Comienza el juicio por la causa cuadernos: los vínculos de los empresarios imputados con la obra pública de San Juan

Por la mañana de este jueves 6 de octubre comenzó el juicio más extenso de la historia judicial argentina. Así lo definió Fabiola León, fiscal general a cargo del juicio por los cuadernos de las coimas, quien aseguró en un informe a la fiscalía que «solo es comparable a unos pocos a nivel mundial». En total hay 87 acusados, entre ellos la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el fallecido expresidente Néstor Kirchner, señalados por la justicia como los jefes de una asociación ilícita que cobraba coimas en contratos públicos de 2003 a 2015.

La hipótesis de la fiscalía es que hubo una organización ilícita dentro del estado, con Néstor y Cristina Kirchner al mando junto al Ministerio de Planificación Federal, a cargo de Julio De Vido. La Justicia presume que cobraban sobornos a las empresas de construcción, energía y transporte a cambio de contratos estatales.

Además, Kirchner está acusada como coautora en 204 oportunidades y señalada por el delito de cohecho pasivo (es decir, de haber recibido sobornos de manera directa). A pesar de ello, no existe una prueba material directa que compruebe que la expresidenta recibió el dinero. Lo que hay son testigos que aseguran que el dinero «iba hacia arriba».

Todo empezó con una investigación periodística del diario La Nación. El periodista Diego Cabot reveló que una persona que no conocía le entregó en la calle una serie de cuadernos llenos de manuscritos. En ellos, el remisero Oscar Centeno anotaba los nombres y coimas cobradas a empresarios vinculados con la obra pública.

El método que intentará probar la fiscalía es que los funcionarios del Ministerio de Planificación cobraban sobornos de los empresaros de manera organizada y sostenida. El método era llevado a cabo por Roberto Baratta, subsecretario de la cartera, en un auto conducido por Oscar Centeno, quien lo llevaba a cobrar. El chofer fue el autor de las anotaciones en los ocho cuadernos que dieron origen a la investigación judicial.

Los escritos a mano son la principal prueba junto a la declaración del chofer que confirma que los cuadernos fueron de su autoría, además de un peritaje caligráfico. A esto se suman los dichos de 25 empresarios que asumieron la figura de arrepentidos y decidieron colaborar con la Justicia.

Los cuadernos detallan tiempo, lugar y modo de las entregas de dinero, además de los nombres de los involucrados y las sumas de dinero. Las direcciones corresponden a compañías vinculadas a la obra pública, según confirmó la fiscalía.

Se comprobó que el circuito de recaudación ilegal de fondos comenzaba en las oficinas de distintas empresas y terminaba -según la investigación de la fiscalía- en muchos casos, en la Quinta Presidencial de Olivos o en la Casa de Gobierno. Héctor Daniel Muñoz, exsecretario presidencial, era el nexo, entre 2008 y 2010, con los máximos referentes del Poder Ejecutivo, afirmó la acusación.

En total, hay 19 exfuncionarios, 2 choferes (entre ellos Oscar Centeno, el remisero que hacía las anotaciones) y 65 hombres y mujeres de negocios acusados. De los empresarios, 25 asumieron la figura del arrepentido y colaboraron entregando información a la Justicia.

Según el Ministerio Público Fiscal, durante los gobiernos kirchneristas el sistema ilegal de recaudación funcionó dividido en dos circuitos distintos, pero conectados entre sí.

Uno de ellos operaba de forma directa: los propios funcionarios públicos eran quienes recibían el dinero en efectivo, que provenían de coimas de los empresarios que obtenían contratos con el Estado. No había intermediarios, y la comunicación entre ambas partes era personal.

El otro canal involucraba a funcionarios de menor rango y a figuras empresariales como Ernesto Clarens y Carlos Wagner, que también participaron del esquema. Aunque ambos grupos actuaban de manera diferente, la Fiscalía considera que formaban parte de una misma estructura jerarquizada, diseñada y sostenida desde el Poder Ejecutivo Nacional.

Entre los exfuncionarios acusados, además de Baratta, De Vido y la expresidenta Kirchner, está también Julio López, exsecretario de Obras Públicas. López estuvo en el ojo de la agenda mediática cuando, durante el gobierno de Mauricio Macri, se filtró un video en el que revolea bolsos llenos de dinero a un convento de monjas.

Por parte del área empresarial, los acusados son 67. La suma total de las penas va de un mínimo de 80 años a un máximo de 419 años. Por separado, cada empresario enfrenta una pena de entre 1 año y 3 meses a 6 años y medio de prisión.

El vínculo de los acusados con San Juan

Varios de los empresarios acusados en la Causa Cuadernos mantienen lazos directos con San Juan, ya sea a través de obras públicas, contratos energéticos o vínculos con el poder provincial.

Uno de los nombres destacados es el de Hugo Alberto Dragonetti, titular de Panedile S.A. y sanjuanino de nacimiento. Su empresa lidera la UTE encargada de construir el Dique El Tambolar, la megaobra hídrica ubicada en Calingasta. En 2020, Dragonetti recorrió el proyecto junto al entonces gobernador Sergio Uñac, el ministro Julio Ortiz Andino y representantes de Powerchina y Petersen en uno de los grandes proyectos de infraestructura de la provincia.

Otro caso es el de Julio José Paolini, presidente de Paolini Hermanos S.A., una firma con fuerte presencia en San Juan. En su propio sitio web, la empresa destaca haber construido tramos clave de la Ruta Nacional 20 (San Juan–Caucete), la Ruta 40 (Albardón–Quiroga y Jáchal–Límite con La Rioja) y la Ruta 276, mediante contratos con Vialidad Nacional. Su obra más ambiciosa fue el dique Cuesta del Viento (licitado en 1986, terminado en 1997).

También aparecen los Cartellone —Tito, Gerardo, José y María Rosa—, dueños de José Cartellone Construcciones Civiles S.A., una de las constructoras más grandes del país. Su empresa tuvo una participación importante en el desarrollo eléctrico de San Juan, con proyectos como la Interconexión Eléctrica 500 kV San Juan–Rodeo/Iglesia y la línea de alta tensión San Juan–Bauchaceta, además de obras adjudicadas por el Ente Regulador Provincial de Energía (EPRE) y el Fondo Fiduciario del Transporte Eléctrico.

En tanto, Ángel Calcaterra, del Grupo ODS (IECSA), reconoció que entre las empresas que habrían pagado coimas figuraban tres firmas sanjuaninas: Mapal, Ivica y Ante Dumandzic y Tabolango, todas constructoras con trayectoria local. Aunque no se probó un vínculo político directo, estas compañías atravesaron procesos de quiebra en los años siguientes, en un contexto de estrecha relación con la obra pública nacional.

Finalmente, otros empresarios con vínculos menores también pasaron por San Juan. Luis Armani (Vialmani S.A.), Roberto Orazi (Hidraco S.A.) y los hermanos Pascucci (Alquimaq S.R.L.) integraron una UTE que construyó en 1993 el Lateral de Circunvalación Noreste, en conjunto con Hidrovía S.A.. Aunque antiguos, estos antecedentes muestran cómo varios de los nombres involucrados en el caso Cuadernos participaron en distintos momentos de la infraestructura pública sanjuanina.

Montos millonarios para esquivar el juicio

De los 67 empresarios acusados, 46 realizaron un intento por evitar ser parte del juicio que inicia hoy ofreciendo sumas de dinero para “extinguir la acción penal” en su contra. Acudieron a una figura incorporada al Código Penal en 2017 llamada «reparación integral del perjuicio».

La propuesta más resonante fue la del titular del Grupo Albanesi, Armando Loson, quien planteó pagar 181 millones de pesos como “reparación integral” para cerrar la causa en su contra. A pesar de haber sido uno de los primeros arrepentidos del expediente, Loson se declaró inocente y aseguró que no reconoce responsabilidad alguna en los hechos.

A su ofrecimiento se sumaron otros nombres fuertes del empresariado argentino. Hugo Alberto Dragonetti, presidente de la constructora Panedile, propuso abonar 1.421 millones de pesos, equivalente al embargo que pesa sobre él, actualizado por intereses del Banco Nación. Según explicó su defensa, el empresario también se comprometió a realizar cursos de ética empresarial y sostuvo que los pagos que en su momento hizo fueron “aportes” al Partido Justicialista.

Por su parte, Benjamín Gabriel Romero, dueño del holding Emepa —que controla Ferrovías, está vinculado a la Hidrovía y a la firma Cabañas Don Benjamín— ofreció 510 millones de pesos, una cifra que actualiza el embargo que se le dictó en 2018. En su declaración como arrepentido, Romero admitió haber pagado coimas por 600 mil dólares para renovar la concesión de la Hidrovía y “retornos” anuales de medio millón de dólares para mantener contratos ferroviarios.

Durante la audiencia virtual, que reunió al Tribunal Oral Federal 7, también se escucharon otras propuestas. El financista Ernesto Clarens ofreció entregar un departamento y un yate en Miami valuados en un millón y medio de dólares. En la misma línea, otros empresarios como Mario Rovella, Julio Paolini, Aldo Roggio, Alberto Taselli y Ángelo Calcaterra ratificaron sus ofrecimientos económicos, que en conjunto alcanzarían una cifra cercana a los 40 millones de dólares.

Las defensas argumentaron que sus clientes se declaran inocentes, pero buscan poner fin a un proceso que podría extenderse por años. Advirtieron que el juicio, que cuenta con 622 testigos convocados, podría durar más de una década y significar un alto costo para el Estado. Sin embargo, la fiscal Fabiana León junto a los jueces Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli, determinaron que no hay monto que pueda subsanar el daño ocasionado, rechazando las ofertas.

El rol de Cristina en el entramado de corrupción

Si bien no hay ninguna prueba material que compruebe que la expresidenta recibió el dinero, la Justicia estableció vinculaciones a partir de los testigos que podrían condenar, nuevamente, a Cristina Kirchner.

Hubo registros de visitas al despacho presidencial que, según los cuadernos, coincidirían con fechas de entregas de dinero. Los testigos sostienen que Baratta se reunía con secretarios presidenciales al volver de las colectas.

Además, el chofer Centeno aseguró que llevaban bolsos con dinero a la residencia de Olivos. Contó que la expresidenta, vestida de jogging, salía de su casa para cruzarse hasta el chalet donde se dejaban los bolsos. Según su relato, él y Roberto Baratta pedían permiso al entonces secretario Daniel Rodríguez antes de ingresar al lugar.

Por su parte, José López, exsecretario de Obras Públicas, declaró que tras una reunión en Olivos, en enero de 2011, Cristina le pidió el listado de pagos mensuales del Ministerio de Planificación. Dijo que ambos revisaban los montos destinados a Vialidad Nacional y que la expresidenta decidía qué empresas grandes —como Austral, CPC, Electroingeniería o JCR— debían cobrar primero.

El financista Ernesto Clarens confirmó esa versión. Aseguró que López preparaba los listados junto con Cristina y que ella conocía el orden de los pagos. Agregó que, por instrucción suya, López le pidió que favoreciera a la empresa Gotti Hnos. Clarens también relató que Daniel Muñoz, exsecretario privado de Néstor Kirchner, le contó que el dinero en efectivo se guardaba en archivos metálicos dentro de una bóveda en la casa familiar de El Calafate.

Otro testimonio, el de Claudio Uberti, apuntó que llegó a trasladar bolsos de más de diez kilos al departamento del matrimonio ubicado en Uruguay y Juncal, en la Ciudad de Buenos Aires.

Además, se constató que en los vuelos presidenciales del Tango 01 hacia Río Gallegos y El Calafate, donde viajaban Néstor y Cristina Kirchner, se transportaban valijas con candado. El equipaje de los secretarios no era despachado y, en ocasiones, evitaban escanearlo argumentando que contenía “cosas personales de la Doctora”.

En su defensa, Cristina Fernández de Kirchner negó de manera categórica haber formado parte de una asociación ilícita o haber cometido delito alguno. Sostuvo que la causa en su contra no logró presentar “ni una mínima prueba” que lo demuestre. “Si ese dinero existió, ¿dónde está?”, planteó en sus escritos. La acusación, en cambio, afirma que parte de esos fondos quedaron en manos de Daniel Muñoz, quien falleció años después, y que el dinero habría sido sacado del país.

¿Quiénes son los empresarios acusados?

Como autores, coautores o partícipes de los delitos de cohecho activo y dación de dádivas figuran 60 empresarios. Entre los acusados más destacados está Gerardo Ferreyra, dueño de la pyme Electroingeniería, que tuvo una fuerte expansión durante los 12 años que duró la etapa política de los Kirchner. También está acusado Ángel Calcaterra, primo de Macri y exdueño de la constructora LECSA. Otros empresarios destacados son:

• Ángel (Ángelo) Calcaterra: empresario ligado a la constructora IECSA, primo de Mauricio Macri, y vinculado a la venta de la empresa durante el gobierno de su pariente.
• Enrique Pescarmona: expropietario de Industrias Metalúrgicas Pescarmona (Impsa); la firma atravesó una crisis, fue intervenida por el Estado en la gestión de Alberto Fernández y luego pasó a manos privadas bajo la presidencia de Javier Milei.
• Aldo Roggio: al frente del grupo Roggio, con participación en concesiones de subtes (Emova) y en la administración del ferrocarril Urquiza.
• Las anotaciones de Óscar Centeno en sus famosos cuadernos, que se volvieron una prueba central del expediente.
• Gabriel Romero: ex presidente de Hidrovía S.A., con trayectoria en el balizamiento del río Paraná.
• Rudy Ulloa: empresario y socio de la financiera Cumehue, conocido por su pasado como chofer de Néstor Kirchner.
• Armando Loson: dueño del grupo energético Albanesi.
• Alberto Padoán: ex director de Vicentin, empresa que recibió un megapréstamo del Banco Nación en la era Macri y que luego entró en concurso preventivo durante el gobierno de Alberto Fernández; fue presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario.
• Cristóbal López y los hermanos Fabián y Osvaldo De Sousa: socios del Grupo Indalo, conglomerado que abarcó desde servicios petroleros y construcción hasta medios como C5N.
• Alberto Tasselli: vinculado a la gestión de los ferrocarriles Roca y Belgrano Sur antes de su reestatización.
• Juan Carlos De Goycoechea: al frente de la filial argentina de la española Isolux Corsan, empresa que llevó adelante la central a carbón de Río Turbio, en Santa Cruz, proyecto que nunca llegó a funcionar.
• Marcela Sztenberg: una de las pocas empresarias en la lista; propietaria de la constructora Equimac.
• Juan Manuel Collazo: exejecutivo de Corporación América (grupo de Eduardo Eurnekian) y vinculado a la constructora Helport.
• Hugo Dragonetti: propietario de la constructora Panedile.
• Miguel Ángel Marconi: exejecutivo de la constructora mendocina Supercemento.
• Carlos Mundín (padre): dirigente de la constructora BTU, con participación en obras de ampliación de gasoductos en gestiones recientes.
• Néstor Otero: propietario de TEBA, la concesionaria de la terminal de ómnibus de Retiro.
• Juan Carlos Lascuraín: expresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA).
• Mario Rovella: titular de la constructora puntana Rovella Carranza, con negocios también en áreas petroleras como Vaca Muerta.
• Julio Paolini: socio y referente de la constructora Paolini Hermanos.
• Gerardo, José y María Cartellone: propietarios de Cartellone, la firma mendocina que participa de obras viales y adjudicaciones públicas.
• Eduardo Kennel: exejecutivo de la constructora Chediack; su exjefe, Juan Chediack, también fue procesado y murió en un accidente aéreo en 2023.