Un grupo de DAI presentó una carta abierta dirigida a Orrego: «La vocación no reemplaza un trabajo digno»

Un colectivo de Docentes de Apoyo a la Inclusión dirigió un documento al gobernador, vicegobernador y legisladores en el que exige soluciones a la falta de previsibilidad salarial y la ausencia de un marco normativo que regule su actividad.

Un grupo de docentes de apoyo a la inclusión (DAI) dio a conocer una carta abierta dirigida al gobernador Marcelo Orrego, la Legislatura, el interventor de la Obra Social Provincia, Rodolfo Fasoli, la directora de la Dirección de Discapacidad, Paula Moreno, y los ministerios de Educación y Familia y Desarrollo Humano. El texto describe una situación de precarización laboral que pone en riesgo la continuidad de la educación inclusiva en la provincia. En el documento, el sector expresó su malestar e indignación por el «desamparo institucional» y la falta de respuestas concretas frente a su realidad cotidiana.

Los profesionales remarcaron que sostener el derecho a la educación de los estudiantes con discapacidad requiere un trabajo continuo dentro y fuera del aula. Sin embargo, denunciaron que «no puede existir una verdadera política de inclusión educativa si quienes sostenemos la inclusión somos excluidos de las condiciones laborales y económicas que todo trabajador merece».

La carta expresa que el sector está «cansado de tener que visibilizar una y otra vez nuestras necesidades» y de «sentir que nuestros derechos no ocupan el mismo lugar en la agenda de quienes tienen la responsabilidad de garantizarlos». Por esa razón, los DAI exigen una mesa de diálogo con legisladores y Gobierno para construir soluciones «reales, sostenibles y urgentes».

Los puntos del reclamo

La carta abierta detalla seis ejes que afectan de manera directa la vida familiar y profesional de los docentes integradores en la provincia. El primero es la irregularidad en los tiempos de pago, que genera incertidumbre económica e impide la planificación familiar básica. De la mano a ese punto va la demora en los tiempos administrativos de la Obra Social Provincia, lo que obliga a los DAI a financiar sus actividades de sus propios bolsillos.

Otro de los puntos del reclamo consiste en que los subsidios familiares destinados a pagar los honorarios de los DAI están desactualizados. Esa situación dificulta el acompañamiento pedagógico en las escuelas. Los profesionales también señalan la de reconocimiento del costo de movilidad entre instituciones. Por esa razón, exigen que los DAI sean contemplados dentro del boleto gratuito docente. De la mano de lo anterior, el sector denuncia que sus ingreses durante enero y febrero se ven interrumpidos debido al cese de las clases.

Una de las soluciones presentadas para esos dos últimos puntos espera su tratamiento en la Legislatura. Se trata del Expediente 2302/25, presentado por los diputados Mario Herrero y Cristina López. El proyecto fue presentado en octubre de 2025. Uno de los ejes centrales de la propuesta legislativa es incorporar formalmente a los DAI a la órbita del Ministerio de Educación. En línea con el proyecto de ley, la carta denuncia que no existe un marco normativo que regule la actividad profesional del sector.

«Detrás de cada docente hay una familia»

Sobre el cierre de la carta abierta, los DAI expresan: «Señor Gobernador y autoridades presentes: detrás de cada docente hay una familia, responsabilidades y necesidades que no pueden esperar indefinidamente». También denuncian que «la vocación no reemplaza un salario digno» y que «el compromiso no justifica la precarización».

El colectivo también solicita una reunión con legisladores. «No queremos que se legisle sobre nuestra realidad sin escuchar a quienes la vivimos y sostenemos diariamente. Somos quienes conocemos de primera mano las dificultades, las necesidades y las condiciones en las que se desarrollan los procesos de inclusión», se lee en el documento.

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