decidió disolver el Congreso y horas más tarde era el Congreso el que lo había destituido a él. ¿Qué pasó exactamente?
Sobrevivir en la presidencia de Perú pareciera ser una hazaña. Así lo indica su historia reciente, con una lista de seis presidentes en los últimos seis años.
Ahora le tocó despedirse a Pedro Castillo, el maestro que accedió inesperadamente a la presidencia hace un año y medio, en julio de 2021.
Desde La Mecha te contamos las claves de esta crónica de una muerte anunciada.
Un día turbulento en el Perú
El 7 de diciembre pasado, Pedro Castillo se sentó frente a las cámaras para anunciarle al pueblo peruano la disolución del Congreso. Prometió convocar a elecciones a la brevedad para establecer así un nuevo parlamento que tuviese la tarea de redactar una Constitución en menos de nueve meses. Mientras tanto, aseguró Castillo, un «gobierno de excepción» gobernaría a través de decretos ley. Además declaró «en reorganización» el sistema de justicia.
El tiro le salió por la culata. Se produjo una ola de renuncias en su gobierno y las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de Perú le quitaron respaldo diciendo que acatarían la Constitución. Para peor, el acto fue calificado lisa y llanamente como un «golpe de Estado» por representantes de todo el arco político dentro y fuera de Perú.
Pero, ¿por qué tomó Castillo una decisión tan extrema? Para ese mismo día había una sesión programada en el Congreso en el que se votaría posiblemente su destitución, la famosa «moción de vacancia». No es la primera vez. Esta sesión era el tercer intento del Congreso de desplazar al presidente desde que asumió el poder en julio de 2021. Tal es así que Castillo hace rato venía denunciando la «obstrucción» por parte del Poder Legislativo a su gobierno. «Llevamos más de 16 meses de continua y obsequiada campaña de ataque sin cuartel a la institución presidencial. La única agenda del Congreso desde el 29 de julio de 2021, en que juramenté el cargo de Presidente de la República, ha sido y es la vacancia presidencial», dijo Castillo en su último mensaje a la nación.
Sin embargo, el Congreso se reunió igual después del anuncio y efectivamente votó la destitución del presidente, con 101 votos a favor de los 130 miembros. Dina Boluarte, quien había sido la vicepresidenta de Castillo, asumió el cargo.
Mientras tanto, Castillo fue detenido por la Policía Nacional de Perú. La Fiscalía lo investiga por el presunto delito de «rebelión en agravio del Estado», regulado en el artículo 346 del Código Penal.
Perú y su obsesión con la «incapacidad moral»
Aunque la última decisión del presidente sea la que probablemente vaya a quedar en la memoria colectiva como ese hecho desafortunado que precipitó la salida de Pedro Castillo del poder, sería un error no hablar de lo que venía pasando en Perú antes del 7 de diciembre.
Ya estaba escrito que el Congreso quería destituir al presidente ese día. La sesión del 7 de diciembre había sido convocada para discutir su vacancia del cargo por «permanente incapacidad moral» para gobernar. No, esto no es un eufemismo aunque así lo parezca. Se trata de una figura legal prevista en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución Nacional.
No hace falta ser un erudito o erudita de las leyes para entender la clase de problemas que una figura como esta puede acarrear. Será por eso que no es la primera vez que se la cuestiona. El problema está en los límites. Según Abraham García Chávarri, Magíster en Derecho Constitucional y profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, el Congreso viene usando la “incapacidad moral permanente” en un sentido ético amplio que «abarca cualquier conducta reprochable». Lo que es peor, el docente asegura que este ejercicio parlamentario «desestabiliza» el sistema de gobierno, al utilizar este concepto «con inocultable naturaleza político-sancionatoria y como una suerte de sumario y apresurado impeachment». Más sobre este debate jurídico aquí.
Esto no es lo único que explica la salida apresurada de Castillo, pero sin dudas ofrece una variable importante para pensar los problemas de gobernabilidad en ese país. Sobre todo cuando se tiene en cuenta que una de las razones por las que Perú ha tenido tantos presidentes en tan poco tiempo, es porque el Congreso siempre tuvo bajo la manga la amenaza de vacancia presidencial por incapacidad moral que ya se cargó efectivamente a un par de presidentes o incentivó la renuncia apresurada de otros.
Específicamente en el caso de Castillo, la acusación del Congreso encontraba asidero en la cantidad de veces que el presidente reemplazó su cartera de ministros en año y medio de gestión. Pero se daba en el marco, además, de las denuncias de corrupción que ha recibido tanto el presidente como su círculo íntimo. Tal es así que la fiscalía presentó en octubre una denuncia constitucional contra Castillo por presuntamente liderar «una organización criminal» para enriquecerse con contratos del Estado. El ex mandatario se declara inocente. Sin embargo, con su manotazo de ahogado, Castillo le entregó en bandeja al Congreso el argumento indiscutible, el más mencionado por les congresistas para justificar su voto: la necesidad de resguardar la democracia y el Estado de Derecho.
El final de Castillo no es el final de la crisis
Dina Boluarte es la primera mujer en ocupar el cargo de presidenta de la República, aunque dadas las circunstancias, no se trata necesariamente de un gran triunfo para los derechos de las mujeres. Boluarte integró la fórmula de Castillo como su vicepresidenta por el partido Perú Libre en las elecciones, pero en los últimos tiempos le soltó la mano. Tal es así que en su primer mensaje ahora como mandataria, rechazó el «intento de golpe de Estado» de Castillo.
Entre sus primeras medidas anunció su intención de combatir la corrupción estatal y habló de «tregua política para instalar un gobierno de unidad nacional». Para ello convocó a un «amplio diálogo entre todas las fuerzas políticas».
¿Qué saldrá de ese diálogo si es que se concreta? Es difícil saberlo. Fue el descontento el que llevó en primer lugar al pueblo a votar por un maestro desconocido de una región empobrecida para ocupar el sillón presidencial. Las esperanzas de que lo distinto cambiaría los destinos del país, quedaron en la nada. También la idea de que la izquierda podía aportar otra manera de hacer las cosas. Tampoco hubo tiempo ni una oposición dispuesta a dejar gobernar, tarea con la que se ha engolosinado en los últimos años.
¿Cómo hace entonces un pueblo golpeado todavía por lo que sufrió durante la pandemia, testigo del desfile de distintos nombres para liderar los destinos de su nación, manoseado por un Congreso cuyo fin último pareciera distar de los preceptos del poder que representan? ¿Cómo no caer en el desencanto con la política cuando hay que leer todo el tiempo denuncias de corrupción? Demasiadas manos apuntaban al presidente, demasiado olor a podrido.
Con su última acción de gobierno, Castillo terminó de dilapidar cualquier intento del pueblo peruano de salir del hastío. Aunque disolver el Congreso es una atribución del presidente de la República según lo establece la Constitución, el ex mandatario no respetó los lineamientos establecidos para eso. Por eso el carácter inconstitucional y peligroso de la aventura a la que quiso someter al país.
Castillo ya está en manos de la justicia, pero la crisis peruana está lejos de resolverse. Esa posibilidad de fuego cruzado entre el Congreso y la presidencia es parte de un diseño institucional que atenta contra la gobernabilidad. Por eso el profesor García Chávarri asegura que cuando se trata de la vacancia por incapacidad moral, «resulta impostergable la tarea del Tribunal Constitucional de establecer criterios para una utilización prudente, restrictiva y armónica con todas las demás disposiciones y principios constitucionales».
El problema de la fragmentación política y la debilidad del sistema de partidos es otro obstáculo para los miembros del Congreso que tienden a venderse al mejor postor y que en este momento son tan poco populares como el presidente saliente.
Dado el historial, es muy difícil imaginar que Dina Boluarte pueda lidiar con estas condiciones estructurales de manera tal de finalizar su mandato previsto hasta julio de 2026. Pero ojalá tenga ella la llave para destrabar un Perú en crisis desde hace demasiado tiempo.
