Dos sanjuaninos en el “top 50” de créditos hipotecarios a funcionarios: quiénes son y cuánto deben
En medio del revuelo nacional, datos oficiales exponen créditos millonarios a funcionarios y reavivan el debate por posibles privilegios.
En medio de la polémica por los préstamos hipotecarios millonarios que el Banco Nación otorgó a funcionarios y legisladores —en su mayoría vinculados a La Libertad Avanza—, dos sanjuaninos quedaron dentro del “top 50” de esos créditos. Se trata del senador nacional Bruno Olivera y de la ex diputada nacional Fabiola Aubone.
El informe, junto con la visualización de los datos, fue elaborado por el programador Andrés Snitcofsky, conocido en redes como @rusosnith. La información se procesó y difundió a través de la plataforma “¿Cuánto Deben?”, también desarrollada por él. Según aclaró el propio visualizador, “esto es el top 50 de los 1440 funcionarios, legisladores y jueces/fiscales que nosotros cargamos, no del total de todos los créditos otorgados por el BNA”.
Dentro de ese “top 50” de los créditos hipotecarios más altos aparecen el senador sanjuanino Bruno Olivera y la ex diputada Ana Fabiola Aubone -hoy asesora de Sergio Uñac en el Senado-.
Según los datos, Olivera registra una deuda de 33 millones de pesos, mientras que Aubone figura con un crédito de 22 millones, ambos valores actualizados a enero de 2026. Aubone, además, ya no ocupa una banca desde diciembre de 2025. En el ranking, Olivera se ubica en el puesto 47 y Aubone en el 49.
La información surge de los registros públicos de la Central de Deudores del Banco Central. Sobre esa base, el medio Chequeado elaboró un informe detallado —“El Explicador”— sobre los créditos otorgados a funcionarios del gabinete de Javier Milei y legisladores libertarios. A través de gráficos y reportes de investigación, el trabajo muestra que figuras de alto rango accedieron durante 2025 a préstamos de hasta 400 millones de pesos bajo la modalidad UVA.
Mientras la oposición reclama precisiones para descartar posibles beneficios o irregularidades en la evaluación de riesgos, los involucrados y el Banco Nación sostienen que los procesos fueron estándar y transparentes. El análisis, construido a partir de datos públicos procesados digitalmente, compara las deudas entre distintos espacios políticos y busca determinar si se trata de una política crediticia general o de un acceso privilegiado.
Según los datos difundidos, al menos nueve funcionarios y legisladores vinculados al oficialismo accedieron a créditos del Banco Nación por montos que, en conjunto, superan los 2.500 millones de pesos. Entre ellos aparece Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior y asesor del ministro Luis Caputo, con una deuda inicial de 373 millones desde febrero de 2025.
También figura Federico Furiase, actual secretario de Finanzas, con 367 millones; Juan Pablo Carreira, director de Comunicación Digital, con 112 millones; y Emiliano Mongilardi, director de YPF, con más de 309 millones. A su vez, los diputados Alejandro Bongiovanni, Mariano Campero y Lorena Villaverde registran deudas que oscilan entre los 230 y los 279 millones, según el período.
El diputado Esteban Paulón, del espacio Provincias Unidas, presentó un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo detalle las condiciones en que se otorgaron estos créditos. Entre los puntos planteados, solicita saber si hubo excesos en los límites para personas políticamente expuestas, si se aprobaron préstamos con dictámenes técnicos desfavorables o si existieron resoluciones excepcionales.
“La difusión de créditos de hasta 400 millones a funcionarios genera más dudas que certezas”, escribió en su cuenta de X. Y agregó: “El banco público es de todos y no puede estar al servicio de unos pocos”.
Los dirigentes mencionados rechazaron haber recibido beneficios indebidos. El diputado Mariano Campero aseguró que se trató de una línea hipotecaria en UVA abierta a cualquier ciudadano que cumpliera los requisitos, y que la información es pública.
En la misma línea, Alejandro Bongiovanni sostuvo que accedió al crédito en “condiciones generales” y negó irregularidades. “No hubo tasas ni plazos preferenciales. Eran las condiciones vigentes para todos los que cobraban en el banco”, afirmó.
Por su parte, el Banco Nación difundió un mensaje institucional en el que destacó su peso en el mercado hipotecario. “Nueve de cada diez créditos en la Argentina los otorga el Banco Nación”, señaló.
La entidad informó que ya concedió más de 27 mil préstamos y remarcó que el proceso es homogéneo, sin excepciones, con circuitos digitalizados que permiten escriturar en unos 30 días. También recordó que existen líneas específicas para empleados públicos, como “+Hogares sector público”, que financia hasta el 90% del valor del inmueble.
Según consignó La Nación, desde el banco señalaron que muchos funcionarios accedieron a estas líneas, aunque siempre bajo criterios de evaluación crediticia.
