A días de la reinstalación de la doctrina Chocobar, en San Juan hubo gatillo fácil
El caso del camionero riojano Federico Orihuela asesinado de 8 balazos por el policía Ricardo Rodríguez, ocurre casi en simultáneo con la restitución de la Resolución 956/2018 que habilita a las fuerzas federales a disparar por la espalda.
El pasado sábado 10 de febrero el policía Ricardo Rodríguez asesinó al camionero riojano Federico Orihuela en Valle Fértil. La noticia no tardó en alcanzar los medios locales que hicieron eco de las declaraciones del jefe de la Policía de San Juan Eduardo Ramón Lirola que declaró en conferencia de prensa “es un hecho grave”.
Resulta llamativo que mientras los medios de alcance nacional tales como C5N, Infobae, Filonews y Clarín comenzaron a titular y a describir el caso como gatillo fácil, los medios locales decidieron omitir esta definición.
La reconstrucción de lo sucedido indica que los hechos sucedieron de la siguiente manera: sobre las 23 horas del sábado la policía entrevistó a un camionero que se encontraba en zona del dique de San Agustín ya que no podía estar ahí porque el lugar formaba parte de la competencia del Safari Tras las Sierras. Durante ese momento los agentes notaron que el vehículo del riojano no tenía la documentación en regla, por este motivo se trasladaron a la comisaría de San Agustín. Durante el trayecto Orihuela intenta fugarse y sobre la ruta provincial 510 el policía Rodríguez dispara al camión desde atrás, luego lo alcanza y tira de costado y finalmente lo pasa y continúa la balacera desde adelante. En total fueron 16 balas de las cuales 8 mataron al camionero que perdió el control del vehículo y se desvió a la banquina donde su cuerpo salió despedido.
Actualmente Ricardo Rodríguez se encuentra imputado por homicidio agravado y el fiscal a cargo de la causa, Francisco Pizarro, declaró en Radio Sarmiento horas antes de la audiencia que el policía había narrado una versión de los hechos imposible.
Es que según lo declarado por el fiscal, el policía sanjuanino intentó montar una escena del crimen mediante las comunicaciones policiales internas de radio.“Luego de producido el siniestro intentó manifestar que esta persona (el camionero) llevaba un arma que le había efectuado dos disparos y que se había pretendido escapar por los matorrales”. Seguidamente, Pizarro contradijo este relato: “Esto es realmente imposible debido a las heridas de gran magnitud que tenía el cuerpo, lo que arrojó la autopsia, que él mismo tenía aproximadamente seis disparos, en donde se le ha encontrado el resto de seis proyectiles y también le ha destrozado el cuerpo dos proyectiles más, o sea que el cuerpo tenía signos de ocho disparos en donde tenía quebrado el fémur»
Por otro lado, según información de Tiempo de San Juan, ninguno de los dos policías que acompañaban a Rodríguez declararon que el camionero haya disparado. Por otro lado, una requisa sobre el móvil afirmó que no presenta impactos de balas.
Durante la audiencia realizada el lunes 12, el policía sanjuanino rompió en llanto y declaró: «Lo único que yo intenté hacer en todo momento fue persuadir al conductor para que detuviera la marcha del rodado. Jamás, jamás, bajo ninguna circunstancia mi intención fue causar la muerte. Lo único que estaba tratando es que detuviera la marcha».
Vuelve la doctrina Chocobar
Casi en simultáneo con el caso de gatillo fácil del camionero Orihuela, el 8 de febrero la ministra de Segurdad de Nación, Patricia Bullrich, anunció la restitución de la Resolución 956/2018 que contiene la «Reglamento General para el Empleo de las Armas por parte de los Miembros de las Fuerzas Federales de Seguridad» o mejor conocida como la doctrina Chocobar.
Por el momento, la normativa solamente afectará a la prefectura naval permitiéndoles la utilización de armas de fuego, sin embargo Bullrich expresó que «vamos paso a paso, hoy hablamos de la prefectura naval».
El avance el Gobierno en la implementación de la doctrina Chocobar significaría un grave retroceso en políticas de control de la violencia institucional. Según datos de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), desde la derogación del protocolo en 2019 por la minsitra Frederic, habría 35 personas menos asesinadas por la espalda, desarmadas, por integrantes de las fuerzas federales.
