Mientras San Juan pagará la Ruta 40 sin reembolso, Nación compensará a Mendoza por las obras
Frente al repliegue de la Nación en la obra vial, San Juan decidió financiar durante 20 años rutas nacionales y utilizar parte de los US$250 millones acordados con Vicuña. Mendoza, en cambio, diseñó un esquema para compensar con la Nación parte de las obras que ejecutó. La estrategia sanjuanina tiene consecuencias fiscales, ambientales y jurídicas que exceden el costo de las rutas.
La falta de intervención de Vialidad Nacional en las rutas de Cuyo obligó a San Juan y Mendoza a buscar alternativas para sostener obras que corresponden al Estado nacional. Las dos provincias avanzaron sobre la Ruta Nacional 40, pero eligieron caminos diferentes.
San Juan decidió asumir durante 20 años el financiamiento, la conservación y la ejecución de obras en las rutas nacionales 40, 20, 153, 150 y 149. Para intervenir la Ruta 40 Norte, el Gobierno de Marcelo Orrego utilizará parte de los recursos provenientes del acuerdo de US$250 millones con Vicuña.
Mendoza tomó otra decisión: ejecutó obras sobre rutas nacionales y negoció después un mecanismo para que parte de ese gasto fuera compensado con obligaciones que la Nación mantenía con la provincia.
La diferencia es sustancial. Mientras Mendoza buscó trasladar parte del costo de las obras a la Nación, San Juan comprometió recursos provinciales para resolver un problema que corresponde al Estado federal.
El deterioro de la Ruta 40 Norte, especialmente en el tramo entre Albardón y Jáchal, llevó al Gobierno provincial a asumir responsabilidades que hasta entonces correspondían a la Nación.
El convenio firmado establece que San Juan se hará cargo durante dos décadas del financiamiento, conservación y ejecución de distintas rutas nacionales.
Para la Ruta 40, el Gobierno utilizará el acuerdo alcanzado con Vicuña, que contempla un aporte de US$250 millones. Según el esquema previsto, la empresa anticipará los fondos mediante el denominado Aporte DIA Fijo.
Con esos recursos se proyecta intervenir 143 kilómetros de la Ruta 40 Norte, con una doble calzada hasta Villicum y terceras trochas hasta Talacasto. La decisión permite avanzar sobre una ruta cuyo deterioro es visible, pero abre una discusión sobre el origen de los fondos y sobre qué resigna la Provincia para financiar una obra de jurisdicción nacional.
Los US$250 millones de Vicuña son recursos que quedan en manos de la Provincia. Al destinarlos a rutas nacionales, San Juan los utiliza para cubrir una obligación que, originalmente, correspondía al Estado nacional.Eso significa que esos fondos dejan de estar disponibles para otras prioridades provinciales.
El dinero no ingresa como un fondo específico y adicional destinado exclusivamente a rutas. El acuerdo con Vicuña modifica el destino de recursos que están vinculados con obligaciones derivadas de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).
De esta manera, una decisión tomada por la administración de Orrego para resolver el deterioro de la infraestructura vial también condiciona la utilización de fondos que podrían haberse destinado a otras necesidades de la provincia.
Originalmente, parte de las obligaciones vinculadas con la DIA estaban relacionadas con obras destinadas a compensar los impactos del proyecto y garantizar la recuperación del caudal de agua en Iglesia y Jáchal.
El acuerdo con Vicuña establece un aporte fijo que permite a la Provincia disponer de esos recursos para otros destinos, entre ellos la infraestructura vial. El riesgo señalado por los sectores críticos es que las obras hídricas terminen compitiendo por los mismos recursos con las rutas.
En otras palabras: el dinero que puede utilizarse para transformar la Ruta 40 deja de estar disponible para garantizar que se concreten determinadas obras de compensación hídrica.
El camino mendocino
Mendoza también tuvo que intervenir ante el deterioro de las rutas nacionales, pero buscó evitar que el costo quedara definitivamente en su presupuesto. La provincia adjudicó obras sobre las rutas nacionales 40 y 143 por más de $127.000 millones. La diferencia apareció en la negociación posterior con la Nación.
La provincia vecina acordó un mecanismo de compensación dentro del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas. La provincia podrá descontar parte de las inversiones realizadas en rutas nacionales de la deuda que mantiene con el Gobierno federal.
El ministro de Hacienda mendocino, Víctor Fayad, explicó que Mendoza había tomado un crédito de $325.000 millones de la Nación como adelanto de coparticipación, con una tasa anual del 15%.
A partir del nuevo convenio, la provincia podrá descontar $120.000 millones de esa deuda. De ese monto, $80.000 millones corresponden a las inversiones realizadas en las rutas 40 y 143.
Entre las obras figuran el Acceso Sur de la Ruta 40, en Luján de Cuyo, valuado en $64.232 millones, y la intervención sobre la Ruta 143, por $62.868 millones. Mendoza también dejó abierta la posibilidad de reclamar el reconocimiento del resto de las inversiones una vez agotado el monto de la compensación inicial.
Dos respuestas frente al mismo problema
Las dos provincias tuvieron que enfrentar el mismo repliegue del Estado nacional. La diferencia estuvo en la estrategia.San Juan utilizó recursos provenientes del acuerdo con Vicuña para financiar rutas nacionales. Mendoza, en cambio, buscó que la Nación reconociera parte de las obras mediante una compensación de deudas.
La decisión del Gobierno de Orrego permite acelerar obras que la provincia considera necesarias, pero también tiene un costo que va más allá del pavimento: compromete recursos provinciales, modifica el destino de fondos vinculados con obligaciones ambientales, traslada a San Juan parte del riesgo de las obras hídricas y establece condiciones económicas y jurídicas de largo plazo con Vicuña.
La comparación con Mendoza expone, así, dos maneras de responder al retiro de la Nación de la obra pública. En un caso, la provincia pone los recursos y asume el costo. En el otro, la provincia utiliza su capacidad de negociación para intentar que la Nación termine pagando parte de las obras que son de su propia jurisdicción.
¿Y las transferencias?
La caída de las transferencias reales enviadas por el Gobierno nacional —que contemplan la suma de recursos automáticos y discrecionales entre el primer trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2026— afectó con diferente intensidad a las provincias cuyanas, dentro de un contexto donde el promedio nacional de descenso fue del -18%. Mendoza se ubicó como la provincia más afectada de todo el país frente a este recorte federal, sufriendo una contracción del -30% en términos reales. En contraste, San Juan registró una reducción del -17% en el ingreso de estos fondos, posicionándose levemente por encima del promedio nacional de caída, pero reflejando de igual manera el fuerte impacto del ajuste en sus recursos disponibles
