Qué pasó con la causa del derrame de Barrick: la multa, el cierre en San Juan y el nuevo capítulo en la Corte
Once años después del derrame de solución cianurada en Veladero, el recorrido judicial tiene distintos resultados. La empresa pagó una multa, ocho empleados accedieron a una probation y la causa contra ellos se cerró. Ahora, la Corte Suprema tiene ante sí la discusión sobre el sobreseimiento de dos exfuncionarios nacionales investigados por presuntas omisiones de control.
¿Qué pasó con la causa del derrame de Barrick? Para responder hay que reconstruir varios expedientes. El episodio de septiembre de 2015 abrió un sumario administrativo contra la empresa y procesos penales que quedaron repartidos entre la Justicia de San Juan y los tribunales federales.
Esa división es fundamental para entender la novedad de octubre de 2026: lo que llegó a la Corte Suprema es un recurso contra el cierre de la investigación sobre funcionarios nacionales. La decisión no reabre automáticamente la causa contra los empleados de la minera ni modifica la multa.
El derrame y la división de la investigación
Entre el 12 y el 13 de septiembre de 2015, una falla en Veladero, ubicada en el departamento Iglesia, provocó el derrame de aproximadamente 1.072.000 litros de solución cianurada. Según la reconstrucción del expediente publicada por Télam, la rotura de una válvula permitió la salida del líquido hacia el río Potrerillos.
La investigación generó una disputa entre el juez provincial Pablo Oritja y el juez federal Sebastián Casanello. El 5 de mayo de 2016, la Corte Suprema estableció cómo debían distribuirse las responsabilidades: la Justicia sanjuanina investigaría a los directivos de la empresa y a los funcionarios provinciales; la Justicia federal, a los funcionarios nacionales.
Desde entonces, esos caminos avanzaron con tiempos y desenlaces diferentes.
La multa se pagó, pero Barrick la discutió en tribunales
En marzo de 2016, durante la gobernación de Sergio Uñac, el Ministerio de Minería de San Juan impuso una sanción de 145.696.000 pesos de aquel momento por el derrame. Se trató de una multa administrativa, surgida del sumario provincial.
El pago está registrado en la documentación que Barrick presentó ante la autoridad bursátil estadounidense: su subsidiaria lo realizó el 14 de abril de 2016, mientras mantenía un pedido de reconsideración. La compañía informó un equivalente aproximado de diez millones de dólares al tipo de cambio de entonces.
La empresa continuó cuestionando la sanción por vía judicial. Buscó anular la resolución y recuperar el dinero, al rechazar que hubiera actuado con negligencia y atribuir el episodio a condiciones climáticas imprevisibles.
A fines de 2022, la jueza Adriana Tettamanti rechazó esa demanda. En 2023, la Sala IV de la Cámara Civil confirmó la decisión. Según la cobertura del fallo, los jueces señalaron incumplimientos en los controles y en los protocolos de la operación. Esa información también anticipaba una posible presentación ante la Corte provincial, cuyo resultado posterior no pudo verificarse para esta reconstrucción.
La causa provincial terminó después de una probation
En marzo de 2016, Oritja procesó a nueve empleados y responsables jerárquicos de la mina por presunta contaminación culposa. En agosto de 2017, la Cámara confirmó ocho procesamientos y dictó falta de mérito para el exgerente general Antonio Adames. Esa última decisión no equivalía a una absolución.
Los ocho acusados obtuvieron la suspensión del juicio a prueba, conocida como probation, el 23 de agosto de 2018. Según los informes corporativos de Barrick, las condiciones incluían buena conducta y tareas comunitarias durante un año, sin exigir una admisión de responsabilidad.
La empresa informó posteriormente que todos habían cumplido las condiciones y que, el 21 de junio de 2021, el tribunal dispuso el cierre de la causa contra ellos. Así terminó ese proceso penal, sin una condena contra los ocho beneficiarios de la probation. La fecha de cierre surge del informe de Barrick; no se contó para esta nota con la resolución provincial original.
Los controles nacionales y los años sin juicio
En el expediente federal, Casanello elevó a juicio en octubre de 2018 la investigación contra Jorge Mayoral, Beatriz Domingorena y Sergio Lorusso por presuntos incumplimientos de sus deberes como funcionarios nacionales. Se investigaba si habían omitido controles ambientales que les correspondían.
Jorge Mayoral, ingeniero en Minas, nació en Buenos Aires pero vivió durante muchos años en San Juan, donde fue secretario de la Cámara Minera y protesorero de la Federación Económica, según el perfil publicado por Once Diario.
Las audiencias previstas para abril y mayo de 2020 fueron postergadas. La documentación de Barrick menciona la respuesta a la pandemia y un planteo procesal de uno de los exfuncionarios entre las razones de esa demora.
El tiempo transcurrido terminó convirtiéndose en el centro del litigio. Según la cobertura judicial, el 27 de noviembre de 2025, la jueza María Servini declaró prescripta la acción penal contra Mayoral y Domingorena por afectación del derecho a ser juzgados en un plazo razonable y los sobreseyó.
La Fiscalía y la Asamblea Jáchal No Se Toca cuestionaron la decisión. Sostuvieron la relevancia pública y ambiental del caso y discutieron las responsabilidades por las dilaciones. Las defensas, por su parte, argumentaron que los acusados habían permanecido sometidos al proceso durante un período excesivo.
Qué llegó ahora a la Corte Suprema
El fallo original de Casación permite precisar el último movimiento. El 18 de agosto de 2026, la Sala III rechazó por mayoría los recursos contra los sobreseimientos. La Fiscalía presentó entonces un recurso extraordinario y, el 8 de octubre de 2026, el tribunal concedió esa vía.
La resolución corresponde al expediente “Mayoral, Jorge y otro”, CFP 10049/2015/PL1/6/2. Habilita la intervención de la Corte, pero no revoca por sí misma los sobreseimientos ni establece culpabilidades. La controversia es si fue válido cerrar el proceso por la duración que alcanzó.
Once años después del derrame, la discusión sobre las presuntas omisiones de control nacional sigue sin una sentencia sobre el fondo de las acusaciones.