Paro y movilización en San Juan por la Ley de Financiamiento Universitario
La ley garantiza el presupuesto para el funcionamiento de las universidades de todo el país, además de actualizaciones en salarios y becas.
Estos días la comunidad universitaria en todo el país se encuentra movilizada. Jueves 26 y viernes 27 son días de paro nacional, acompañados por una marcha federal en apoyo a la Ley de Financiamiento Universitario, que se trataría en el Congreso la próxima semana.
La movilización fue convocada a nivel nacional por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina (FUA).
La jornada inició en el Rectorado, en la esquina de Mitre y Jujuy, con una conferencia de prensa de la Multisectorial para la Defensa de la Educación Pública, integrada por gremios docentes y no-docentes (ADICUS, SIDUNSJ, APUNSJ) y estudiantes representados en la Federación Universitaria de San Juan (FUSJ).
Una vez terminada la conferencia de prensa, se realizó un abrazo simbólico al Rectorado y se marchó por la peatonal hasta la Plaza 25 de Mayo, donde se reunieron firmas en apoyo a la Ley de Financiamiento Universitario.
Qué dice la Ley de Financiamiento Universitario
La norma busca garantizar un presupuesto estable para el normal funcionamiento del sistema universitario nacional, que abarca tanto la docencia como la investigación científica. La regla también incluye la actualización de los salarios docentes y no-docentes, así como becas estudiantiles.
La ley establece la fuente de la financiación sin crear nuevos impuestos y manteniendo el equilibrio fiscal del Estado Nacional. El presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, Oscar Alpa, precisó que «implica, básicamente, una reorientación de prioridades del gasto del Gobierno Nacional» y señaló que «la inversión en educación universitaria no solo es una obligación legal y ética del Estado, sino que también constituye una estrategia clave para el desarrollo económico y social del país«.
El texto de la ley no es muy diferente al que fue impulsado el año pasado. En septiembre de 2024, la oposición logró sancionar en el Congreso una ley que aumentaba los salarios por inflación y actualizaba bimestralmente el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades. Pero el gobierno libertario la vetó, y a pesar de dos marchas masivas de estudiantes en apoyo a la educación pública, consiguió sostener el rechazo gracias al apoyo del PRO y el radicalismo.
Se espera que la Ley de Financiamiento Universitario se trate en sesión especial el próximo 2 de julio. El proyecto puede consultarse en el sitio web del CIN, donde también se puede firmar en apoyo a la iniciativa.
¿Qué cambiaría la ley en San Juan?
Con un presupuesto acorde, la UNSJ podría poner en marcha diferentes proyectos que quedaron suspendidos desde que asumió la presidencia Javier Milei, como el edificio de la Escuela de Música o la implementación de tres nuevas carreras pendientes (Economía, Medicina y Psicología).
Ricardo Coca, secretario administrativo-financiero de la Universidad Nacional de San Juan, dijo que «el presupuesto 2023 fue el último que se aprobó en el Congreso y se prorrogó en 2024. Este año volvemos al presupuesto 2023 con lo que se aumentó a lo largo de 2024». Teniendo en cuenta la inflación, esto implica que la UNSJ tenga que trabajar con un 30% menos de presupuesto del que recibió el año pasado.
Según se dijo en la conferencia de prensa de esta mañana, en 2023, el 18.5% de los docentes con cargos en la universidad percibía sueldos por debajo de la línea de pobreza. Actualmente, ese porcentaje asciende al 67%.
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De acuerdo con Ricardo Coca, el sueldo de un docente en su máxima expresión (titular exclusivo con máxima antigüedad) está entre $1.200.000 y $1.300.000. Esta categoría incluye al 17% de la planta. El resto de docentes, en su mayoría, tienen cargo de docente simple y cobran alrededor de $270.000. «El que empieza prácticamente hace trabajo de voluntario porque [el sueldo] no le cumple absolutamente nada de sus necesidades», opinó Coca.
Por su parte, los trabajadores no docentes están divididos en categorías que van de la 7 (la mínima) hasta la 1. De acuerdo al secretario administrativo-financiero de la UNSJ, quienes están en categoría 1 son una minoría y cobran alrededor de $1.800.000; mientras que la categoría 7 percibe cerca de $700.000.
