Crisis hídrica en San Juan: Un nuevo director de Hidráulica, un acuerdo ajustado con los productores y un conflicto legal abierto
En una semana marcada por cambios de nombres, negociaciones al límite y un fuerte rechazo administrativo, el Gobierno de San Juan intenta contener un malestar que ya trascendió las fincas para ubicarse en la Legislatura y en el plano legal.
En medio de este clima de tensión, el ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea, puso en funciones a José María Ginestar como nuevo director del Departamento de Hidráulica el pasado 26 de marzo. Ginestar, quien se desempeñaba en Recursos Energéticos, asume el cargo con la promesa de centrarse en la ejecución de obras y la mejora de la comunicación con los regantes. Su llegada se produce en una «segunda etapa» de reorganización que busca dar respuesta a las duras críticas por la parálisis del organismo.
Un acuerdo con sábana corta
Tras semanas de «pulseada» y reuniones a puertas cerradas, se definió finalmente el esquema de distribución de agua. El ministro de Producción, Gustavo Fernández, confirmó que se entregarán 677 hectómetros cúbicos (Hm³) durante este ciclo. Esto pone al sistema hídrico de San Juan en una situación de máxima tensión.
A pesar de que el Gobierno inicialmente pretendía entregar 633 Hm³ para ajustarse a la escasez del río, terminó cediendo ante la demanda de los productores, fijando un volumen que supera lo que se espera que el Río San Juan aporte efectivamente. Con un caudal proyectado de apenas 615 a 620 Hm³ hasta septiembre, el esquema pactado obliga a erogar más agua de la que ingresa, rompiendo el equilibrio del recurso.
Para cumplir con este compromiso, será necesario extraer cerca de 250 Hm³ de las reservas de los diques. Este agotamiento llevará a que, para finales de septiembre, la provincia se encuentre en una situación crítica con reservas cercanas a cero y sin un margen de maniobra si el caudal del río continúa disminuyendo.
Los informes técnicos advierten que el invierno agravará la situación debido al enfriamiento de la montaña, dejando a la gestión hídrica contando «metro cúbico por metro cúbico» en un escenario de vulnerabilidad extrema.
La denuncia por los $20.400 millones y el rechazo oficial
El trasfondo del conflicto es una denuncia administrativa y legal de gran escala. Una coalición de regantes, bajo el patrocinio del abogado Marcelo Arancibia, intimó al Gobierno denunciando que existen $20.400 millones sin ejecutar destinados a la gestión hídrica en los últimos dos años.
La respuesta del Ministerio de Infraestructura fue contundente: mediante la Resolución N° 0244, rechazó el pedido de informes de los productores por considerarlo «improcedente». El argumento oficial es que Hidráulica, al ser un ente autárquico, es el único responsable de brindar esa información, deslindando la responsabilidad directa del Ministerio.
Para el abogado Marcelo Arancibia, esta respuesta del Gobierno es una «gran torpeza» que termina de romper una relación ya desgastada con el sector productivo. Arancibia sostiene que «la subejecución y el desvío de partidas no depende del director de Hidráulica, sino del Gobernador y del Ministro«, por lo que considera que el rechazo administrativo es solo una maniobra para evadir responsabilidades.
Arancibia fue tajante al explicar por qué los productores están en pie de guerra. Sostuvo que la crisis no responde únicamente a la sequía, sino también a la falta de inversión y al deterioro del sistema de riego, al que definió como abandonado.
En ese sentido, cuestionó el discurso oficial y refutó al ministro Fernández, quien había responsabilizado a los productores por el uso del riego a manto. Según planteó, resulta inviable avanzar hacia sistemas más eficientes, como el riego por goteo, si el Estado no garantiza una provisión de agua previsible y equitativa.
El dirigente también advirtió sobre el impacto social de la situación. Alertó que lo que definió como un “mal gobierno del agua” podría derivar en un “invierno durísimo”, con una fuerte caída en la producción y consecuencias laborales severas para miles de familias rurales.Con el diálogo ya considerado “totalmente roto” por los referentes del sector, el reclamo de los productores fue también planteado en la Cámara de Diputados. Allí, los regantes solicitaron la intervención de las comisiones de Hacienda y Agricultura para auditar el destino de los fondos no ejecutados.