Despidos, indemnizaciones cuestionadas y reclamo sindical en el Hospital Rawson: cuál fue la empresa que ganó la licitación
La decisión se comunicó el 31 de diciembre y alcanzó a 130 empleados, en un proceso que luego derivó en planteos gremiales y administrativos.
Tras perder una licitación clave, la empresa de seguridad privada Hunter desvinculó a 130 trabajadores. La decisión generó un fuerte malestar entre el personal, que desde entonces se expresó en redes sociales y denunció la forma en la que les comunicaron la noticia. El mediodía del 31 de diciembre pasado, los trabajadores fueron convocados a las oficinas de la empresa que, pese a saber que no continuaría el contrato con el Estado, decidió no notificar formalmente a los trabajadores sobre el resultado ni sobre la finalización del contrato.
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“Una compañera que llevaba 16 años en la empresa fue recibida con un abogado y un escribano, y le ofrecieron $8.500.000. Además, el pago del sueldo lo hicieron por cheque, cuando en teoría debían abonarlo en la cuenta sueldo, que rondaría entre $400.000 y $500.000. Nosotros veníamos cobrando unos $1.400.000 brutos al mes”, denunció Enzo Maldonado, exempleado de la empresa, a Diario Huarpe.
Hasta fines del año pasado, la empresa Hunter brindaba servicios de seguridad en el Hospital Dr. Guillermo Rawson. Tras perder la licitación, la empresa inició la desvinculación de más de 100 vigilantes. Desde la compañía señalaron que sin ese contrato con el Estado resulta imposible sostener esos puestos de trabajo.
Desde la Unión Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSA) explicaron que el proceso licitatorio se realizó con antelación y fue conocido por todas las empresas del sector. “La licitación se llevó adelante con la participación de varias firmas, y una resultó adjudicada por presentar un valor hora competitivo”, explicó el delegado regional, Pablo Abrego. Hunter decidió no notificar formalmente a los trabajadores sobre la finalización del contrato.
“Se aplicó un artículo que no corresponde a la actividad de los vigiladores y que reduce de manera indebida los montos indemnizatorios”, señaló el dirigente sindical.
Los trabajadores señalaron que la nueva empresa sólo incorporó a una parte mínima del personal: apenas 13 de los 130 vigiladores fueron tomados. Además, según el testimonio del exempleado a Diario Huarpe, aún se desconoce si en la nueva compañía les reconocerán los años de antigüedad, que en algunos casos llegan hasta los 30 años.
Desde el sindicato UPSA señalaron que en este tipo de recambios debe priorizarse la preservación de las fuentes laborales, que se lograría si la firma absorbe un porcentaje significativo del personal que ya venía prestando tareas. Lo ideal, según el representante sindical Abrego, es que ese porcentaje sea del 70% al 80%.
El gremio solicitó una audiencia ante la Secretaría de Trabajo para exponer el conflicto y exigir que se respeten los derechos laborales.
Raúl Morán, el dueño de El Guardián que se quedó con el contrato
Recientemente trascendió en Tiempo de San Juan y Diario Huarpe que la nueva empresa adjudicataria de la seguridad del hospital es El Guardián. La firma pertenece a Raúl Morán, un ex comisario que, tras retirarse, fundó su propia empresa de seguridad. Morán también fue candidato a la intendencia de Pocito en 2023, en una fórmula por el espacio Cambia San Juan, aunque no resultó electo.
Además, acumuló cobertura mediática por declaraciones polémicas sobre la última dictadura cívico-militar, que llegó a definir como “una guerra justa”. “Los terroristas se hacían llamar peronistas”, dijo en una entrevista con Acento en la Noticia, al vincular los movimientos revolucionarios de los años ’70 con el retorno de Juan Domingo Perón. En ese relato, desestimó la cifra de 30.000 desaparecidos y afirmó que fue “una construcción de la Juventud Peronista”.
También fue noticia cuando su yerno lo denunció por amenazas de muerte en medio de un conflicto familiar que involucraba un posible caso de violencia contra la hija de Morán.
La licitación pública N°0001/2026 solicita la contratación del servicio integral y permanente de vigilancia y seguridad desde el 1 de enero de 2026 al 30 de junio de 2027. El monto previsto para este servicio es de $8.351.138.016,00.
Otro caso que quedó bajo la lupa
Un caso similar sucedió en la empresa El Huarpe, que también tiene contratos con el Estado. La firma es propiedad de Daniel Cárcamo, ex funcionario de la gestión de José Luis Gioja. Allí, 30 trabajadores fueron despedidos en 2025 y la empresa les ofreció sólo el 50 % de la indemnización, argumentando que se redujeron los servicios contratados por el Ministerio de Salud Pública.
Según la compañía, los despidos se debían a “la no continuidad de los servicios brindados en distintos centros de salud”, como en el microhospital Báez Laspiur y el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de Pocito.
Daniel Cárcamo fue director de Control Operativo del Centro Cívico y, en 2009, fundó su propia empresa de seguridad. También fue presidente de la Cámara de Servicios Mineros (Casemi) entre 2021 y 2023, durante la administración uñaquista. Desde entonces, su firma mantiene contratos en el sector público —en hospitales, fábricas, industrias y estaciones de servicio, entre otros— y también tiene presencia en el sector minero.