A donde vayan los iremos a buscar
A raíz del polémico video de la fiesta del genocida Olivera junto a Palito Ortega, ex presos y presas políticas de la dictadura emitieron un documento denunciando el régimen de privilegio de la prisión domiciliaria.
Recientemente circuló en San Juan un documento redactado por ex presos y presas políticas de la dictadura que denuncia la irreverencia del genocida Jorge Antonio Olivera quién pese a estar condenado a cadena perpetua, cumpliendo su pena en prisión domiciliaria, festejó sus bodas de oro en una fiesta con numerosos invitados y un show de Palito Ortega.
Actualmente Olivera está condenado por cometer delitos de lesa humanidad durante la dictadura cívico militar, entre ellos: homicidio agravado, torturas y tormentos, privación ilegítima de la libertad, secuestros, violaciones y abuso sexual. Incluso, entre el 76 y 77, fue el oficial de inteligencia del RIM 22, hoy conocido como ex centro clandestino de detención La Marquesita.
El genocida tiene un vasto historial de irreverencias ante la justicia. El documento redactado por las víctimas de la dictadura expresa: «Desde que fue detenido por primera vez en el 2000 en el Aeropuerto de Fiumicino, Roma, utilizó todo tipo de estrategias para evitar su detención y juzgamiento. Ejemplo de ello es la presentación de un certificado falso de defunción de una de sus tantas víctimas Marianne Erize».
Cabe mencionar brevemente la historia de Marianne Erize, quién fue una modelo francesa que vivió en Misiones. Marianne era estudiante de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y a los 22 años fue secuestrada en una bicicletería en Trinidad. En ese momento trabajaba junto a Carlos Mujica, el sacerdote que impulsó la creación del movimiento de curas villeros. Algunas fuentes la ubican en La Marquesita y señalan como responsable de su desaparición a Olivera.
Siguiendo con las elusiones a la justicia de Olivera, en 2013, luego de ser condenado a perpetua, solicitó atención médica en el Hospital Militar en Buenos Aires y se fugó. Estuvo prófugo hasta el 2017 cuando fue encontrado en el baúl del auto en la casa de su esposa, Martha Ravassi quien trabajaba en dicha institución médica. Pese a su historial, en 2021 consiguió la prisión domiciliaria y hoy goza de su privilegio.
En este contexto, el documento expresa:
Creemos necesario como víctimas de la violencia perpetrada por estos genocidas expresar nuestra honda preocupación al observar que la pena impuesta por hechos de semejante gravedad no puede ser devaluada por el mal uso de un instituto de carácter humanitario como es la Prisión Domiciliaria, de la que gozan los genocidas. Nuestra preocupación aumenta al observar la evidente vinculación de este hecho (la fiesta de Olivera) con el resurgimiento de las teorías negacionistas del Terrorismo de Estado sostenida firmemente por la actual Vice Presidenta Victoria Villaroel.
Puntualizamos que el genocida Jorge Antonio Olivera (jefe de la Patota del RIM22, por ser el oficial de Inteligencia) fue sentenciado por 26 desapariciones, 6 asesinatos, más de 120 personas privadas de libertad, sometidas a torturas y tormentos, que pasaron largos años detenidos.
En el marco de la Ley de Protección de Víctimas y de la Ley de Ejecución Penal EXIGIMOS a los tribunales actuantes que hasta tanto se dicte la revocación del beneficio de prisión domiciliaria, ordenen los controles pertinentes por parte de los órganos administrativos que correspondiere (para los genocidas Jorge Antonio Olivera y Gustavo Ramón De Marchi)
Cabe destacar que el documento contiene la firma de ex presos y presas políticas, referentes de derechos humanos, hijos e hijas de desaparecidos. Entre ellos: Margarita Camus, José Luis Gioja, Leda Papparelli, Gabriel Farías, Diana Kurban, Enrique Sarasúa, Victoria Benítez, Víctor Carbajal, Silvina Arias, Viviana Arias, Raúl Cano, Oscar Acosta, entre otros.
