CFK NOS PUSO A DISCUTIR SOBRE LOS PLANES SOCIALES:¿QUIÉN LOS DEBERÍA APLICAR Y CÓMO?

A pesar de que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner habló durante casi 1 hora sobre las causas de los problemas económicos de la Argentina con lujo de detalles, estadísticas mundiales y responsables muy claros, lo que quedó resonando en los titulares y en las redes sociales fueron apenas un par de minutos de reflexiones sobre las políticas sociales. ¿Quién debería manejar los planes sociales en Argentina?

“El Estado Nacional debe recuperar el control, la auditoría y la aplicación de las políticas sociales que no pueden seguir tercerizadas. El Estado debe recuperar ese rol y transparentarlo frente a la opinión pública”, dijo Cristina en los minutos finales de su alocución este último 20 de junio, Día de la Bandera, durante el plenario nacional de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), con la presencia de su secretario general, el diputado Nacional HugoYaskyy el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi.

Para desandar las declaraciones de la expresidenta, Laura Garcés, una de las investigadoras con más experticia en el tema políticas sociales en San Juan, participó de la edición semanal del programa Estamos a Favor, en Radio Comunitaria La Lechuza, conducido por Miguel Ambas junto a Nidia Bazán y Juan Yáñez.

“Creo que Cristina no debe desconocer que en Argentina el 40% de los trabajadores y las trabajadoras pertenece a la economía informal, por eso, pensar que a partir de estos dichos se está negando la importancia de la economía popular es demasiado”, dijo Garcés, sobre las posteriores muestras de descontento de parte de referentes de los movimientos sociales como Emilio Pérsico, del Movimiento Evita y funcionario en el Ministerio de Desarrollo Social, Juan Grabois, dirigente del MTE, o el diputado Federico Fagioli, también del MTE, quien expresó en sus redes sociales que “Cristina se equivocó y nos duele”.

Para entrar de lleno en la cuestión del control, la auditoría y la aplicación de las políticas sociales, la trabajadora social y secretaria de Extensión de la UNSJ, puso en discusión dos elementos importantes: la intermediación y la selectividad de estas políticas.

“Yo pienso que no debería haber intermediación, pero eso no tiene que ver con que los movimientos sociales no los manejen, sino que es un derecho de la ciudadanía al que se debe acceder directamente, como es la salud, la educación o la misma AUH”. Y respecto a la propuesta que circula en algunos sectores del gobierno nacional, de darle la potestad sobre los planes sociales a los intendentes, la investigadora lo desestimó como “un cambio de intermediación”.

Según la experta, la discrecionalidad, la malversación, o el posible mal manejo de los fondos del Estado destinados a programas sociales llega con la selectividad de esos programas: “Cuando nosotros en los planes sociales incluimos la selectividad, que es propio de los programas focalizados, aparece la discrecionalidad como una posibilidad de parte de quien sea”. Y remarcó: “Mientras más universal y medios intermediada una política es, más transparente y garantista de derechos será porque no está sujeta a la voluntad de una persona u organización”.

En este sentido, al aire de la radio comunitaria pocitana, también puso en valor la necesidad de que los movimientos sociales tengan recursos económicos para realizar sus actividades y garantizar su subsistencia. “Hay que pensar en formas transparentes para que el Estado aporte a estas organizaciones que necesitan recursos como cualquier institución”, dijo Garcés.

¿Por qué es necesario que el Estado encuentre formas transparentes de financiar la actividad de los movimientos sociales? Porque hasta el momento son los únicos actores sociales que llegan donde no lo hace el Estado y muchos menos el mercado. Tal cual lo explicó la expresidenta en el acto de la CTA, los movimientos sociales nacieron de la desigualdad que dejaron las políticas neoliberales en Argentina durante los años 90 y se consolidaron, con mayores niveles de organización, hacia la década del 2000. El ejemplo se refuerza cuando vemos que los planes sociales aumentaron en casi un 50% durante el gobierno de Mauricio Macri.

La función de los movimientos sociales fue fundamental durante la pandemia que, con el lanzamiento del Ingreso Familiar de Emergencia, dejó al desnudo a los 9 millones de argentinos y argentinas excluidos de la economía formal: hablamos de trabajadoras de casas particulares, feriantes, monotributistas sociales y de las categorías más bajas, changarines de todos los sectores, albañiles, mozos y la lista sigue. En su mayoría, todos y todas con ingresos por debajo de la línea de pobreza. Miles de argentinos que perdieron su fuente de ingresos se vieron contenidos por la labor incansable de los movimientos sociales, que organizados pudieron hacer llegar un bolsón, levantar un merendero o una olla popular.

En este punto, Miguel Ambas, conductor de Estamos a Favor junto a Nidia Bazán y Juan Yáñez, consultó a Garcés la diferencia entre el financiamiento estatal o privado a un partido político, una ONG o un institución cualquiera de la sociedad civil, frente al escándalo que genera hablar del financiamiento de un movimiento social, a lo que Garcés fue contundente con una sola palabra: “estigmatización”.

Acá es donde los dichos de Cristina más molestaron: “A mí no me gusta que me quieran convencer que eso es peronismo, el peronismo es laburo, trabajo. El peronismo no es depender de un dirigente barrial para que me dé el alta y la baja”. En este punto, más de un dirigente puede haberse sentido “tocado”. En ese enfrentamiento conceptual entre recibir un plan social y trabajar, que en la práctica es falaz ya que hay un 7% de desocupación, con más de 13 millones de inscriptos para recibir el Refuerzo de Ingresos o IFE 4. En conclusión, lo que falla en Argentina no es la generación de empleo, sino la redistribución de la riqueza.

Para cerrar, Garcés dejó una interesante reflexión: “Las organizaciones sociales no deberían manejar panes sociales porque estoy creyendo en que sea una política universal de derechos”.