La empresa de seguridad no pagó los sueldos de diciembre y agravó el conflicto con los despedidos del Hospital Rawson
La empresa Hunter Security argumenta que la falta de pago es por una crisis financiera, aunque desde el sindicato aseguran que no hay papeles que demuestren dicha situación.
Un nuevo capítulo se abrió en el conflicto entre la empresa Hunter Security y los 118 trabajadores de seguridad del Hospital Rawson, despedidos en diciembre pasado. La Subsecretaría de Trabajo de San Juan intervino y fijó una audiencia ayer por la mañana. Las partes se reunieron con el objetivo de buscar una salida para los trabajadores, que continúan sin cobrar el salario de diciembre ni la indemnización correspondiente. La empresa se negó a cumplir con sus obligaciones y la audiencia concluyó sin respuestas favorables.
Tras perder una licitación clave, la empresa de seguridad privada Hunter desvinculó a 130 trabajadores, que conocieron la decisión el mediodía del 31 de diciembre pasado. Pese a conocer con antelación que no continuaría el contrato con el Estado, la firma optó por no notificar formalmente a los empleados sobre la finalización del vínculo laboral.
El conflicto se profundizó y el gremio UPSRA (Unión Personal de Seguridad de la República Argentina) solicitó la intervención de Franco Marchese, subsecretario de Trabajo de la provincia. Marchese dictó la conciliación obligatoria, lo que dejó a ambas partes en una instancia de negociación forzada. La empresa sostiene que no puede afrontar los pagos porque atraviesa una crisis financiera. Desde el gremio, sin embargo, aseguran que no existe documentación que respalde esa situación.
Si en la próxima audiencia del 10 de febrero no hay acuerdo, desde el sindicato tomarán medidas de fuerza.
Maximiliano Molinero, el asesor legal de UPSRA, señaló a La Mecha que Hunter «ofrece una indemnización de la mitad de lo que corresponde amparado en el articulo 247». Esa norma contempla el pago del 50% de la indemnización en casos de crisis empresarial. Sin embargo, el abogado aclaró que para aplicar ese artículo es necesario iniciar un procedimiento preventivo de crisis, algo que —según sostuvo— la empresa nunca realizó.
Entre otras irregularidades, Molinero denunció que la empresa citaba a los trabajadores a sus oficinas y los hacía ingresar a espacios donde no podían estar acompañados por un abogado ni filmar lo ocurrido. Allí les exigían firmar documentos que acreditaban el cobro total de la indemnización, cuando en los hechos se abonaba solo el 50% y en cuotas.
«Algunos trabajadores dijeron que ni siquiera te pagaban eso sino que lo absorbían con el salario: si debían en total 16 millones de indemnización, en vez de darte 8 millones más el salario de diciembre, te daban solo 8 millones», agregó.
En el mismo sentido, otra de las presentaciones del gremio ante la Subsecretaría de Trabajo apunta a la aplicación de una multa a la empresa. Según la ley, durante una conciliación obligatoria no pueden producirse modificaciones en la relación laboral: la empresa debe mantener los pagos y el sindicato abstenerse de realizar medidas de fuerza. El pedido de sanción se basa en la falta de pago de los salarios de diciembre.
Desde el sindicato aseguraron que continuarán con el reclamo hasta que todos hayan cobrado la indemnización de acuerdo al artículo 245, es decir el 100% de la compensación por despido.
Los detalles del despido
Al mediodía del 31 de diciembre, los trabajadores fueron convocados a las oficinas de la empresa, donde se les comunicaron los despidos. A pesar de que la firma ya sabía que no continuaría el contrato con el Estado, no notificó previamente ni el resultado de la licitación ni la finalización del vínculo laboral.
Desde el sindicato UPSA señalaron que en este tipo de recambios debe priorizarse la preservación de las fuentes laborales, que se lograría si la firma absorbe un porcentaje significativo del personal que ya venía prestando tareas.
Según indicó el referente sindical de UPSRA Pablo Abrego, ese porcentaje debería ubicarse entre el 70% y el 80%. Sin embargo, la hipótesis que manejan es que la empresa adjudicataria de la licitación, El Guardián —propiedad de un excandidato a la intendencia de Pocito por Cambia San Juan— no absorbió al personal de Hunter debido al alto costo que implica reconocer la antigüedad de algunos empleados.
«Una compañera que llevaba 16 años en la empresa fue recibida con un abogado y un escribano, y le ofrecieron $8.500.000. Además, el pago del sueldo lo hicieron por cheque, cuando en teoría debían abonarlo en la cuenta sueldo, que rondaría entre $400.000 y $500.000. Nosotros veníamos cobrando unos $1.400.000 brutos al mes”, denunció Enzo Maldonado, exempleado de la empresa, a Diario Huarpe.
Lo cierto es que la audiencia de conciliación obligatoria concluyó sin avances sobre el reclamo central: el pago de las indemnizaciones completas y las liquidaciones finales correspondientes a diciembre. La empresa mantuvo la misma postura que en instancias anteriores, aludiendo a una crisis financiera. El martes 10 de febrero se realizará una nueva audiencia y desde el sindicato advirtieron que, de no haber acuerdo, avanzarán con medidas de fuerza. Mientras tanto, 130 trabajadores continúan a la espera del cumplimiento de sus derechos laborales.
Raúl Morán, el dueño de El Guardián que se quedó con el contrato
Recientemente trascendió en Tiempo de San Juan y Diario Huarpe que la nueva empresa adjudicataria de la seguridad del hospital es El Guardián. La firma pertenece a Raúl Morán, un ex comisario que, tras retirarse, fundó su propia empresa de seguridad. Morán también fue candidato a la intendencia de Pocito en 2023, en una fórmula por el espacio Cambia San Juan, aunque no resultó electo.
Además, acumuló cobertura mediática por declaraciones polémicas sobre la última dictadura cívico-militar, que llegó a definir como “una guerra justa”. “Los terroristas se hacían llamar peronistas”, dijo en una entrevista con Acento en la Noticia, al vincular los movimientos revolucionarios de los años ’70 con el retorno de Juan Domingo Perón. En ese relato, desestimó la cifra de 30.000 desaparecidos y afirmó que fue “una construcción de la Juventud Peronista”.
También fue noticia cuando su yerno lo denunció por amenazas de muerte en medio de un conflicto familiar que involucraba un posible caso de violencia contra la hija de Morán.
La licitación pública N°0001/2026 solicita la contratación del servicio integral y permanente de vigilancia y seguridad desde el 1 de enero de 2026 al 30 de junio de 2027. El monto previsto para este servicio es de $8.351.138.016,00.