Los asentamientos en Rivadavia y la crisis del acceso a la vivienda digna

La historia de los asentamientos ilegales en Rivadavia comienza hace aproximadamente 10 años, cuando familias de escasos recursos empiezan a instalarse en terrenos de propiedad privada y estatal. Con el pasar del tiempo, el número de ranchos fue aumentando hasta constituir los asentamientos La Paz, La Defensa, Pellegrini y Evita. Durante muchos años, alrededor de 650 familias, con más de 3.000 niños y niñas, han vivido en condiciones deplorables: sin acceso a servicios de agua potable, electricidad, salud, transporte y atravesando inundaciones en sus ranchos.

En 2019 la gestión del gobernador Sergio Uñac llevó adelante un relevamiento que censó a 644 familias en el marco de un plan de relocalización. El IPV accionó de manera conjunta con el Gobierno y planificó la construcción del Barrio Sierras de Marquesado en el cual vivirían las familias censadas. Al día de hoy está listo para ser habitado, el problema es que desde que se llevó adelante el relevamiento inicial se asentaron 230 familias más que quedaron afuera de la planificación.

Actualmente, el Gobierno de San Juan se encuentra negociando, con las familias que quedaron afuera del plan, el desalojo de los ranchos para poder liberar los terrenos. Según comentó Marcelo Yornet, presidente del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), ellos no pueden garantizar una solución a corto plazo porque necesitan un periodo de tiempo prolongado para planificar y edificar viviendas para 230 familias más que exceden la planificación inicial.

En este marco, el IPV trabajó en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Humano una posible solución a corto plazo para las familias: ofrecieron pagarles $25.000 por mes para que puedan alquilar una vivienda y desalojar los asentamientos. Esta asistencia sería otorgada durante aproximadamente 2 años hasta que el IPV garantice una vivienda propia.

Sasha Guerrero vive actualmente en el Asentamiento Pellegrini y es una de las tantas personas que forman parte de las 230 familias que quedaron afuera de la planificación y el censo. La Mecha dialogó con ella y expresó que actualmente el Gobierno le exige el desalojo pero ella no tiene donde ir. Le ofrecieron $25.000 mensuales para alquilar pero, según ella, todavía no existe nada concreto. Por otro lado Sasha comentó que es muy difícil encontrar un alquiler porque piden anticipos de dinero y constancias formales que ella no tiene.

Efectivamente, el Colegio de Corredores Inmobiliarios de San Juan establece ciertos requisitos para alquilar, estos son:  la disposición de garantes, es decir dos personas alternativas que tengan recibos de sueldo o certificado de ingreso, y por otro lado se pide el pago de un depósito en garantía y otro monto por honorarios inmobiliarios.

Frente a la situación de las 230 familias, Yornet expresó: “Hay mucha especulación y aprovechamiento. Muchas veces los mismos familiares o amigos de las personas que viven en asentamientos, construyen su rancho y empiezan a armar su familia en busca de la promesa de una vivienda del IPV”. Por otro lado, comentó que se trata de una situación muy complicada porque en los asentamientos hay mucha inseguridad y delincuencia, llegando al punto de que roban herramientas y elementos de las casas en construcción.

Actualmente más de la mitad de las 230 familias ya han acordado el desalojo con el Gobierno de San Juan bajo la promesa de la asistencia de $25.000 y una vivienda del IPV dentro de un periodo de tiempo. Según Yornet, durante el mes de octubre van a consensuar con las familias restantes y finalmente a principios de noviembre procederían a desalojar y demoler los ranchos de los asentamientos.

El IPV y el Gobierno de San Juan cumplen un rol fundamental en la batalla por garantizar el derecho a la vivienda digna. Sin embargo aún queda mucho por conquistar en un contexto de crisis económica donde las familias de escasos recursos no solamente sufren el flagelo material sino también el estigma social que conlleva vivir en un asentamiento ilegal.