Ecuador firma la paz después de 18 días de paro
El país estuvo literalmente en llamas hasta que el gobierno y el movimiento indígena llegaron a un acuerdo. ¿Se hizo la paz?
Ecuador estuvo prendido fuego buena parte de junio y no es la primera vez. El 13 de junio pasado los sectores indígenas salieron a las calles como lo habían prometido, cuando avizoraron que sus demandas no serían escuchadas. Presentaron al gobierno de Guillermo Lasso un documento de 10 puntos sobre los que trabajar. Entre las principales demandas estaba el precio de los combustibles, la necesidad de reestructurar deudas y también la afronta al modelo extractivista. Sin embargo, la primera respuesta del gobierno no fue suficiente.
Acompañados por la fuerza de los sindicatos y las y los estudiantes, decidieron tomar las calles en todo el país. Bloquearon carreteras, fueron reprimidos, devolvieron algo también. Al menos 6 personas perdieron la vida y alrededor de 500 fueron heridas, entre manifestantes y agentes de la policía. La dinámica es ya conocida.
A esto se le sumó una moción para destituir a Guillermo Lasso. Sí, en un margen de 18 días, las calles se prendieron fuego y Ecuador casi se queda sin presidente. Finalmente, con la mediación de la Iglesia, las partes consensuaron una ruta a seguir.
En el medio, una vez más en la historia, el eje de análisis pareció correrse a las formas. Reprochar el vandalismo de las protestas parece tarea más simple que asumir el lugar que cada quien ocupa en el escenario de profunda inequidad que hoy tiene al país sumido en la pobreza.
Esta nota habla de acuerdos, pero también de las heridas que quedan.
Fueron 18 días
Fueron 18 días de salir a las calles, 18 días de recibir perdigones, 18 días de combatir retóricas injustas.
El 13 de junio de este año fue la marca en el calendario que la CONAIE eligió para comenzar el gran paro nacional. La CONAIE es la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, un grupo creado en 1986 con una tradición de movilización que muchos envidiarían. Lo de esta vez no fue una excepción.
Como en toda América Latina, a la pobreza y la inequidad estructurales no les sentó demasiado bien la pandemia y la situación en Ucrania. Hace tiempo que la CONAIE le había presentado al Gobierno sus demandas para tratar de lidiar con los estragos a los que se enfrentaba gran parte de la población. Después de un año de diálogos sin horizonte, se llegó al famoso documento de los 10 puntos de reclamo. El primero tenía que ver con reducir los precios del combustible. La población no está pudiendo hacer frente al encarecimiento del costo de la vida y por eso además pedían “precios justos” en los productos del campo y desarrollar políticas “para controlar la especulación”. Reclamaban también fijar una moratoria de un año en el sistema financiero para que las familias pagasen sus deudas, otorgar mayor presupuesto a la salud y la educación, no privatizar servicios estratégicos y no explotar la minería en territorios indígenas, entre otros. Cuando no encontraron respuesta, se volcaron a las calles. Se volvió evidente que las demandas trascendían a la comunidad indígena, cuando a las manifestaciones se les sumaron, por ejemplo, gremios y estudiantes.
Bloquearon carreteras en todo el país, lo que devino en desabastecimiento y aumento de precios en los productos básicos. También hubo sectores que vandalizaron edificios públicos y comercios, lo que trajo consigo la desaprobación de parte de la sociedad. Según estimaciones del gobierno, todo esto “le ha costado al país” unos USD 50 millones por día.
El gobierno de Guillermo Lasso respondió con mano dura: fuerza policial para reprimir las protestas y estado de excepción y toque de queda en algunas provincias. A su vez calificó a las y los manifestantes como terroristas e incluso se intentó instalar la idea de que estaban financiados por el narcotráfico, acusación que el movimiento ha negado rotundamente. Pareciera que a algunos gobiernos les cuesta aceptar que su población muere de hambre y ellos no hacen nada al respecto.
Mientras Lasso argumentaba que detrás de las protestas había un plan para sacarlo del poder, sus fuerzas de seguridad se enfrentaban violentamente a la comunidad, dejando un saldo de 6 personas muertas y alrededor de 500 heridos, entre manifestantes y policías. A su vez, el Comité de Derechos del Niño de la ONU pidió a las autoridades que cesaran la violencia contra niños y adolescentes e instó a que se realice una investigación de los incidentes de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía contra los niños.
En el medio, Leonidas Iza, el representante de la CONAIE, pedía a los manifestantes “no dejar que infiltrados dañen las movilizaciones pacíficas”. Muy al principio de las protestas, el gobierno de Lasso lo había arrestado por “paralizar el transporte público y exhortar a que se radicalizaran las protestas”. Lo liberó a la brevedad, pero el líder indígena ahora va a juicio.
Por si las cosas no estaban ya picantes, el correísmo impulsó en la Asamblea Nacional Ecuatoriana una “moción de censura” contra el presidente, que podría destituirlo de su cargo y generar que se convocara inmediatamente a elecciones. Lo hizo bajo la causal -contemplada en la Constitución- de que el país atravesaba una «grave crisis política y conmoción interna». Luego de 18 horas de debate, la oposición no consiguió el voto de los dos tercios de la Cámara que necesitaba y Guillermo Lasso sigue siendo el presidente de Ecuador.
Hay acuerdo
El diálogo se frenó un par de veces. Lasso por ejemplo se levantó de la mesa después de acusar al movimiento indígena de estar detrás del ataque a un convoy en el que murió un militar. Las perspectivas de negociación tampoco eran muy favorables cuando afuera las fuerzas de seguridad reprimían a las y los manifestantes y ellos se defendían con lo que había a mano. Finalmente, fue la Iglesia la que ayudó a resolver la disputa: la Conferencia Episcopal Ecuatoriana impulsó el proceso de mediación que terminó con la firma de un acuerdo.
¿Qué lograron consensuar el gobierno y las comunidades indígenas? Frente a una de las demandas más importantes del movimiento, la de reducir 40 centavos de dólar el galón de los combustibles subsidiados, se acordó una rebaja de 15 centavos. Esto representó un avance de la primera propuesta del gobierno de reducir sólo 10 centavos. La CONAIE se fue también con el compromiso del gobierno de derogar el decreto 95, que promovía la actividad petrolera en la Amazonía y de reformar el decreto 151, en vistas a reestructurar el plan minero para que estas actividades no puedan llevarse a cabo en áreas protegidas, zonas intangibles, territorios ancestrales de pueblos indígenas y áreas de protección hídrica.
A esto se le suman medidas que el gobierno de Lasso ya había anunciado, como el aumento de los subsidios para las familias más vulnerables, controles de precios más estrictos por parte de los gobernadores y la condonación de deudas. Quedó asimismo establecido el estado de emergencia para la salud pública y la promesa de duplicar el presupuesto de la Educación Intercultural Bilingüe, que busca promover, valorar y recuperar las culturas y lenguas de los pueblos indígenas.
Luego de firmar el acuerdo, el presidente de Ecuador habló en cadena nacional de superar las divisiones y aseguró que pondrá al campo y la ruralidad como “prioridad nacional”.
Si bien el acuerdo no comprende todas las demandas establecidas en el documento de los 10 puntos, para todo lo demás se han establecido mesas de negociación que además permitirán dar seguimiento a lo ya consensuado. Por su parte, la CONAIE aceptó levantar la medida de fuerza pero bajo la advertencia de que convocará a movilizarse nuevamente en 90 días si no se cumple lo pactado.
¿Y ahora qué?
Tras 18 días de paro nacional, Ecuador respira. Han sido tiempos de sufrimiento y las heridas siguen abiertas aquí y allá. No fue la primera vez, decíamos. Es que en 2019 el país fue testigo de otro levantamiento de gran envergadura. A diferencia de lo que pasó en Chile o Colombia, por ejemplo, ese estallido social no se canalizó después por la vía electoral. Mientras esos países eligieron gobiernos de izquierda -es decir, votaron por las oposiciones a los gobiernos de turno-, Ecuador eligió a un banquero para seguir la línea del gobierno de Lenín Moreno.
Guillermo Lasso asumió la presidencia hace poco más de un año. Sus números de aprobación están por el piso. Rompió las alianzas con las que llegó a la presidencia. La Asamblea no logró destituirlo, pero estuvo a sólo ocho votos de llegar a los 92 requeridos para aprobar la moción.
En paralelo, un nombre trascendía las fronteras del país mientras se contaba la historia de la lucha indígena: Leonidas Iza. El hombre de 40 años comenzó a dirigir la CONAIE en 2021, pero se había convertido en referente ya en las protestas del 2019, organizando a grupos campesinos. Iza ahora le puso la cara al reclamo del movimiento indígena y si bien no se fue con las manos del todo llenas, logró acuerdos que beneficiarán no sólo al sector que representa. Lo hizo sorteando el desprecio del gobierno que lo encarceló y que en medio del proceso de diálogo se levantó de la mesa prometiendo volver “sólo cuando se cuente con legítimos representantes» de todos los pueblos y nacionalidades del Ecuador, porque Iza “sólo defiende sus intereses políticos y no los de sus bases». La CONAIE sostuvo a su líder mientras el presidente no encontraba otro lenguaje para resolver las demandas del pueblo que el de la represión. Un pueblo que salía a las calles por pobreza, por desigualdad, por supervivencia. ¿Con qué cara se habla después de democracia y republicanismo?
La representación del poder en Ecuador sigue estando en disputa. Habrá que prestarle atención a estos nombres que empezamos a escuchar. «No existe la voluntad de gobernar con los pobres», dijo alguien por ahí. Quizá ya sea hora.
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