La batalla perdida de la Mesa del Agua

San Juan es un desierto que cuenta con un oasis que ocupa tan solo el 3,5% de su superficie total. Siendo el agua un derecho humano y también un recurso que se utiliza para todas las actividades productivas, es lógico que ante su escasez abunden las disputas por su control.

Actualmente, existen dos leyes que regulan el agua: la 13-A de Creación del Departamento de Hidráulica, redactada en 1942 y el Código de Aguas, del 1978. Para poner en contexto, antes del 47´ no existía el voto femenimo a nivel nacional y desde el 76´ al 83´ Argentina estaba en dictadura. Pero más allá de estos datos que reflejan el momento histórico de creación de las legislaciones, existe otra clave: estas leyes se pensaron para un San Juan donde no existían diques.

//Leé también: A 40 AÑOS DE DEMOCRACIA, EN SAN JUAN EL AGUA SE ADMINISTRA CON UNA LEY DE LA DICTADURA  

Es en este contexto de legislaciones vetustas y bajo el azote de una crisis hídrica histórica, que la Mesa del Agua presentó en noviembre de 2022 el flamante proyecto de Ley de Fomento de la Eficiencia y Sostenibilidad Hídrica. 

De manera resumida, el proyecto contó con cinco puntos claves que incluían:

• La recarga del acuífero como una política de Estado.
• Un sistema de información hídrica que sea público.
• Un plan de obras para que los productores cambiaran su sistema de riego.
• Convenios para facilitar el acceso al agua a pequeños productores.
• La entrega de agua a demanda. 

Ramiro Cascón, secretario de Agua y Energía, en diálogo con La Mecha explicó una de las ideas centrales del proyecto: “La ley actual está pensada para un momento donde no había diques, entonces se entrega el agua que viene del río entre los distintos usuarios. Se calcula en función de un coeficiente, es decir una proporcionalidad que se basa en las variaciones del río. Entonces nosotros no queríamos cambiar las reglas de juego sino interpretar un coeficiente que intentaba ser equitativo en una época donde no existía otra forma, a un concepto de entrega a demanda manteniendo la equidad según la fecha que demanda cada cultivo”. 

El concepto de entrega a demanda que planteó la ley buscaba además solucionar el problema del calendario de riego. Es que la ley actual está pensada en función de la demanda de agua de los cultivos de vid que siempre fueron mayoritarios. Sin embargo en los últimos años proliferaron otros como el tomate, el ajo, la cebolla, el pistacho, los olivos, entre otros. En este sentido Cascón explicó: “El productor que hace tomate de industria y cosecha el 15 de enero, le sigue llegando agua a su compuerta aunque ya no la necesite. Es una torpeza entregar agua a un cultivo que ya terminó su ciclo. O los que tienen cultivo de invierno no puedan recibir porque el cultivo mayoritario (vid) marca el calendario de riego.”

La resistencia y el comienzo de la batalla

A simple vista resulta lógico que la provincia necesita un cambio de legislación respecto a la administración hídrica. Por la anacronía presente en las leyes, por la ineficiencia, por la preocupante sequía y también por el exceso de poder de un sector agrícola tradicional que utiliza más del 85% del recurso y tiene la mitad de los asientos en el máximo organismo de toma de decisiones del Gobierno Provincial, que es el Consejo de Hidráulica.

//Leé también: LA CASTA DEL AGUA 

Entonces, ¿cómo fue que un proyecto de ley clave para San Juan que entró en la Cámara de Diputados finalmente fue desarticulado? 

Para comprender este proceso, La Mecha dialogó con Federico Sanna, abogado especialista en derecho ambiental y de aguas y participante de la Mesa del Agua. “En el mes de junio la Cámara de Diputados convoca a una reunión explicativa sobre el proyecto y luego de eso se empieza a generar una resistencia muy grande en algunos grupos de productores. Esta tenía que ver con temor a que el proyecto implique quita de derechos de concesiones agrícolas o restringirlos de manera autoritaria, que no era el espíritu ni el contenido de la ley”.

Tanto Cascón como Sanna hicieron hincapié en el espíritu de consenso del proyecto. No se buscó aprobar una ley de “prepo” sino construir consenso en una legislación en la que la mayoría de sus modificaciones eran de carácter voluntario, es decir que los productores podían acceder o no a los cambios y además conseguir beneficios en ese intercambio. 

Cabe destacar que desde el punto de vista legal, una vez que el proyecto accede a la Cámara es potestad de los legisladores su tratamiento. Por lo tanto la ley podría haber sido aprobada por esta vía pero entraba en contradicción con el espíritu de consenso del proyecto.

“Lamentablemente no se pudo explicar claramente el espíritu del proyecto y finalmente en una convocatoria en Hidráulica los productores pidieron la suspensión del tratamiento en la Cámara de Diputados”. Relató Federico Sanna.

Es en este marco que el diputado Jorge Barifusa, presidente de la Comisión de Obras y Servicios Públicos, presenta una nota al SAE Ramiro Cascón donde comunica que finalmente “se ha decidido no emitir despacho del Proyecto de Ley”…”Hasta tanto existan los consensos necesarios de los Consejeros, Regantes y Cámaras de Productores”.

Además el secretario de Aguas y Energía narró el proceso de diálogo con los productores: “El argumento en contra tenía que ver con el convencimiento de que había alguna frase oculta que los perjudicaba. Por eso dejamos el proyecto varios meses para que las entidades de productores pudieran consultar con abogados y realizar agregados y demás. Desgraciadamente no logramos que tuvieran convencimiento de que la ley no los perjudicaba”.  

En tan solo un mes del recambio de autoridades que implica la asunción de un nuevo Gobierno Provincial, resulta fundamental que los dirigentes entrantes enfoquen sus energías en la creación de un nuevo marco legal acorde a la actualidad. Con nuevas formas de distribuir agua y garantías de eficiencia. No existen obras ni desarrollos técnicos que garanticen sostenibilidad hídrica si la legislación es anacrónica.