Cruces en la Legislatura: no por los pedidos de informe, sino por una ley presentada en PowerPoint
Los pedidos de informe entre oficialistas y opositores no desataron ningún cruce en la Legislatura provincial. Fue un PowerPoint el que rompió la calma y generó tensión en el recinto.
El jueves 3 de julio, en la 5ª sesión ordinaria del año en la Legislatura provincial, la expectativa era de fuertes cruces entre oficialistas y opositores por los pedidos de informe entre ambos sectores. De un lado, el oficialismo solicitó informes de obras públicas realizadas durante el uñaquismo. Del lado justicialista, pidieron informes sobre el acuerdo de la actual gestión con la empresa Flybondi.
Todos los pedidos de informe fueron aprobados por unanimidad y la sesión transcurrió con tranquilidad, hasta que un PowerPoint detonó el recinto.
Entre los temas que se debían tratar en la sesión estaba el Programa de Justicia Juvenil Restaurativa: un convenio interinstitucional entre el Poder Ejecutivo, Judicial y cuatro municipios (Rawson, Jáchal, Capital y Santa Lucía).
Llamó la atención el enfoque de la propuesta legislativa, que no se basa en prevenir el delito y contener a los menores, sino en que “trabajen” para reparar los daños causados.
Los opositores pidieron especificidades sobre el funcionamiento de la iniciativa y recibieron una presentación hecha en PowerPoint. En el recinto, manifestaron su enojo y la calificaron como “poco prolijo” y “una falta de respeto”. Además, acusaron al oficialismo de no generar políticas públicas y patear la pelota al poder judicial, evadiendo su responsabilidad en la prevención del delito. Desde el bloque oficialista, se defendieron y dijeron que se habían limitado a reenviar el documento que les facilitó el Poder Judicial.
La sesión puso en evidencia una tensión entre el qué y el cómo: si bien la justicia restaurativa es un enfoque innovador e integral, en la provincia los legisladores opositores argumentaron falta de transparencia, rigor institucional y formalidad en el modo de implementar una reforma sensible. Lo que se presentaba como un avance en materia penal juvenil, fue percibido por parte de la oposición como una improvisación.
Marcela Quiroga, de Producción y Trabajo —bloque impulsor del convenio—, abrió el debate expresando que buscan “ampliar la respuesta del sistema penal juvenil”, promoviendo procesos restaurativos para delitos de media y baja intensidad, con un enfoque centrado en “los daños causados por los jóvenes en conflicto con la ley”.
“Se plantea una red de trabajo entre la Oficina de Justicia Restaurativa del Poder Judicial, la Dirección de Niñez y Adolescencia del Ministerio de Desarrollo Humano y cuatro municipios”, explicó. Según Quiroga, el convenio “enfatiza la responsabilidad del infractor y exige que trabaje para reparar el daño, priorizando a la víctima”.
La justicia restaurativa es un enfoque centrado en reparar el daño causado por un delito mediante el diálogo entre las personas afectadas, en contraste con la justicia punitiva. En la provincia, el 2 de diciembre de 2024 se firmó un convenio entre el Poder Judicial, el Ejecutivo y los municipios de Capital, Rawson, Jáchal y Santa Lucía para impulsar una prueba piloto de este programa, que finalmente se aprobó el jueves en Diputados.
Aunque formalmente se trata de proponer la reinserción social de los menores infractores y un abordaje multidisciplinario, los legisladores del bloque justicialista advirtieron que el convenio podría funcionar como una nueva reconfiguración del castigo bajo nuevas formas.
La molestia de tres diputados
Antes de la votación, tres diputados del Bloque Justicialista —Fernanda Paredes, Graciela Seva y Mario Herrero— solicitaron abstenerse, argumentando motivos formales y sustanciales.
Fernanda Paredes tomó la palabra y felicitó a Quiroga por haber dado detalles del proyecto en el recinto, algo que “no sucedió en comisiones”. “Siendo un convenio interinstitucional, me parece poco prolijo recibir un PowerPoint como anexo, sin membrete ni número de decreto”, señaló.
Gustavo Velert, secretario legislativo del presidente de la Cámara y vicegobernador Fabian Martín, cruzó a la diputada y se defendió argumentando que el PowerPoint “fue lo que envió el poder judicial”.
Luego del cruce entre ambos, frente al que Martín permaneció impasible y mirando hacia otro lado, Mario Herrero tomó la palabra, pidió abstenerse y habló de la cuestión “sustancial” de este programa.
“Un PowerPoint no es un anexo. La falta del requisito formal nos impide estudiar una cuestión sustancial: la esencia de la justicia restaurativa. Es un tema delicado”, expresó Herrero, quien lamentó no haber podido debatir sobre una reforma compleja en las comisiones, ya que tuvieron escasa información.
Posterior a Herrero, Graciela Seva invocó la Constitución, los pactos internacionales y las leyes que protegen a niños, niñas y adolescentes. “Hablamos de castigos sin poder debatir. No traslademos de la órbita de protección de niños y niñas al Poder Ejecutivo. No pateemos la pelota al Poder Judicial”, enfatizó. Además, le habló directamente al vicegobernador para que formule “políticas públicas de prevención del delito. Lo insto a usted Presidente a que generemos políticas públicas”, no solo medidas reactivas.
En diálogo con La Mecha, Seva lamentó no haber tenido la información para “leer, estudiar y analizar” el convenio.
“Es imprescindible debatir políticas con un enfoque integral, atendiendo al sistema de protección y a la prevención del delito para nuestros niños, niñas y adolescentes”, añadió a este medio.
La “pesada herencia” y las residencias destruídas
Luego de Seva, desde el bloque oficialista, el diputado Juan de la Cruz Córdoba defendió al gobernador Marcelo Orrego expresando que “no deja de ocuparse de estos problemas”. Además, se refirió al estado de las residencias para menores en conflicto con la ley. “Estaban en condiciones infrahumanas, cuando asumió este gobierno estaban destruidos. Pero parece que lo malo empezó el 10 de diciembre de 2023”, apuntó.
La alusión de Córdoba tiene que ver con un pedido de informe de los diputados por lo ocurrido el 29 de marzo en una residencia de menores. En marzo, en el hogar Paula Albarracín de Sarmiento ocurrió un motín de 15 menores que motivó la intervención policial. A raíz de eso, los legisladores —a través de Fernanda Paredes— solicitaron un informe oficial. El Gobierno provincial respondió calificando el incidente como “menor y cotidiano”, y presentó una evaluación de las 15 residencias para menores.
El informe describe serios problemas estructurales aludiendo a la pesada herencia: falta de agua y cloacas, deficiencias edilicias, puertas y ventanas rotas, cables expuestos y ausencia de fumigación.
¿Llegarán los informes?
Por último, frente al tema más candente que eran los pedidos de informe, hubo consenso: el uñaquismo deberá dar cuentas sobre la ejecución del Acueducto Gran Tulum, el barrio Valle del Sol y obras cloacales en distintos departamentos; el orreguismo deberá especificar los pormenores del convenio con la aerolínea Flybondi y los beneficios (o pérdidas) que genera en el turismo provincial.
Los pedidos de informe fueron remitidos a las oficinas pertinentes del Poder Ejecutivo, pero no tienen un plazo para ser respondidos. Quedará evaluar si los informes vuelven al recinto o quedan estancados (por conveniencia o no) en la densidad burocrática del Estado sanjuanino.
