Calingasta: Denuncian que una minera restringe el paso en la Ruta Provincial 402 y desata un conflicto por el acceso público
Vecinos y productores advierten que el acceso estaría restringido en un camino que figura como ruta provincial, mientras crecen las tensiones con la empresa y los reclamos por el rol del Estado.
En el departamento Calingasta, una tranquera metálica instalada sobre la traza de la Ruta Provincial 402 se habría convertido en el eje de un conflicto que combina reclamos por el acceso público, tensiones con empresas mineras y cuestionamientos al rol del Estado.
Vecinos y asambleístas aseguran que el paso está restringido desde hace años y que el cierre de la ruta excluye del acceso público aproximadamente 90 a 100 kilómetros del Río Blanco. Mientras que Glencore, la empresa vinculada al proyecto Pachón, sostiene que se trata de un camino de carácter privado.
La controversia no es nueva, pero en los últimos meses volvió a tomar fuerza. Referentes locales, entre ellos Fernando Belert, sostienen que lo que históricamente fue un camino utilizado para la trashumancia y el acceso a zonas de alta montaña hoy estaría controlado por la actividad minera, con limitaciones al tránsito que —según afirman— afectan tanto a productores, como a pobladores de la zona y a la actividad turística.
Fernando Belert vive en Calingasta y es guía de pesca certificado. Esta actividad le ha permitido conocer profundamente la zona de alta montaña desde la década de 1990, recorriendo a pie, a caballo o en vehículos los caminos que hoy denuncia como cerrados.
Según el pescador, todo comenzó en octubre de 2006, cuando la rotura del talud de la laguna natural La Estrella, sobre el Río Santa Cruz, liberó una pared de agua de 30 metros que arrasó con el refugio El Molle y destruyó gran parte de la traza de la Ruta 402.
Tras el aluvión de 2006 la traza quedó inutilizada durante años y fue reacondicionada recién hacia 2020 con intervención de la empresa minera. A partir de esos trabajos —sostienen— se habría instalado una tranquera en la zona del arroyo Laguna Blanca y el paso comenzó a quedar restringido, bajo control privado.
La ruta permaneció intransitable para vehículos durante 14 años debido a los daños de la crecida. Sin embargo, los pobladores siguieron accediendo a pie, a caballo, en bicicleta o moto sin impedimentos.
Las siguientes fotos son de paisajes a los que se accedía por la ruta:
Según Belert, las primeras restricciones físicas en el camino comenzaron alrededor de 2010, con la instalación de tranqueras de madera sobre la traza. De acuerdo a su relato, estas barreras fueron rechazadas por la comunidad, que en al menos dos ocasiones las habría incendiado para sostener el libre acceso.
Finalmente, en 2020 las empresas mineras habrían reacondicionado el camino y, posteriormente, instalado una tranquera metálica con candado a la altura del arroyo Laguna Blanca. Desde entonces —afirman— el acceso habría quedado restringido de manera sostenida.
La disputa por el carácter del camino
El eje del conflicto sigue siendo la naturaleza jurídica de la Ruta Provincial 402. Según la documentación que citan vecinos y asambleístas, existen registros oficiales que indicarían que se trata de una vía pública. En una nota de 2023 (N° 0468-DPV-2023), la Dirección Provincial de Vialidad habría confirmado que las rutas 400, 401 y 402 forman parte del nomenclador vial de San Juan.
A esto se suma su presencia en distintos sistemas oficiales: la traza puede visualizarse en el geoportal provincial y también figura como “Ruta Provincial 402 – Camino Pachón” en cartografía del Instituto Geográfico Militar, en registros del Ministerio de Minería y en la Unidad de Infraestructura de Datos Espaciales de la Provincia de San Juan (UNIDE). Es decir, en los papeles —según estos documentos— el camino existe como ruta provincial.
Sin embargo, la propia información técnica introduce matices. Desde Vialidad se habría reconocido que se trata de una zona de alta montaña, con fuertes limitaciones para su mantenimiento. La atención del camino sería esporádica —en algunos casos semestral— y condicionada por factores como la topografía y el tipo de suelo, lo que dificulta intervenciones regulares.
En ese contexto, también se habría planteado la posibilidad de avanzar en convenios con privados. Según consta en esos informes, el uso predominantemente minero de la traza y su extensión abrirían la puerta a esquemas de gestión compartida para mejorar su estado.
Del lado empresario, la posición es distinta. Desde Glencore Pachón sostienen que el camino no es público, sino una vía privada vinculada a servidumbres mineras otorgadas décadas atrás. Argumentan que no existiría una cesión formal ni una expropiación a favor del Estado, y que la infraestructura habría sido desarrollada y mantenida por la propia compañía.
Así, se configura una zona gris. Mientras que en registros oficiales la Ruta 402 aparece como una vía provincial, en la práctica —según denuncian los vecinos— su uso quedaría sujeto al control operativo de la empresa. Esa tensión es la que, en los hechos, habría permitido la instalación de la tranquera y las restricciones de acceso que hoy están en discusión.
Restricciones y vida cotidiana
En la práctica, los vecinos describen un esquema de acceso restringido. Integrantes de la Agrupación Ganaderos del Sur aseguran que, para trasladar hacienda hacia zonas de pastoreo, deberían cumplir con requisitos previos, como notificaciones anticipadas y controles sobre los animales.
“Te complican la vida para que dejes de ir”, señalan productores de la zona. También mencionan la presencia de personal privado en el control del paso y la eventual intervención de fuerzas de seguridad en algunos casos.
Belert, por su parte, denuncia que estas restricciones habrían impactado incluso en actividades recreativas como la pesca, al limitar el acceso a tramos del Río Blanco. Según su versión, esto se habría vinculado a modificaciones normativas impulsadas desde organismos provinciales, algo que no fue confirmado oficialmente.
Sospechas y tensiones políticas
Otro de los ejes del conflicto gira en torno a la posible falta de controles ambientales. Desde la asamblea local sostienen que la restricción de acceso dificultaría la fiscalización ciudadana sobre eventuales intervenciones en cursos de agua o el territorio.
En paralelo, Belert también plantea que existirían tensiones dentro del propio Estado. En ese marco, menciona el caso del exdirector de Vialidad, quien habría reconocido la condición pública de la ruta y posteriormente se habría retractado. Según el dirigente, esa marcha atrás generó sospechas sobre presiones internas, aunque no hay información oficial que confirme esa hipótesis.
Un conflicto abierto
El caso de la Ruta 402 expone una disputa que excede lo territorial. De un lado, vecinos y productores que reclaman el libre acceso a un camino que consideran público. Del otro, una empresa que sostiene derechos sobre la infraestructura en función de su actividad.
Mientras tanto, el rol del Estado aparece en el centro de las críticas. La falta de definiciones claras —según coinciden distintas voces— es lo que mantiene abierto un conflicto que, lejos de resolverse, suma nuevos capítulos.
Frente al argumento de las empresas sobre riesgos de seguridad por el tránsito de camiones y camionetas, Belert sostiene que esa situación podría ordenarse sin necesidad de cerrar el camino. Según plantea, una alternativa sería habilitar el uso en días específicos —como sábados, domingos y feriados— y establecer horarios de subida y bajada que permitan organizar la circulación y reducir riesgos.
Por ahora, la tranquera sigue en pie. Y con ella, una discusión de fondo: quién decide sobre el uso de un territorio atravesado por intereses productivos, históricos y estratégicos.