La nueva Ley Ómnibus ataca a la Defensoría del Público y al FOMECA para “salvar” al arte y la cultura
Con la excusa de continuar financiando instituciones como el INT, FNA, CONABIP e INAMU, el Gobierno nacional propone disolver las dos entidades del ENACOM atacando diversos aspectos relacionados con la comunicación y los medios, como la pluralidad de voces, la protección de derechos y la viabilidad de distintas instituciones y proyectos.
Una provocación. Así denuncian distintos sectores de la comunicación alternativa, comunitaria y popular del país a los cambios realizados al proyecto de Ley Ómnibus que, con la excusa de seguir financiando al arte y la cultura, disuelve la Defensoría del Público y el Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA), ambos dependientes del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).
Luego de semanas intensas donde sectores de la cultura y el arte se movilizaron y protestaron por las propuestas de la Ley “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los argentinos” que desfinanciaban entes como el Instituto Nacional del Teatro (INT), el Fondo Nacional de las Artes (FNA), la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP) y el Instituto Nacional de la Música (INAMU), el oficialismo junto con la oposición dialoguista (UCR, JxC y el sector de Miguel Pichetto), dieron una sádica respuesta al reclamo: recortando a otro sector importante vinculado a la comunicación popular y alternativa.
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Ya en campaña y también ni bien asumió, Javier Milei había prometido privatizar los medios públicos como Radio Nacional, Télam y la Televisión Pública. Ahora, redobló la apuesta yendo contra entidades del ENACOM que financian medios comunitarios o que defienden a las audiencias.
En criollo, te cagaron: le dan al arte y la cultura para quitarle a la comunicación
Estas instituciones culturales –INT, FNA, CONABIP, INAMU– seguirán existiendo, pero tendrían la obligatoriedad de no pasar el 20% de su presupuesto en gasto corriente (salarios del personal) y en gastos generales (maestranza, insumos, entre otros). Uno de los diputados que llevó adelante las modificaciones al proyecto enviado por Javier Milei argumentó: “Queremos que, en todo caso, los fondos vayan a los artistas y no a la militancia”.
Así, el FNA, el INT, y el INAMU no serán disueltos ni subsumidos bajo el organigrama de la Secretaría de Cultura y conservarán su autarquía. Sin embargo los gastos de las instituciones en su propio personal, que actualmente rondan el 70%, no podrán superar el 20%. Además, la ley que rige al INCAA deberá reformularse en el plazo de un año.
Para realizar estos cambios fueron claves en las negociaciones los representantes del PRO, que lograron poner el foco en la disolución de dos entidades del ENACOM: la Defensoría del Público y el FOMECA.
Todo esto pondrá a las respectivas plantas en la «licuadora» salarial, pero tampoco se descarta que avancen recortes en el personal y en la depuración de otros organismos. Habrá que ver cómo puedan seguir siendo operativas estas instituciones.
Tomando como referencia el Museo del Bicentenario, vinculado a la Casa Rosada, en la actualidad cuenta con una planta de 98 empleados, aunque este número se redujo tras la renuncia de aproximadamente 50 pasantes en virtud de un acuerdo con la Universidad UNA. Sin embargo, únicamente 9 personas, que obtuvieron sus puestos a través de concursos, forman parte de la planta permanente. La propuesta de mantener únicamente a este reducido grupo no parece ser acorde con las demandas y requerimientos del propio Museo.
En una reciente nota publicada por La Mecha titulada “¿Qué tienen en común la cultura y la salud mental?”, resaltamos que no solamente estos dos sectores eran los únicos que se encontraban luchando contra las reformas del gobierno de Javier Milei, sino que hay una sensación de que tanto el DNU como la Ley Ómnibus son paquetes que están pensados para distraer, dividir y que cada sector pelee por lo suyo, poniendo en juego la estructura del país. Trabajadores, organizaciones sociales y distintos sectores de la sociedad -posiblemente no mayoritarios, pero sí con fuerte representación- confluyen en el reclamo contra este paquete de medidas impulsadas por el Gobierno nacional.
La Defensoría del Público, afuera
Este organismo desarrolla sus funciones en el marco del Poder Legislativo. Su defensora, Miriam Lewin, fue nombrada por la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización y tiene mandato vigente hasta el próximo 24 de junio. El ente escucha a las audiencias y atiende sus reclamos desde una perspectiva de derechos humanos. Defiende el derecho a la expresión y a estar informados. Las tratativas en Diputados para cambiar la Ley Ómnibus proponen la disolución de esta Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual.
En su comunicado oficial, desde la Defensoría respondieron que “cuentan con personal especializado, profesionales de la comunicación ultracalificados que trabajan para dar respuesta a los reclamos de las audiencias y capacita a periodistas, agencias de publicidad, organismos de la sociedad civil, radios, canales de televisión, a pedido de los medios de comunicación más diversos”.
“Trabajamos en alianza con periodistas de todos los medios audiovisuales, organismos internacionales como, con universidades públicas y privadas, convocamos audiencias públicas presenciales y virtuales en todo el país, para escuchar sus necesidades y opiniones”.
“Fuimos convocados nacional e internacionalmente para participar de debates actuales sobre el acceso a la comunicación de personas con discapacidad, comunicación y salud mental, información sobre el deito de trata de personas y los medios de comunicación y las infancias”, concluyeron en su publicación.
Por su parte, Karina Banfi, vicepresidenta del bloque radical, quien propuso incorporar el organismo a la Defensoría del Pueblo y un organismo dependiente del Congreso, declaró que “la Defensoría del Público tuvo un impacto muy negativo. El kirchnerismo lo usó como guarida para la militancia de La Cámpora y de esa manera perseguir y hostigar a todos aquellos que en redes sociales o en medios de comunicación tenían expresiones antikirchneristas”.
Como respuesta a estas acusaciones, desde la Defensoría negaron en Diario Perfil que sea “una guarida de La Cámpora” y expresaron que “nunca fue una guarida de ningún sector político, sus trabajadores y trabajadoras son profesionales de la comunicación y del derecho”. Y concluyeron: “Nunca se hostigó a ningún periodista ni político ni ninguna persona que se expresara en contra de cualquier idea política porque la Defensoría del Público defiende el derecho a la libertad de expresión y opinión”.
Así, dejaría de existir NODIO, el nombre coloquial que se le dio al observatorio de medios de comunicación creado en la Ley de Medios y en la órbita de la Defensoría del Público, que siempre fue cuestionado por la oposición al kirchnerismo.
El FOMECA, también afuera
Se trata del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA). Como su nombre lo indica, es un fondo para medios de comunicación sin fines de lucro, de frontera y de pueblos originarios establecido por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, una de las normas más discutidas de la democracia.
Desde la Coordinadora Nacional de Televisoras Argentinas (CONTA), expresaron que el FOMECA “no compite con el cine ni con el teatro ni con las bibliotecas populares: la norma establece un porcentaje del gravamen a los servicios audiovisuales (que también pagan los comunitarios), para fomentar cada actividad”.
Además, apuntaron contra Silvana Guidici, diputada nacional por CABA argumentando que “miente para acallar voces y muestra que la ultraderecha negocia un proyecto de ley ómnibus más retrógrado que el original”. (Leer hilo de twitter abajo)
Es que la ex presidenta del ENACOM publicó en sus redes sociales que “FOMECA por su parte, insumió 2.028.505.145 en los últimos 3 años para solventar cooperativas vinculadas al kirchnerismo, ONG’s de la ley de medios, radios originarias y org. militantes como el Hormiguero, Barricada, MTL, Centro Boliviano, Mapuches, Madres de Plazo de Mayo etc” y que “de este modo los recursos que se deben destinar a la promoción de cultura se reflejará en mejor y mayor producción de ficción, cine, teatro y arte y no en burocracia, acomodo, o militancia. Seguiremos trabajando en la sanción de la ley para sentar las bases del cambio definitivo”.
Como respuesta, desde CONTA indicaron que “este fondo tiene la forma de concurso abierto, los proyectos son evaluados por jurados independientes y luego adjudicados por el Directorio del ENACOM, integrado por representantes del oficialismo y la oposición”.
Además, agregaron que “la transparencia del proceso se evidencia en los resultados, incluyendo numerosos premios obtenidos por series y programas realizados con el apoyo del FOMECA: Martín Fierro Federal a la mejor serie de ficción de 2022; selección para el Festival Internacional Canneseries; el Premio Obrar del Consejo Publicitario Argentino logrado por una serie financiada durante la gestión de la propia Giudici; el premio Lola Mora en televisión digital otorgado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; el premio TAL para producciones de televisión en América Latina”.
Por último, expresaron que “los medios sin fines de lucro generan miles de puestos de trabajo, ofrecen mayor diversidad y pluralismo informativo, y actúan como contrapeso frente a la concentración, tal como reconocen organismos internacionales como la Relatoría de la Libertad de Expresión de la CIDH y la UNESCO. Como la Defensoría del Público, el FOMECA está destinado a garantizar la democratización de la comunicación”.
“Que no nos confundan: no competimos con el cine ni con el teatro ni con las bibliotecas populares”
Ante el conocimiento de esta modificación de la Ley Ómnibus, distintos sectores vinculados a la comunicación respondieron. Así, desde la Confederación de Medios Cooperativos y Comunitarios –integrada por la Red de Medios Digitales, FARCO, FADICCRA, CONTA y AReCIA– sostuvieron que el FOMECA “es una política virtuosa, transparente, y auditada que fomenta la pluralidad de voces” que “contribuye a democratizar el sistema de medios a través de redistribuir los recursos que pagamos los mismos medios de comunicación (gravámenes y multas) para fomentar a los medios comunitarios, de frontera y de pueblos originarios”.
En esa línea, destacaron que “es un intento de callar cientos de voces. Sin medios comunitarios no hay democracia”.
Miguel Ambas, de Radio Comunitaria La Lechuza -la primera radio comunitaria de San Juan-, expresó a La Mecha que “muchas veces se dice que existen los ‘sin voz’. La gente siempre tuvo voz, lo que no tuvo muchas veces es un micrófono y los FOMECAs, no solamente para La Lechuza en San Juan, sino para cientos y cientos de ‘lechuzas’ en muchos rincones del país, en ciudades, en pueblos, en la cordillera, en la costa, en el norte y en el sur, significaron la posibilidad de generar herramientas para que los compañeros de las organizaciones que están en la profundidad de la patria, en la profundidad de los barrios, que están donde están los sectores más vulnerables y necesitados de nuestro país, tengan la posibilidad de contar sus historias que en definitiva no son de ellos, sino que son del pueblo”.
En ese sentido, Ambas indicó que “gracias a los FOMECAs, entre otras cosas, pudieron contar cientos y miles de historias que hubiese sido muy difícil poder contarlas y difundirlas en forma algunas veces masiva gracias a poder tener esas herramientas. Perder los FOMECAs significa retroceder en derechos, puede llegar a significar un golpe muy duro”.
Para terminar, Miguel Ambas concluyó: “Una radio comunitaria no es solamente una radio, es un grupo de compañeros que hace radio, pero que a su vez está en el comedor y en el merendero y en la huerta, y que además después forma una cooperativa de construcción y de mantenimiento de espacios verdes y que además hay apoyo escolar, etc. Entonces los FOMECAs lo que hacen es fortalecer una organización que, además recibe financiamientos de otros lados, y también se desgaja en una cantidad de acciones que le dan la posibilidad a la gente de tener mínimos derechos, algo que el Estado no está garantizándole”.
