Caso Niña Sabiduría: denuncias de pedofilia, encubrimiento judicial y siete años en la espera del juicio

Cuando la mamá de Niña Sabiduría acudió a la Justicia en noviembre de 2019, su hija tenía cuatro años. El próximo 8 de noviembre se cumplirán siete años de aquella primera denuncia. Durante esos años, la niña tuvo que volver a ver a Germán Pacheco, padre denunciado por una orden judicial y fue retirada de los brazos de su madre durante un allanamiento. Según la mamá, los pedidos de un examen médico fueron rechazados en dos oportunidades. Después llegó un sobreseimiento que la Cámara Penal revocó. A la denuncia por abuso sexual se sumó una pelea sostenida para acceder al expediente, cuestionar las decisiones judiciales y conseguir una fecha de juicio.

Ahora , 7 años después, tiene una fecha de juicio: el 15 de febrero de 2027, según confirmó su abogada a La Mecha.

El encubrimiento está demostrado y además hubo un sobreseimiento escandaloso»

«El encubrimiento está demostrado y además hubo un sobreseimiento escandaloso«, sostiene la mamá. Su identidad se mantiene en reserva para proteger a su hija, cuyo caso se conoce como Niña Sabiduría.

La primera presentación fue el 8 de noviembre de 2019. La madre denunció al padre de la niña por abuso sexual y pidió que la examinara un médico legista. Según relató, su hija presentaba síntomas físicos que requerían atención, pero el examen no fue autorizado. «No tuvimos acceso a un médico legista en ninguna de las dos denuncias«, aseguró a La Mecha.

En su relato, esa falta de respuesta ocupa un lugar central. Sostiene que su hija expresó lo que había vivido con los recursos que tenía a esa edad y que los informes psicológicos y su declaración en Cámara Gesell aportaron elementos para investigar.

«Hay evidencia de sobra, mi hija lo demostró a través de dibujos, de su relato, juegos y su conducta. Con cinco años lo demostró como pudo«, expresó.

La Justicia de Familia ordenó una revinculación con el progenitor denunciado. Es decir, una medida judicial que obliga a una niña o un niño a retomar el contacto con un progenitor, pese a su rechazo o a la oposición de quien está a su cuidado.
La madre cuestiona esa decisión y la señala como uno de los momentos más difíciles del proceso.

En enero de 2020, después de que el padre la denunciara por impedimento de contacto, la policía allanó la vivienda de los abuelos maternos. Según la mamá, la orden fue firmada por la jueza Carolina Parra. Los efectivos retiraron a la niña de sus brazos y la entregaron a familiares paternos. Pudo recuperarla al día siguiente.

En julio de ese año presentó una segunda denuncia por nuevos hechos de presunto abuso. Volvió a pedir un médico legista. Asegura que tampoco entonces se autorizó el examen.

Luciana Mazuelos, secretaria de Género de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de San Juan, acompaña el caso desde hace cinco años. Cuando describe el trato que recibió la madre, comienza por una práctica que considera persistente: «Primero, poner en duda su palabra y la de su hija«.

Mazuelos cuestionó que se recurriera al llamado Síndrome de Alienación Parental para desacreditar la denuncia. También señaló la estigmatización que sufrió la mamá mientras intentaba sostener el proceso. Para la APDH, la revinculación y las actuaciones que denuncia la familia forman parte de una trama de violencia institucional y vicaria.

La madre vincula algunas de esas decisiones con las relaciones de la familia paterna en ámbitos políticos y judiciales. «Sospecho que el encubrimiento tiene que ver con que mi exsuegro, César Pacheco, quién era amigo de gente poderosa dentro de la Justicia«, afirmó.

También cuestionó que el tío paterno de la niña, Sebastián Pacheco, quien había ocupado cargos públicos, estuviera presente durante el allanamiento.

En 2021, la jueza Gema Guerrero dictó el sobreseimiento de German Pacheco, progenitor denunciado. La Cámara Penal revocó posteriormente esa resolución y ordenó continuar la investigación. La mamá también señaló que hubo funcionarios públicos denunciados por presuntas maniobras de encubrimiento vinculadas con el expediente.

Para Yamila Piozzi, abogada querellante junto con Fabiana Figueroa, los obstáculos que enfrentó la familia deben nombrarse de ese modo. «Encubrimiento me parece que es el término que se debe sostener«, afirmó a La Mecha. La letrada describió una sucesión de gestiones que demandaron meses: incorporarse formalmente a la causa, obtener copias y acceder a la documentación de la elevación a juicio.

Pasaron meses para hacernos parte de un expediente; pasaron meses para darnos copia de los expedientes; pasaron meses para darnos toda la documental de la elevación a juicio», enumeró.

Desde febrero de este año, las abogadas insistían en que se fijara el debate oral. La mamá también cuestionó a Natalí Lima y al juez Caballero Vidal: sostuvo que ambos habían dado su palabra de que se establecería una fecha y que las promesas se fueron postergando durante el año, sin que le explicaran los motivos.

La Sala Primera de la Cámara Penal finalmente notificó que el juicio comenzará el 15 de febrero de 2027. Piozzi confirmó que la fecha es oficial. El anuncio permite conocer cuándo está previsto el debate, aunque la querella mantiene sus cuestionamientos por el tiempo transcurrido.

La abogada advirtió, además, que la demora puede afectar la reconstrucción de los hechos. La causa cuenta con 24 testigos y el paso de los años podría perjudicar sus recuerdos y la precisión de sus declaraciones.

La preocupación por los tiempos también está recogida en los estándares internacionales de protección de la infancia. Las directrices de Naciones Unidas sobre niños víctimas y testigos de delitos recomiendan agilizar las investigaciones y celebrar los juicios lo antes posible, salvo que una demora responda al interés superior del niño. El objetivo es evitar que el propio proceso judicial les provoque nuevos sufrimientos.

«Cuando pasa tanto tiempo no es justicia«, sostuvo Mazuelos. La referente de APDH señaló que estos procesos desgastan económica y emocionalmente a las familias y que ese desgaste puede llevar a otras madres a abandonar sus denuncias.

La niña que tenía cuatro años cuando se presentó la primera denuncia está entrando en la adolescencia. El acusado continúa en libertad y su responsabilidad penal deberá determinarse en el juicio. Para su mamá, la espera tiene ahora una fecha anunciada, después de casi siete años de recorrer oficinas, presentar pedidos y reclamar que la escuchen.