CUANDO LOS DE ARRIBA DECIDEN SOBRE NUESTRA SALUD

En octubre pasado la Cámara de Diputados de la Nación aprobó, después de algunos tropiezos, la Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos. Según la diputada nacional por el Frente de Todos, Florencia Lampreabe, «esta ley tiene como objetivo advertir a los consumidores, a través de etiquetas de octágono negras, sobre el exceso de algunos nutrientes críticos en alimentos ultraprocesados».  La estudiante en Licenciatura en Nutrición, Candela Sebastián, afirmó que estos nutrientes son las grasas saturadas, grasas totales, azúcares y sodio. 

Con respecto a su sanción, la Licenciada en Nutrición sanjuanina, Fernanda Montilla (MP 558), considera que «es un gran paso para poder elegir sobre nuestra salud, no tener información clara en las etiquetas nos lleva al consumo desmedido de ultraprocesados». Justamente, este tipo de alimentos son los que concentran la mayor cantidad de ingredientes cuyo consumo excesivo produce enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes o la hipertensión. Estas afecciones tienen un factor en común: la obesidad.

La obesidad se ha convertido en un gran flagelo para nuestro país. Según el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana, el 40% de la niñez está malnutrida en nuestra provincia. A nivel nacional, el 20,6% tiene obesidad y el 18,6%, sobrepeso. 

Una de las causas más resonantes de la malnutrición (y de la obesidad y el sobrepeso, por consecuencia) es la inseguridad alimentaria. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura  plantea que esta situación no se traduce necesariamente en el hambre del pueblo. Una arista de la inseguridad alimentaria es, sin dudas, la decisión de optar por disminuir la calidad de los alimentos para poder sobrevivir. En nuestro país, esta problemática la vemos reflejada en la elección de alimentos saturados de grasas trans y azúcares que, usualmente, suelen ser más fácil de conseguir y causan mayor saciedad. 

La Licenciada en Nutrición, Josefina Valenzuela (MP 350), asegura que La Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos propone precisamente brindar  información más clara y sencilla para  hacer más facilitar elección de alimentos saludables. La legislación aclara el contenido nutricional más relevante de los mismos, dado que muchas veces y por razones de marketing de cada empresa alimentaria, la información nutricional detallada no siempre coincide con lo que dice la etiqueta frontal. Por ejemplo, las famosas leyendas «light» o «bajo en calorías»

En este sentido, la nueva ley se vuelve un pilar importante para regular esa información y su relación con respecto a los ingredientes o propiedades de los alimentos ultraprocesados que están incluidos.

Entre las perspectivas más criticadas por la casta política opositora a esta ley, fue que no combate la pobreza. Si bien es obvio que la desigualdad estructural no puede resolverse con una Ley de Etiquetado, muchas de las problemáticas que azotan al 40,6% del pueblo argentino pueden ser apaciguadas gracias a ella. Así, al momento de adquirir alimentos, cada quien tiene la posibilidad de elegir siendo consciente de lo que está consumiendo. Las personas pueden optar, teniendo en cuenta el precio y su calidad nutricional, qué alimentos consumir basándose en los tan criticados octógonos negros. En este sentido, Valenzuela afirma que el poder adquisitivo de una familia en Argentina no siempre permite elegir llevar una alimentación saludable. Sin embargo, contar con un alto poder adquisitivo no es sinónimo de escoger adecuadamente los alimentos para llevar a cabo una dieta sana y necesaria para el correcto desarrollo cognitivo  que requieren los niños y niñas.  

La mala alimentación repercute en la educación en la infancia. Entonces, es fundamental tener acceso a la información desde temprana edad, para elegir correctamente los alimentos adecuados para luchar contra las diferentes aristas de la educación y pobreza. 

Hay quienes se quejan del déficit de atención e interés de los/las más chicos/as, ¿alguna vez nos preguntamos por qué les pasa esto? ¿Alguna vez hicimos autocrítica de cómo los/las estamos alimentando  tanto desde el Estado como desde el hogar?

En consonancia con lo que planteé anteriormente, la problemática de la malnutrición no solo proviene desde el hogar o desde la individualidad.  En un país donde casi la mitad de la población vive bajo el índice de la pobreza y en el que la pobreza infantil alcanza el 54,3%, uno de los principales proveedores de alimentos es el Estado. Quienes viven la educación pública de cerca sabemos que lo que los/las niños/as meriendan y desayunan son alimentos ultraprocesados tales como galletitas, budines o cereales. En este sentido, la Ley de Etiquetado Frontal prevé en sus primeros artículos la obligación del Estado a optar por «alimentos adecuados», es decir aquellos que tengan buena composición y que sea suficiente para satisfacer las necesidades.

Lo cierto es que en este contexto de desigualdad (inseguridad, también) económica y alimentaria, de desconocimiento, de falta de información y de mentira por parte de las grandes empresas, existen quiénes están en contra de contribuir a la salud de la gente de manera clara. ¿Quienes son? Representantes de la industria alimentaria, diputados/as en el recinto y algunos/as pertenecientes a la clase política opositora. Una de las excusas para la sanción de la Ley fue que «estigmatiza a los alimentos y afecta económicamente a la industria alimenticia». Con respecto a las voces en contra, la Licenciada Fernanda Montilla comenta que, en su mayoría, se oponen «por intereses políticos y económicos». Las grandes marcas, en cierta medida, perderán consumidores, por ende era una decisión importante ver si se destapaba la realidad. El problema es que muchas veces se prioriza el bolsillo de grandes productores y no la salud de la población en general». La Licenciada Josefina Valenzuela, agrega que «como en toda política que se quiera aplicar, han jugado los intereses de muchos sectores, entre los cuales están los de la industria alimentaria que han procurado demorar la sanción de esta ley». Lo que sucede es que, como toda legislación que otorga derechos, genera un cruce de opiniones entre los que históricamente han sido beneficiados y, entre quienes luchan por un futuro un poco más justo.

Algunos dicen que la Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos perjudicará principalmente a las Pequeñas y Medianas Empresas. Sin embargo, a las PyMes se les otorga hasta 12 meses para cambiar sus etiquetas, de acuerdo a sus necesidades económicas y comerciales. Sin duda, poner a las Pymes como excusas para no priorizar la salud del pueblo es una jugada muy sucia por parte del lobby de la industria. 

Queda un largo camino hasta la reglamentación de la Ley sancionada el 27 de octubre. Mientras tanto, tenemos la experiencia de los países latinoamericanos como Chile, Uruguay o Perú. En el país trasandino, donde la Ley fue sancionada en 2012 y entró en vigencia en 2016, se ha comprobado que el consumo de bebidas azucaradas disminuyó alrededor de un 25%. Por otro lado, los fabricantes redujeron la cantidad de sodio y azúcares para no entrar entre los productos con sellos. Finalmente, según el Ministerio de Salud de Chile, el 92,9% de las personas entiende lo que significan los sellos. 

En el caso de Perú, las marcas también redujeron el contenido de azúcares en sus productos y los reemplazaron por endulzantes naturales como la stevia. 

Tenemos experiencias que nos guían en la aplicación de la Ley de Etiquetado Frontal. El trayecto es largo y sinuoso, pero sabemos que este comienzo prioriza la salud y el bienestar nutricional de nuestra gente, y principalmente de nuestras infancias, que son quienes más sufren las formas de desnutrición y malnutrición en nuestro país.