El escenario de San Juan ante la coparticipación en baja y las pérdidas millonarias que podría tener por la reforma laboral

Tres de cada cuatro pesos que San Juan proyecta para su presupuesto provienen de recursos de origen nacional. El dato no es nuevo, pero sí adquiere otra dimensión en un contexto de recorte sostenido de fondos y reformas tributarias en discusión. Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la provincia es la sexta más dependiente del país de transferencias nacionales, una condición que la vuelve especialmente sensible a cualquier cambio en la recaudación federal.

Esa dependencia no es una excepción local. En promedio, los Recursos de Origen Nacional explican el 70,3% de los ingresos de las provincias argentinas. En el caso sanjuanino, el Proyecto de Presupuesto 2025 presentado por el Ministerio de Hacienda y Finanzas eleva esa proporción al 75,23%, confirmando una estructura fiscal con escaso margen propio.

El problema es que el 2026 arrancó con señales preocupantes. En enero, la coparticipación federal registró una caída real interanual del 7,5%. Para San Juan, eso se tradujo en un descenso del 2,6% en los fondos enviados por Nación, una pérdida estimada en más de $14.000.000. En una provincia con base tributaria limitada, el impacto no es menor: menos recursos nacionales implican menos capacidad de sostener gasto corriente, obra pública y políticas sociales.

Ese escenario se agrava con una segunda discusión que asoma en el Congreso. La denominada Ley de Modernización Laboral, que el oficialismo busca debatir el próximo 11 de febrero, incluye en los artículos 190 y 191 cambios en la alícuota del impuesto a las Ganancias, uno de los tributos más relevantes para la coparticipación. Ganancias y el IVA concentran el 95% de la masa coparticipable, por lo que cualquier modificación en su recaudación repercute de forma directa en las cuentas provinciales.

De acuerdo a estimaciones ya difundidas en informes técnicos, la reducción de la alícuota de Ganancias implicaría para San Juan una pérdida cercana a los $36.700 millones anuales hacia 2027.

No se trata de una proyección aislada: un informe atribuido al diputado nacional Guillermo Michel calculó que el impacto total de la reforma alcanzaría los $3,1 billones en 2026, de los cuales $1,7 billones corresponderían a las provincias por coparticipación.

La advertencia encuentra a San Juan en una posición incómoda. Según el CEPA, la provincia ocupa el sexto lugar entre las más dependientes de fondos nacionales, detrás de Formosa, La Rioja, Catamarca, Chaco y Jujuy. La combinación de menor coparticipación y cambios en Ganancias reabre una pregunta clave: ¿hasta dónde está dispuesto el Ejecutivo provincial a acompañar una reforma que puede debilitar sus propios ingresos?

Durante la campaña legislativa de 2025, el gobernador Marcelo Orrego insistió en que su gestión administra con un 60% menos de fondos nacionales que gobiernos anteriores. El dato dialoga con otro recorte estructural: las transferencias discrecionales desde Nación cayeron más de un 50% desde 2023, y San Juan no fue la excepción.

¿Por qué San Juan recibió menos fondos nacionales en 2026?

Para dimensionar el problema conviene recordar qué es —y qué no es— la coparticipación federal. No se trata de un subsidio ni de una ayuda, sino de recursos que el Estado nacional recauda y distribuye según porcentajes fijados por ley. Este dinero proviene principalmente de impuestos como el IVA, el impuesto a las Ganancias, los impuestos internos y una parte de los impuestos a Combustibles.

La Ley de Coparticipación Federal establece que Nación retiene el 42% de la masa, las provincias el 56% y el 2% restante se destina a los ATN. A San Juan le corresponde aproximadamente el 3% de ese reparto.

La caída reciente de fondos no responde a una decisión discrecional del Ejecutivo nacional, sino al desplome de la recaudación de impuestos clave. El IVA, principal motor de la coparticipación, registró una baja real del 11,3% en un contexto de retracción del consumo y enfriamiento de la actividad económica. Menos ventas, menos IVA; menos IVA, menos coparticipación.

La pulseada de los gobernadores

Algunos gobernadores dialoguistas (como Gustavo Sáenz de Salta, Osvaldo Jaldo de Tucumán y Raúl Jalil de Catamarca) endurecieron su posición y plantearon que acompañaran la propuesta legislativa de reforma laboral solo si hay una compensación para sostener los ingresos de las provincias. Los gobernadores hablaron de no resignar fondos y proponen que el Gobierno vuelva a coparticipar el impuesto al Cheque, además de apoyos extra para obras viales y de infraestructura estratégica.

Mientras tanto, los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), reclama un debate punto por punto y sin apuro legislativo. Una posición similar adoptaron Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy), Claudio Vidal (santa Cruz) y Rolando Figueroa (Neuquén).

¿Dónde se posiciona San Juan en esta negociación?

Marcelo Orrego expresó públicamente su apoyo a la reforma laboral y cuestionó el carácter “arcaico” del régimen vigente. Sin embargo, evitó pronunciarse sobre los artículos que impactan en la recaudación provincial.

El orreguismo ha construido hasta ahora una relación oscilante con la Casa Rosada: acompañamiento legislativo selectivo, diálogo permanente y reclamos puntuales por obras que, según el propio gobernador, no están contempladas en el presupuesto nacional.

Con solo dos bancas en la Cámara de Diputados, el poder de fuego del gobernador parece limitado. Sin embargo, la relación entre el mandatario provincial y Javier Milei ha mostrado signos de acercamiento. Fue uno de los gobernadores convocados a la reunión con el Presidente en octubre pasado y recientemente ha manifestado públicamente su apoyo a iniciativas oficialistas como la modificación de la Ley de Glaciares o la ya mencionada Ley de Modernización Laboral. La pregunta que queda flotando es si esa estrategia será sostenible con recursos económicos a la baja o si el Gobernador deberá endurecer su postura con Nación en pos de sostener las arcas provinciales.