Hualilán en Ullum: Falta de transparencia con el gobierno Provincial, incertidumbre y un boom minero con irregularidades
Detrás de las promesas de inversión y crecimiento, se acumulan cuestionamientos por el manejo de la información, el impacto local de la actividad y las respuestas oficiales frente a distintos reclamos.

Los flashes de la prensa celebraron la primera colada de oro y plata del proyecto Hualilán, en el departamento de Ullum —tierra donde se extrae el recurso— pero en el territorio el clima es de desconfianza e incertidumbre. En diálogo con La Mecha, el intendente de Ullum, David Domínguez, manifestó un reclamo de falta de transparencia con la empresa Challenger Gold y también con el Ministerio de Minería.
El conflicto se profundizó con el reciente freno de las operaciones entre Hualilán (Ullum) y Casposo (Calingasta). La causa principal de este inconveniente fue una estimación errónea de la «ley del mineral» (la concentración de oro y plata por tonelada). Tras una auditoría técnica impulsada por las nuevas autoridades de Challenger Gold —encabezadas por el ejecutivo Peter Marrone—, se determinó que la concentración de metal en la roca extraída no era lo suficientemente alta como para justificar los elevados costos de transporte del mineral.
Sin embargo, Dominguez explicó que las irregularidades son de larga data. Según el jefe comunal, el municipio se entera de los avances del proyecto únicamente a través de los medios de comunicación y que no son recibidos por el ministro de Minería Perea.
Pese a que el yacimiento ya produjo sus primeros 200 kilos de doré (una aleación de oro y plata), el gobierno municipal no ha logrado acceder datos oficiales sobre la cantidad de mineral y tampoco ha recibido el dinero correspondiente de regalías.
A pesar de las proyecciones que hablan de 18 millones de dólares en regalías en tres años, el municipio no ha percibido un solo peso hasta la fecha. Domínguez señaló que deberían haber tenido novedades o recibido fondos a fines de mayo de 2026. A esta incertidumbre se le suma el temor fundado de un parate en el transporte y producción hasta fin de año, lo que retrasaría cualquier ingreso por regalías.
Según la Ley Nº 716-M, la obligación de pagar regalías nace en el momento de la extracción de las sustancias minerales o su depósito en boca mina. A Ullum, como municipio donde se asienta el yacimiento, le corresponde el 20% de lo recaudado por este concepto.
El impacto social también preocupa al intendente. En las ferias mineras se promocionó la generación de hasta 900 puestos de trabajo, pero la realidad en el territorio muestra que actualmente solo hay entre 60 y 70 vecinos de Ullum trabajando en el proyecto. «La gente tiene necesidades y nos pone la espada contra la pared; no sabemos hasta cuándo vamos a poder sostener la licencia social«, advirtió Domínguez, señalando que el discurso de «miles de millones de dólares» no coincide con la informalidad laboral que afecta al 80% de su comunidad.
En este escenario, el «boom» de Hualilán se presenta para Ullum no como una solución inmediata, sino como una lucha por la transparencia institucional y el respeto a la autonomía municipal frente a decisiones tomadas en despachos provinciales lejos del lugar de los hechos.
Irregularidades en la DIA y el traslado a Calingasta
Otro punto crítico del conflicto radica en las supuestas irregularidades en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Según Domínguez, la DIA original, aprobada en noviembre de 2024, establecía que la planta de tratamiento de mineral debía construirse en Ullum. Sin embargo, mediante una adenda de la cual el municipio no participó, se autorizó el traslado del mineral para ser procesado en la planta de Casposo, en el departamento de Calingasta. Este cambio de planes no solo alteró el proyecto original, sino que se habría realizado sin las correspondientes audiencias públicas ni la consulta previa al Consejo Deliberante de Ullum.
Los antecedentes de esta discusión se remontan a julio de 2025, cuando los ministros Juan Pablo Perea (Minería) y Gustavo Fernández (Producción) mantuvieron una reunión con el diputado departamental y exintendente de Calingasta, Jorge Castañeda. Durante ese encuentro se analizó la posibilidad de canalizar parte de los beneficios económicos derivados del procesamiento del mineral a través de un fideicomiso.
La prensa resaltó la ausencia del Intendente de Calingasta Sebastían Carbajal, sin embargo, en diálogo con este medio el jefe comunal expresó que el ministro «nunca nos convocó, nunca nos recibió».
Al mismo tiempo Castañeda, quien fue intendente de Calingasta hasta 2023, da claros indicios y gestos políticos que sugieren que se está acercando al orreguismo de cara a las elecciones de 2027. Además, mantiene un conflicto abierto con el actual intendente de Calingasta, Sebastián Carbajal, quien lo denunció penalmente por presuntas irregularidades en su gestión anterior.
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El fideicomiso planteado durante aquellas conversaciones permanece sin definiciones concretas. Tanto el intendente de Ullum como el de Calingasta coinciden en señalar que persisten dudas sobre su instrumentación legal y sobre la distribución de los beneficios económicos vinculados al proyecto.
