Inicio combativo, conciliaciones obligatorias, concesiones del Gobierno, un acuerdo y una deuda pendiente: así fue el 2025 de los docentes sanjuaninos
Un año de tensión, paros y negociaciones fallidas. El conflicto docente en San Juan se encauzó en abril con una recomposición salarial. El acuerdo no cerró la discusión de fondo: los gremios sostienen que la pérdida de poder adquisitivo acumulada sigue sin resolverse.
El 2025 cierra con un acuerdo entre el Gobierno de San Juan y los gremios docentes UDAP, UDA y AMET. El pasado 16 de diciembre la negociación paritaria cerró con un aumento de cinco puntos en el Código E60, que pasará a tener un valor de 44 puntos por índice. Además, se suma un incremento de cuatro puntos en todos los cargos del nomenclador docente para enero de 2026. El acuerdo es un alivio para el Gobierno provincial en un año que prometía un conflicto docente difícil de destrabar.
El ciclo lectivo empezó con una movilización de 1500 docentes al Centro Cívico y dos paros docentes en menos de diez días. Fue tal la escala del conflicto, que el Ejecutivo provincial tuvo que pedir la intervención de la Subsecretaría de Trabajo. Con una conciliación obligatoria (vale decir que prorrogada) de por medio y sin posibilidad de realizar medidas de fuerza, los docentes y el Gobierno tuvieron que sentarse a negociar en un año electoral.
Con el fantasma del conflicto docente durante el mandato de Sergio Uñac que puso patas para arriba al gobierno, el orreguismo entendió que era mejor tener a los docentes de su lado. El proceso de negociación fue tenso desde el inicio. Karina Navarro, de UDA, describió inicialmente a la paritaria como «difícil» y «atípica», y afirmó que cada vez que iban a negociar la propuesta oficial empeoraba.
El primer paro del año, el 24 de febrero, tuvo un acatamiento del 90%, según el relevamiento de los sindicatos. El mismo día que comenzó el ciclo lectivo en San Juan los docentes se agolparon en la puerta del Centro Cívico para reclamar la reapertura de paritarias que el Ejecutivo provincial decidió cerrar por falta de acuerdo.
«Estamos tras una recomposición salarial. Nos dan una migaja«, señaló a La Mecha Karina Navarro, de UDA, en esa movilización. La molestia de los sindicatos fue porque le Gobierno liquidó los salarios de febrero con un 2% de aumento y dijo que «es lo que hay», dejándolos sin posibilidad de negociar.
El diálogo roto entre los funcionarios y los sindicatos se daba luego de que el Ejecutivo marcara una postura clara: «no hay plata». Entonces, los sindicatos acusaron al Gobierno de «liquidar los salarios arbitrariamente».
Apenas 9 días después, los gremios convocaron a un nuevo paro y movilización. No quedó claro cuántos maestros se ausentaron realmente de las escuelas ese 5 de marzo. Los gremios difundieron altas cifras y la parte oficial dijo ese día que la asistencia docente a las escuelas en el turno mañana había sido de más del 75%. Tras reiteradas medidas de fuerza de los gremios, y ante la amenaza de continuar con las movilizaciones, los representantes fueron llamados a negociar.
Sin embargo, lo que querían los sindicatos era negociar los sueldos de febrero y marzo. El Gobierno, por su parte, los convocaba a dejar atrás los salarios de esos meses y comenzar a negociar los sueldos de abril. Los sindicatos se mantuvieron firmes y no aceptaron reunirse.
La postura del Gobierno provincial siempre fue la misma. El ministro de Hacienda y Finanzas, Roberto Gutiérrez, manifestaba públicamente que la provincia había sufrido una caída en la recaudación del 10%, por lo que el Gobierno estaba atado de manos para mejorar la propuesta salarial. Además, el funcionario se excusaba en la falta de financiamiento tras la caída de las transferencias desde Nación. Sin embargo, desde los gremios reclamaban «que se pongan los pantalones y se pongan firmes con Nación«, como expresó en su momento Daniel Quiroga, secretario general de AMET.
Abril, el punto de quiebre
En este punto el tira y afloje entre ambos sectores no daba tregua y todo apuntaba a que el conflicto escalaría. El Gobierno no lograba destrabar el conflicto y la amenaza con nuevos paros docentes lo llevó a requerir la intervención de la Subsecretaría de Trabajo. Llegó la conciliación obligatoria ante la amenaza de nuevas medidas.
En la primera reunión de conciliación obligatoria de mediados de marzo, el Gobierno decidió dar marcha atrás con el descuento del último día de paro y revisar el acuerdo febrero-marzo. La segunda reunión de conciliación se presentó con una propuesta de pago de una suma fija. Los docentes eran claros: querían que la negociación «no sea sobre un IPC (inflación), sino trabajar sobre nuestro salario docente», según decía Karina Navarro de UDA.
La conciliación impedía que los docentes realizaran paros y, al mismo tiempo, se desarrollaba contrarreloj, ya que estaba a punto de vencer el plazo que obligaba a las partes a acordar. Finalmente fue prorrogada hasta mediados de abril, dándole al Gobierno una ventana para negociar. Todo esto ocurría mientras un informe de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano ubicaba a San Juan entre las nueve provincias que peor les pagan a sus docentes.
En abril de 2025, un docente sin antigüedad cobraba alrededor de 560 mil pesos, mientras que la canasta básica total superaba el millón de pesos.
«Gobernar es administrar prioridades», decía el gobernador en rueda de prensa. El mandatario insistía en que había que analizar bien la situación ya que «no se trata solo de los docentes, sino de toda la administración pública, osea más de 500.000 empleados». El funcionario se excusaba en la baja de la recaudación y en ser prudentes con los gastos.
«No es que no quiera, no puedo. Una cosa es querer y otra cosa es poder. Y yo quiero siempre», aseguraba entonces Orrego.
Aun así, el Ejecutivo mostró voluntad de seguir negociando, siempre bajo la bandera de la “austeridad” de la gestión orreguista. Mientras Roberto Gutiérrez aseguraba que en marzo la recaudación provincial había caído un 10 % intermensual, los gremios seguían expresando su inconformidad.
El boleto escolar gratuito y la tregua
En abril llegó el anuncio del boleto escolar gratuito que ayudó a apaciguar el clima. Lo que decían algunos delegados escolares es que Orrego empezó a ver fantasmas: quiso ganar tiempo y diluir un conflicto que empezaba a generar mucho descontento en la docencia. El recuerdo de los paros autoconvocados que pusieron contra las cuerdas al gobierno de Sergio Uñac en 2023 habría pesado en la decisión de ofrecer un guiño al sector.
Ese mismo mes, los gremios docentes aceptaron un acuerdo que contemplaba una actualización mensual automática según IPC para abril, mayo, junio y julio. También recibieron una mejora escalonada del nomenclador docente. Por último, en esa reunión se llegó a acordar un incremento salarial del 10 % sobre el salario básico docente, retroactivo a marzo, y se decidió no aplicar descuentos por los días de paro previos (de febrero y marzo).
Tras el acuerdo que destrabó la paritaria en abril, mayo comenzó con una relación más previsible entre los sindicatos docentes y el Gobierno provincial. La clave fue que ambas partes aceptaron, explícita o implícitamente, que el escenario económico no permitía una recomposición fuerte del salario real en el corto plazo, pero sí una actualización continua para evitar un mayor deterioro.
El Ejecutivo provincial planteó desde entonces una estrategia de aumentos escalonados, atados a la inflación y complementados con puntos adicionales en el nomenclador, mientras que los gremios —principalmente UDAP, UDA y AMET— resolvieron priorizar la negociación antes que la confrontación directa.
Durante mayo y junio, el clima fue de prudente tregua. Los gremios remarcaron que los aumentos acordados no alcanzaban para recuperar lo perdido en la primera gran devaluación del 25%, ese impacto no fue compensado en los salarios docentes. De igual forma, valoraron que el salario comenzara a moverse con mayor regularidad.
El Gobierno, por su parte, insistió en que la provincia estaba haciendo un “esfuerzo máximo” en un contexto de caída de recursos nacionales y ajuste fiscal generalizado. No hubo paros en esos meses, y las declaraciones sindicales se concentraron más en advertencias que en amenazas.
El punto más relevante de ese tramo fue el acuerdo que llevó las mejoras salariales hasta julio, combinando la actualización por inflación con incrementos en el valor índice y puntos adicionales que impactaron en distintos cargos. Un punto medio. Ese esquema consolidó una lógica que se mantendría durante el resto del año: acuerdos de corto alcance, revisiones periódicas y compromiso de reabrir la discusión.
Desde los gremios se aceptó ese formato como una forma de sostener ingresos en un contexto adverso, aunque sin dejar de remarcar que el salario básico seguía rezagado.
En el segundo semestre, entre agosto y octubre, la negociación continuó con menor exposición pública. El vínculo entre sindicatos y Gobierno fue menos confrontativo, pero también más frío. No hubo grandes anuncios ni saltos salariales significativos, sino ajustes que acompañaron la inflación mensual y evitaron nuevas caídas abruptas del poder adquisitivo.
Si bien en octubre hubo un paro docente que tuvo un acatamiento de 98% de los maestros en San Juan, fue convocado en todo el país por parte de la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) y, en sus declaraciones, los gremios docentes apuntaron a la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y la Conectividad, ambos ítems que dejó de enviar la Nación y, en el caso de San Juan, quedaron a cargo de la provincia.
En varias oportunidades, dirigentes sindicales señalaron que el salario docente seguía lejos de cubrir la canasta básica y que la recuperación era apenas parcial, pero esas críticas no derivaron en medidas de fuerza.
Llegó el acuerdo, pero con una deuda pendiente
Hacia noviembre y diciembre, la paritaria volvió a ganar visibilidad. Con el cierre del año en el horizonte, los sindicatos reclamaron definiciones claras para no llegar a 2026 con salarios licuados por la inflación. El Gobierno convocó a nuevas reuniones y presentó una propuesta que incluyó aumentos para diciembre y enero, manteniendo el criterio de actualización vinculada al IPC y sumando puntos en algunos ítems del nomenclador.
El acuerdo fue aceptado, no sin reparos: desde los gremios se remarcó que el salario seguía “atrasado” y que lo firmado no implicaba una recomposición real, sino una contención del deterioro.
El balance del período mayo–diciembre muestra una negociación menos conflictiva, más técnica y sostenida en el tiempo. El Gobierno logró evitar nuevos paros y mantener la gobernabilidad del sistema educativo, mientras que los sindicatos conservaron la mesa paritaria abierta y aseguraron aumentos regulares.
En cifras, los aumentos fueron importantes en términos nominales pero menores que la inflación. Por ejemplo, el sueldo básico (A01) para maestro de grado simple pasó de $207.434 en mayo de 2024 a $425.904 en diciembre 2025 es decir un incremento nominal superior al 100%.
El problema aparece al contrastar ese crecimiento con la evolución de los precios. Durante 2024, la inflación fue del 118%, y en 2025 se sumó otro 28% acumulado. Es decir, en dos años el costo de vida aumentó más de lo que crecieron los salarios docentes. Por eso, aunque el ingreso nominal subió, el salario real —la capacidad efectiva de compra— siguió deteriorándose.
Según los gremios, los aumentos de 2025 apenas permitieron frenar la caída, pero no compensaron la pérdida acumulada tras la devaluación salarial de 2023 y 2024, dejando a los docentes con ingresos aún por debajo de sus necesidades básicas.
El Gobierno asegura que es el mejor acuerdo salarial de los últimos 10 años y que no se les descontó un solo día de paro. Además, dicen que hubo más diálogo que en las últimas gestiones.
Lo que no se logró fue revertir la pérdida acumulada de años anteriores. Por eso, hacia el cierre de 2025, el consenso implícito fue que el conflicto docente no estaba cerrado: había sido postergado y ordenado, a la espera de un escenario económico que permitiera discutir algo más que la mera supervivencia del salario.
Con los ajustes acordados en 2025 (evaluación mensual por inflación y puntos extra), sólo parte de la pérdida anterior pudo recuperarse. En la práctica, el incremento real resultó negativo (inflación > aumento nominal) y los sindicatos advirtieron que los sueldos aún no cubren las necesidades básicas.