Denuncian penalmente a la gestión de Orrego por direccionar compras de casi $4.800 millones a un socio político y exjefe del partido
La presentación apunta a José Nazareno Gazze y detalla 465 adjudicaciones, posibles sobreprecios y uso sistemático de mecanismos excepcionales.
La cifra es difícil de explicar: 465 compras directas en poco más de dos años, por un total de $4.794.159.559,54, a un mismo empresario. La Mecha accedió de forma exclusiva a una denuncia penal presentada en San Juan por Pablo Alberto Firmapaz, que expone la «la sugestiva y extravagante concentración de compras directas al mismo proveedor por el Estado».
La presentación se hizo ante el Ministerio Público Fiscal, y estará a cargo de Francisco Pizarro, el mismo fiscal que investiga la causa por los caños del acueducto Gran Tulum que involucra a la gestión de José Luis Gioja y Sergio Uñac.
La denuncia apunta contra la administración de Marcelo Orrego y contra el empresario José Gazzé, amigo y socio político del gobernador, que fue beneficiado por una serie de contratos millonarios con el Estado sanjuanino.
La Justicia deberá determinar si detrás de las concesiones directas hubo un posible mecanismo de favorecimiento sostenido con fondos públicos.
La denuncia señala a José Nazareno Gazzé como el beneficiario reiterado de contrataciones estatales entre 2024, 2025 y febrero de 2026. Gazzé fue diputado proporcional por el Basualdismo del 2007 al 2011 y es un empresario muy vinculado al espacio político del Gobernador.
A esto se le suma también que en la lista de candidatos a senadores de Juntos por el Cambio en 2023 aparece como primer suplente Diego Gazzé, hijo del empresario en cuestión.
En la arquitectura legal del Estado, la compra directa es un recurso excepcional. Según la legislación, para que proceda un sistema de contratación directa se tienen que dar una serie de requisitos o recaudos, como una situación manifiesta de necesidad y urgencia. La regla general ante tiempos administrativos normales es el proceso de licitación, donde las empresas concursan por el contrato del Estado.
Lo que denuncia la presentación es que esa herramienta excepcional habría sido utilizada de manera reiterada para evitar los concursos y así sostener un circuito que benefició reiteradamente al mismo empresario, es decir que un solo proveedor se quedó con 465 compras directas en poco más de dos años sin que el Estado advierta una anomalía.
La librería de los huevos de oro
Visto en perspectiva, el flujo de fondos públicos hacia el comercio de José Gazzé exhibe una dimensión difícil de pasar por alto. De acuerdo con el cálculo incluido en el texto, el ritmo de ingresos provenientes del Estado sanjuanino sería de $6,17 millones por día, $43,2 millones por semana y $188 millones por mes. Son números llamativos para el comercio JL que cuenta con solo cuatro locales en la provincia.
Otro aspecto que refuerza las dudas es la amplitud de rubros por los que es contratado. Gazzé es conocido en San Juan como comerciante vinculado a la venta de artículos de librería y descartables, y también por haber sido años atrás propietario de JL Videoclub, un negocio que desapareció con el cambio de época y de tecnologías. Sin embargo, en el detalle de compras aparecen bienes y servicios que exceden de manera evidente esa actividad principal.
Aunque José Nazareno Gazzé está inscripto en ARCA para vender una amplia variedad de productos, resulta llamativo que haya sido elegido para cubrir necesidades en áreas donde existen proveedores específicos que, en principio, podrían ofrecer mejores precios o mayor especialización. (Ver todas las compras acá)
Entre esos conceptos figuran más de $165 millones en módulos alimentarios, $50 millones en canastas navideñas y $114 millones por “artículos esenciales para el funcionamiento del proyecto de colonias de verano 2025 s/detalle”.
A eso se suman gastos por atención protocolar, requerimientos varios para eventos, sonido, luces, iluminación, escenario, baños químicos, sillas, placas, premios, coffee break, ágape por el Día de la Mujer e incluso mercaderías varias para la oficina privada de la Secretaría de Seguridad.
¿Microcompras infladas?
El capítulo más sensible de la denuncia aparece en las compras menores donde sí hay detalles concretos. Allí surgen indicios fuertes de posibles sobreprecios, sobre todo si se tiene en cuenta que el Estado tiene la posiblidad de comprar a valores mayoristas por su escala y no a precios por encima del mercado.
Uno de ellos es la solicitud de compra de 200 lapiceras negras o azules por $936.520. Esa cifra arroja un valor unitario cercano a $4.700 por lapicera, cuando en el mercado 200 lapiceras pueden conseguirse por entre $30.000 y $60.000. La diferencia sería abismal: se habría pagado casi 20 veces más que el valor estimado de mercado.
Otro caso señalado es la solicitud N° 23404, correspondiente a la compra de 38 pilas AAA por $140.600. Allí el costo unitario treparía a casi $3.700 por pila, mientras que una pila Energizer AAA tendría un valor mayorista menor a $1.000, lo que implicaría una diferencia de casi cuatro veces.
El tercer ejemplo es la compra de una bandera ceremonial de Argentina y de San Juan por $1.885.200. En el mercado, una bandera ceremonial completa se consigue por entre $350.000 y $400.000. El sobreprecio rondaría el 100% o más.
El antecedente que había hecho ruido: los kits escolares
Antes de esta denuncia, el nombre de Gazze ya había aparecido en una serie de contrataciones que generaron cuestionamientos políticos y mediáticos en San Juan. Una investigación de La Mecha expuso la polémica adquisición de kits escolares para 30.000 alumnos por un monto de $685.200.000 al socio político del gobernador.
Meses después, a través del Ministerio de la Familia y Desarrollo Humano, el Gobierno destinó a la compra de juguetes, juegos y golosinas para el Día del Niño $462.188.900 al mismo proveedor. Con eso, José Gazze fue beneficiado con $1.147 millones en menos de un año.
Del detalle de los pagos a José Gazzé que trascendió surgen dudas que empujan la denuncia penal: ¿Hubo fraccionamiento de grandes compras para evitar controles?
El primer dato que enciende sospechas aparece en febrero de 2024, apenas iniciada la gestión de Marcelo Orrego. Allí se advierte un aparente fraccionamiento de pagos que, en los hechos, habría servido para evitar que se activaran alarmas contables sobre una contratación de gran escala.
Según la documentación conocida, el pago total de $685.200.000 destinado a kits escolares habría sido dividido en cuatro desembolsos distintos, fechados los días 9, 14, 15 y 16 de febrero de 2024, bajo los conceptos de “artículos de librería para la Subsecretaría de Tecnologías de la Información y Conectividad (STDyME)” y “adquisición de artículos escolares s/detalle”.
Los montos de esos pagos – $200.000.000, $200.000.000, $120.000.000 y $165.200.000 – suman exactamente los $685.200.000 de una contratación directa realizada el 15 de enero de 2024, pero que recién fue publicada en el Boletín Oficial el 3 de octubre de 2024.
La secuencia alimenta la sospecha central de que hubo un intento de disimular el volumen real del gasto dirigido a Gazzé.
Por ahora, todo está en el terreno de una denuncia penal. No hay condenas, ni imputaciones firmes, ni hechos probados judicialmente. El Ejecutivo provincial debería dar explicaciones por las 465 adjudicaciones a un empresario con peso político por casi $4.800 millones, en una provincia donde la discusión por la transparencia pública viene acumulando cuestionamientos desde hace años.
La Justicia determinará si las compras del Estado respondieron a criterios de necesidad, precio y eficiencia, o si detrás de la fachada funcionó una lógica mucho más vieja y conocida en la política argentina: la del empresario amigo, el proveedor del poder.