Ley de Humedales: una remake de ambientalistas y empresarios mineros
Como secuela de la Ley de Glaciares, las aguas volvieron a dividirse en el Parlamento y en las calles. ¿Cómo afecta a San Juan el proyecto de Leonardo Grosso?
Viernes 07 de octubre de 2022 – 13:00hs
La discusión por la Ley de Humedales volvió a reflotar en el Congreso de la Nación tras la reciente ola de incendios en el Río Paraná, en Entre Ríos, que arrastró nubes de humo hacia Rosario y finalmente hasta la Ciudad de Buenos Aires.
El proyecto parecía encaminado, pero se suspendió el plenario de comisiones en Diputados al no ponerse de acuerdo sobre algunos puntos básicos de la ley.
La Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, presidida por el diputado Leonardo Grosso (FDT – PBA) impulsó un proyecto de ley que cobró relevancia en las últimas semanas: la Ley de Humedales. Luego de que el debate de la ley fuera pospuesto durante 10 años y ésta perdiera 3 veces estado parlamentario, parecía finalmente ponerse en marcha.
Si bien el proyecto de ley cuenta con el apoyo y aporte de alrededor de 300 organizaciones socioambientales y universidades, encuentra resistencia en el sector empresarial –patronales del agronegocio, inmobiliarias e industriales– que ven sus actividades e inversiones comprometidas. También la ley ha encontrado respuestas críticas por parte de gobernadores y diputados tanto del propio frente oficialista como de Juntos por el Cambio.
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El jueves 29 de septiembre el dictamen de la Ley de Humedales debía ser debatido en el plenario de las comisiones de Recursos Naturales, Agricultura, Ganadería, Presupuesto y Hacienda. Pero, al no contar con el consenso necesario del arco político, se suspendió hasta nuevo aviso.
Al día siguiente, organizaciones ambientalistas y movimientos sociales se manifestaron frente al Congreso de la Nación reclamando la aprobación de la ley y denunciando el lobby de empresas mineras y agroganaderas que presionan para cajonearla.
La Coordinadora del Colectivo Socioambiental Red Eco Socialista, Jésica Gentile, denunció en Página 12 que “sigue existiendo la misma orientación de hace 10 años de seguir ralentizando algo que democráticamente han decidido las comunidades con un proyecto de ley consensuado por más de 300 organizaciones, entre las que se encuentran universidades públicas, científicos, asambleas y asociaciones medioambientales”.
En este sentido, Bruno Rodríguez, miembro de Jóvenes por el Clima, afirmó que “la dilatación del debate del proyecto de Ley de Humedales consensuado por la sociedad civil y distintos actores no surge de manera espontánea. Nuestros servidores públicos en este contexto están respondiendo ante otros intereses que no son los que participaron en la configuración del proyecto que hoy tenemos”.
Esta situación trae a la memoria lo que fue la Ley de Glaciares, sancionada en 2010, un verdadero hito ya que, en palabras de Enrique Viale, abogado especializado en Derecho Ambiental y cofundador de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, «fue la primera vez en la que el Congreso sancionó una norma que no favorecía intereses concentrados«.
Qué dice la ley y quiénes pegaron el grito en el cielo
La Ley de Humedales tiene como objetivo la preservación y restauración ecológica de los humedales –ecosistema que representa el 20% del territorio nacional– y un desarrollo económico sustentable en estas zonas. Propone la creación de un Inventario Nacional de Humedales, el ordenamiento territorial de estas zonas, un Fondo Nacional de Humedales y un Programa Nacional de Conservación de Humedales.
El eje de debate en torno al texto de la ley recae en dos puntos centrales: la definición de lo que es un humedal y la supervisión nacional en la creación del inventario de humedales. Es así que enarbolando las banderas del federalismo y el desarrollo, gobernadores, diputados y empresarios criticaron la ley objetando que paralizaría la producción y avasallaría la jurisdicción de las provincias sobre sus recursos naturales.
La objeción al primer punto es sobre la definición de humedal propuesta por el diputado bonaerense Leonardo Grosso, que para los opositores a la ley es «difusa». El artículo 2 del texto describe “Entiéndase por humedales a aquellos ambientes en los cuales la presencia temporaria o permanente de agua superficial o subsuperficial causa flujos biogeoquímicos propios y diferentes a los ambientes terrestres y acuáticos. Rasgos distintivos son la presencia de biota adaptada a estas condiciones, comúnmente plantas hidrófitas y/o suelos hídricos o sustratos con rasgos de hidromorfismo”.
Para el diputado nacional por San Juan, Walberto Allende, de esta forma cualquier zona anegada se consideraría humedal y se prohibiría el desarrollo económico allí, paralizando la producción y poniendo en riesgo cientos de miles de puestos de trabajo. El legislador declaró para Tiempo de San Juan que “bajo este marco legal hasta las zonas donde hay agua subterránea serían consideradas humedales, por ende, toda la actividad minera en la cordillera estaría prohibida”.
A esta posición adhieren los gobernadores de Catamarca, Salta y Jujuy que, con un fuerte respaldo del lobby minero, se pronunciaron en contra del proyecto de ley argumentando que limitaría las inversiones en la producción del litio, recurso estratégico para la transición energética, por desarrollarse en humedales.
El segundo punto hace referencia a la autoridad del Gobierno Nacional a la hora de realizar el inventario de humedales. Tanto gobernadores como diputados reclaman que la responsabilidad de llevar a cabo este inventario debe ser de las provincias. El problema que hay detrás de esta discusión es que las provincias pueden ser permeables a intereses económicos externos por la falta de control nacional y federal, tal cual sucedió con la Ley de Bosques de 2007.
Por su parte la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), la Unión Industrial Argentina (UIA) y otras organizaciones empresariales del país hicieron público el rechazo al texto de la ley por ir en contra de la autonomía constitucional de las provincias en cuanto a la administración de sus recursos naturales y la regulación en materia ambiental.
Además aseguran que la Ley de Humedales pone en riesgo cientos de miles de puestos de trabajo formal y bien remunerado. En un comunicado de prensa, la CAEM asegura que “el sector minero genera empleo para más de 85.000 familias y moviliza las economías regionales, dado que realiza el 80% de las compras a nivel local, motorizando una sólida cadena de valor compuesta por pymes nacionales”.
En contraposición el viceministro de Ambiente de la Nación, Sergio Federovisky, declaró en Radio Nacional que las empresas agitan “un fantasma” que “tiene siempre un formato de chantaje o de extorsión intelectual” porque interpretan una amenaza a su actividad que no existe y transmiten a la sociedad que se perderán puestos laborales”.
Los humedales en San Juan
San Juan cuenta con dos humedales: el Parque Presidente Sarmiento (recientemente afectado por un incendio) y Las Lagunas de Guanacache. El director de Conservación y Áreas Protegidas, Andrés Ortega, declaró para Diario 13 San Juan que “es importante que se aborde desde el punto de vista ambiental la importancia que se merecen los humedales, pero es una realidad diferente la que pasa acá en San Juan a la de otras partes del país”. Al ser consultado por el proyecto de ley aseguró que “con la Secretaría de Ambiente trabajan desde hace tiempo en el cuidado y la preservación de estos, no es un tema nuevo para nosotros”.
Técnicamente, en la cordillera frontal o principal sanjuanina no hay humedales, aunque esto depende de quién y cómo los definan. Allí sí existen las vegas de montañas y las lagunas perennes, temporales o permanentes.
Frente a las críticas, la diputada del Frente de Todos por la provincia de San Juan, Fabiola Aubone, en una entrevista realizada en Estamos a Favor de Radio Comunitaria La Lechuza afirmó que “San Juan puede generar herramientas para cuidar el medio ambiente y tener industria, producción y trabajo”. Y aseguró que está trabajando con Leonardo Grosso en “reforzar el federalismo de la ley, que a la hora de redactarla no ha tenido en cuenta esa mirada”.
Por el momento, la Ley de Humedales se encuentra en pausa hasta nuevo aviso. Los jefes de bloques –tanto del Frente de Todos como de Juntos por el Cambio– presentaron una nota señalando que es necesario consultar las posiciones de los gobiernos provinciales antes de avanzar en un dictamen. Ahora es el turno de la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, que deberá fijar una nueva fecha para el plenario de las comisiones.
