La marea infinita: tres años de aborto legal

La madrugada del 30 de diciembre del 2020, en vísperas de año nuevo, una pantalla corta la intersección de las calles Libertador y las Heras. Sobre ella languidece la imagen de Alberto Weretilneck, en ese entonces Senador y ahora gobernador por tercera vez de la provincia de Río Negro. Robusto, de traje y despeinado, divaga frente a su micrófono. Se pone los lentes, lee unos párrafos y cita a algún médico. Se los saca. Repetirá la acción unas cuantas veces más. Está sentado en su banca del Congreso de la Nación, a diferencia de muchos que transmiten por videollamada desde la comodidad de sus casas. Todavía no termina el 2020; tampoco la pandemia. Weretilneck habla con pausa y lentitud. Su intervención le lleva media ahora aún cuando lo que diga no resulte muy contundente: empieza a la 1:46 de la mañana y acabará a las 2:15. Dos horas más tarde, votará a favor.

A unos 1200 kilómetros de distancia de ese recinto porteño de cúpula verdesina, una pequeña multitud se sienta frente al proyector y mira, escucha, espera. Dispersa, cansada, acalorada, la pequeña multitud lleva horas intentando discernir las palabras que se escuchan desde un parlante saturado entre el ruido de la calle, de los autos, de los cánticos. Están sentadas frente a la Legislatura provincial. Han cortado el tránsito para hacer un escenario modesto por el que pasaran algunas artistas a lo largo de la larga tarde-noche. La mayoría de las mujeres de la pequeña multitud llevan barbijos en la cara y pañuelos verdes en el cuello, en las muñecas. Algunas traen hieleras, otras mantas para el pasto, otras, hijos e hijas. Están ahí desde antes de que baje el sol, incluso horas antes; días y meses y años antes.

La sesión en la Cámara Alta del Congreso dio inicio a las 16hs del día martes 29 de diciembre. El proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) sería aprobado a las 4:12 del día miércoles 30. Doce horas que se sumaron a las extensas jornadas de debate que el tema había suscitado en los últimos años.

A las 4:12a.m, de norte a sur, de este a oeste, multitudes más pequeñas, más grandes, más diversas, estallaron a viva voz en un canto de justicia al ver que la pantalla se iluminaba de verde con mayoría afirmativa.

La Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo se sancionó la madrugada del 30 de diciembre del 2020 con 38 votos a favor, 29 en contra, 2 abstenciones y las plazas de casi todo el país repletas de esperanzas estoicas. La ley 27.610 entró en vigencia casi 30 días después, el 24 de enero del 2021.

Desde ese día, la clandestinidad dejó de ser una opción en Argentina y toda mujer y persona gestante tiene el derecho de interrumpir su embarazo hasta las 14 semanas de gestación de forma legal en un centro de salud pública.

Implementación y voluntad política

A tres años de aquella noche histórica se sabe que la implementación de la ley no ha sido un camino sin obstáculos. Sin embargo, son miles las mujeres y personas gestantes que, desde aquel 30 de diciembre, tienen una posibilidad que les había sido negada toda su vida: la de decidir libremente sobre sus cuerpos y su maternidad.

En Argentina, entre enero y octubre del año 2023, fueron 75.581 las intervenciones reportadas que logró recabar el Informe ImplementAR IVE-ILE de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud. De todas las intervenciones, se registraron 784 realizadas en la provincia de San Juan hasta octubre. Mientras que el año pasado, la cifra anual de procedimientos realizados fue de 1219.

En San Juan, poner en marcha la ley 27.610 no resultó sencillo. Mucho menos en un Gobierno que había obstaculizado el acceso a otros derechos sexuales reproductivos y no reproductivos como la Educación Sexual Integral (ESI).  Además, era de público conocimiento que los principales dirigentes políticos se habían expresado en contra de la legalización de la IVE. De hecho, si bien fue una sorpresa el voto afirmativo de Francisco Guevara (FdT) en la Cámara de Diputados, los tres senadores por San Juan [Roberto Basualdo (AC), Rubén Uñac (FdT) y Cristina López Valverde (FdT)] votaron en contra de la ley en la Cámara Alta.

En la provincia, el debate por la IVE se dio siempre de la mano con la demanda por la correcta implementación de la ESI (Ley 26.150) y de otras leyes como la 26.485 de Protección Integral a las mujeres.

Durante los primeros meses, entre procesos burocráticos y obstaculizaciones de distinto tipo, quienes velaban por el cumplimiento de la ley fueron las organizaciones feministas en coordinación con una red de profesionales de la salud. Así, agrupaciones como Las Hilarias (Socorristas en Red) y la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir de San Juan buscaban allanar el camino y acompañar a aquellas personas que decidían interrumpir sus embarazos.

En su trabajo de investigación, “Política de aborto en San Juan. Experiencias y desafíos a partir de su legalización” (2021),  la socióloga e investigadora Yanina Iturrieta (UNSJ) registra algunos de los principales nudos problemáticos en el comienzo de la implementación. La falta de políticas de información y comunicación por parte del Estado provincial, las negligencias de entidades claves para acceder al aborto como las obras sociales o las farmacias, la falta de centros de salud con equipos de IVE capaces de garantizarlo, las objeciones de conciencia, entre otros.

Si bien fueron miles quienes pudieron acceder a la interrupción de su embarazo a lo largo de estos tres años, el aborto no sólo consiste en el procedimiento medicamentoso con misoprostol o el legrado, sino en todas las prácticas previas y posteriores que hacen al acceso pleno e integral del derecho de manera respetada.  

La legitimidad del derecho a abortar no se limita a su aspecto jurídico, sino que incluye dimensiones políticas, culturales y sociales. Esa legitimidad hoy se encuentra en disputa. En esta disputa, resulta insoslayable el debate social de los últimos años”, escribe Yanina.

La discusión sobre los cuerpos feminizados vuelve cada tanto a ponerse sobre la mesa. Ya lo dijo Simone de Beauvoir hace muchas décadas: “Bastará una crisis política, económica o social para que los derechos de las mujeres –entre tantos otros- vuelvan a ser cuestionados”.

Si bien la IVE es un derecho vigente por ley (que aún no entra en las atropellantes modificaciones del nuevo Gobierno nacional), la implementación efectiva requiere de personal capacitado, presupuesto, formación y comunicación, entre muchas otras cosas. Sin voluntad política y recurso técnico, humano y económico, lograr su garantía resultaría de gran dificultad.

Banderas de Libertad

Frente a una reciente y alimentada apatía al progresismo, muchos parecen haber olvidado que, a lo largo de los años y los últimos gobiernos, los feminismos siguieron llevando sus banderas no sólo a Twitter, sino a la calle.

En plena pandemia, mientras algunos ocupaban el espacio público para quemar barbijos o colgar bolsas mortuorias, las feministas se organizaban con cuidado y precaución para conquistar lo que les había sido negado en el 2018 y tantos años antes.

Pero no fue sólo ese 30 de diciembre. Desde aquel primer #NiUnaMenos, el 3 de junio del 2015, los feminismos volverían a salir sin falta cada 8 de marzo, cada 3 de junio, cada 25 de noviembre. Incluso, el pasado 28 de septiembre (Día de Acción Global por el acceso al aborto legal y seguro) muchas organizaciones convocaron en manifestación contra el avance de la ultraderecha argentina que acabó ganando las elecciones. Entre todas las medidas de necesidad y urgencia decretadas por el presidente Javier Milei, no son muchas –ninguna– las que contemplen la emergencia en materia de desigualdad y violencia de género.

Hoy que se ponen en juego el derecho a la protesta y al espacio público, vale recordar lo que consiguieron unas cuantas de miles con organización, con redes, con tenacidad, con discusión política; con macro y micromilitancia.

Lo que para otros pudo haber sido sólo un día más, para un gran puñado de jóvenes significó que era verdad, que era posible; que las cosas podían transformarse con el poder de la lucha, que existía –tal vez por primera vez- algo más grande que nosotras mismas: la libertad colectiva.

Información para acceder a la intervención del embarazo