Abusador suelto en San Juan: la Justicia lo condenó, pero luego lo dejó en libertad

Gise, sufrió abusos durante su infancia, adolescencia e incluso en su temprana adultez. Hace dos años logró denunciar y sus agresores fueron condenados a prisión en 2022. Uno de ellos, Pedro Agüero, fue recientemente sobreseído y dejado en libertad por un Tribunal de Impugnación. Piden Justicia para que el abusador no quede suelto.

El jueves 2 de febrero Gise está parada a la salida de Tribunales. Con ella están las mujeres que acompañan el proceso judicial que emprendió contra sus abusadores en el año 2021. El motivo por el que se reúnen a manifestar es uno: dos jueces del Tribunal de Impugnación, Fernando Echegaray y Ana Lía Larrea, decidieron que Pedro Agüero, ex policía y uno de los abusadores, sea sobreseído por la prescripción del delito que cometió. Es decir, que quede en libertad debido al tiempo transcurrido desde su abuso.

Durante largos períodos de su vida, la niña y adolescente que fue Gise estuvo sometida  a continuos abusos sexuales, muchos de los cuáles fueron perpetrados bajo amenaza y conocimiento de su propia progenitora. 

Una vez que logró salir del entorno, Gise pudo denunciar a sus abusadores el 2 de septiembre del 2021 en el Centro de Abordaje de Violencia Intrafamiliar y de Género (CAVIG). Un año después, la Justicia condenó a 4 imputados, entre ellos, Agüero y la progenitora de Gise. Los tres hombres imputados son sólo aquellos que la sobreviviente expresa haber podido identificar y acusar entre otros con los que fue obligada por su madre a mantener relaciones sexuales a lo largo de su niñez y adolescencia. 

Luego de la condena, la defensa de los imputados apeló y recientemente, en febrero del 2023, se le otorgó la libertad a Agüero que había sido condenado a 5 años de cárcel por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante. Los abusos de Agüero fueron cometidos cuando Gise era una niña y se extendieron posteriormente. 

Quienes fueran acompañantes del proceso judicial de Gise y ella misma comentan que en la causa de Agüero se tiene en cuenta la fecha de comienzo de los abusos y no la continuidad de los mismos. Por esa razón es que se apela la liberación de Agüero y el Tribunal la hace efectiva en detrimento de la sobreviviente. 

“De por si en una primera instancia le dieron una pena de 5 años a Agüero y 7 años a Arroyo y Chaparra, que no es ni la mitad de años de tortura que yo he atravesado. Que hoy le den la libertad y lo manden a su casa es sentir que en San Juan, que en Argentina, no existe justicia, que no existen instituciones del Estado a favor de las personas, de los niños”, expresa Gise que además es madre de dos hijos, uno del cual Arroyo resulta ser progenitor. 

Durante el proceso judicial, Gise estuvo acompañada por integrantes de la organización feminista Ni Unx Menos. Entre ellas, Dolores Córdoba que explica que “no se tomaron en cuenta agravantes como que Agüero es ex miembro de las fuerzas de seguridad y otro agravante por el vínculo que es que el acusado era pareja de la madre”.  Los tres hombres condenados eran ex miembros de las fuerzas de seguridad. 

 

“El beneficio hoy de la Justicia y del Estado de San Juan es para los abusadores que entienden que si abusaron hace más de 12 años como primera vez, tienen que quedar en libertad y pueden irse a su casas”, dice Gise en las afueras de Tribunales. “No hay una reparación de los daños, ni siquiera hay una contemplación de los tratados internacionales a los que Argentina está sometido. Se han firmado convenios  donde los derechos de los niños son supremos a las leyes nacionales”, explica la sobreviviente, haciendo referencia a la actitud de una parte del Tribunal que no tuvo en cuenta la primacía de pactos y tratados internacionales a la hora de realizar el veredicto. 

 “El beneficio hoy de la Justicia y del Estado de San Juan es para los abusadores

Incluso, el doctor Daniel Guillén, también integrante del Tribunal de Impugnación, votó en disidencia a Echegaray y Larrea con respecto a liberar a Agüero. Guillén tuvo en principal consideración la jerarquía de los tratados y convenciones internacionales con respecto a la Constitución argentina. En su veredicto,  apeló a la Convención de los Derechos del Niño; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y la Convención Americana de Derechos Humanos, todos pactos a los que Argentina estaba suscripta desde antes de que los delitos fueran cometidos.

En todas estas legislaciones se reconoce el deber del Estado de priorizar el interés superior del niño y no el del imputado. Y, en este caso, se trata de violencias sistemáticas cometidas sobre la niña y adolescente que fue Gise. Violencias a las que el Estado la vuelve a someter en su entramado institucional. 

En ese sentido, Gise expresó que “dejarlo en libertad (a Agüero) ha sido una interpretación personal de un tribunal que, lejos de la humanización de la Justicia, entiende que tiene que ser la pena menos bravosa posible para un violador”.

Dar la espalda a la víctima

El caso de Gise, como tantos otros, no sólo da cuenta de la deuda impagable que posee el Estado con las mujeres, infancias y adolescencias que fueron víctimas de abuso sexual, sino también de la necesidad imperiosa de una Reforma Judicial que permita permear a la institución de perspectiva de género y derecho sobre la niñez y adolescencia.

Frente a tribunales y con el acompañamiento colectivo y feminista que se realizó a Gise, Dolores Córdoba expresó “queremos luchar no solo por pedir justicia sino porque se escuche a las infancias,  porque se haga una plena implementación de la ESI, porque se prevengan los abusos y las violencias”.

Otro factor que juega un rol fundamental y que ha sido terreno de disputa en San Juan, es la plena implementación de la Educación Sexual Integral para identificar casos de abuso de manera temprana y poder actuar evitando situaciones como a las que fue sometida Gise por años.

“No queremos que el Estado llegue tarde y encima que llega tarde no escucha a las víctimas. Lo que alega la justicia es que prescribió la causa, sin embargo sabemos que las víctimas no hablamos cuando queremos sino cuando podemos”, continúa Dolores Córdoba, integrante de Ni Unx Menos. 

Este caso, como tantos otros que transcurren día tras día, instan a la Justicia a actuar sobre las causas y no sobre las consecuencias, a prevenir y no a reparar daños en la vida de las víctimas y sobrevivientes; daños que pocas veces alcanzan a ser enmendados, siquiera respetados por la Justicia, ya que las secuelas de una violación no prescriben.

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