Por meses de demora en los pagos del Programa Incluir Salud, se movilizan familiares de personas con discapacidad

Nación adeuda los pagos correspondientes a todo el 2026. Se agrava la crisis en instituciones educativas de educación especial.

En la mañana del miércoles 20 de mayo un grupo de familiares de personas con discapacidad se movilizaron en las puertas del Programa Incluir Salud debido al atraso en el pago de las prestaciones. Se trata de madres, padres y hermanos de jóvenes con discapacidad que asisten a la Escuela de Educación Especial Susana de Castelli. El programa federal adeuda pagos correspondiente a los cinco meses transcurridos del 2026.

Por este motivo, los familiares se manifestaron para reclamar el pago urgente de Nación a la institución educativa. En este caso, Incluir Salud permite que la escuela garantice a cada asistente su vianda, su movilidad y el salario de algunos profesionales de salud, personal de maestranza y administrativo. Si bien a la escuela de doble jornada asisten casi 100 jóvenes con discapacidad, concretamente son 29 los afectados cuya continuidad en la escuela podría verse en riesgo por la demora en la cadena de pagos del programa federal.

Además de la Escuela Susana Castelli, son 13 las instituciones de educación especial que se han visto afectadas por el desfinanciamiento que lleva a cabo el Gobierno nacional en discapacidad. Así lo afirmó Claudio Tapia, el director del Programa Incluir Salud, delegación San Juan, que recibió a las familias. Según Tapia, el ministro de Salud provincial, Amílcar Dobladez, ha logrado reunirse con el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, para garantizar que se realicen los pagos correspondientes. El funcionario provincial manifestó que desde el Gobierno nacional aseguran que el programa no corre riesgo y prometen la cancelación de la deuda. Sin embargo, no establecen una fecha de pago ni respuestas concretas a las instituciones afectadas.  

La prestación que otorga el programa Incluir Salud varía de acuerdo al beneficiario. En el caso de la Escuela Susana Castelli, equivale a alrededor de 700 mil pesos por cada persona con discapacidad. Estos números representan una deuda superior a 80 millones de pesos con el instituto educativo.

Incluir Salud es un programa federal de cobertura médico-asistencial para personas titulares de Pensiones No Contributivas y que no cuentan con otra obra social o cobertura de medicina prepaga. Anteriormente, el programa se encontraba bajo la órbita de la ANDIS pero, con la disolución de la agencia a fines del 2025, las funciones fueron absorbidas por el Ministerio de Salud de la Nación. Luego del escándalo de corrupción por el Caso Spagnuolo y la vinculación de Karina Milei en el hecho, Nación decidió crear la Secretaría Nacional de Discapacidad (SENADIS). A partir de estos cambios, el pago de varias prestaciones, entre ellas las del programa federal Incluir Salud, se han visto afectadas.

Tapia señala que el Gobierno nacional ha optado por enfocarse en las auditorías y confirmó que la provincia se está haciendo cargo de tratamientos de personas con riesgo de vida, así como prótesis y cirugías de urgencia para los afectados por los recortes. Sin embargo, el director manifestó que Provincia no está en condiciones de absorber los gastos que corresponden a Nación.

Intervención de la Justicia Federal para garantizar el pago

El martes 19 de mayo, el juez Miguel Hugo Vaca Narvaja, a cargo del Juzgado Federal N°3 de Córdoba, ordenó al PAMI y al Ministerio de Salud de la Nación que normalicen en un plazo máximo de 72 horas el pago de las prestaciones destinadas a personas con discapacidad. La resolución, que tiene alcance nacional, apunta directamente al programa Incluir Salud. En esta línea, el director provincial, Claudio Tapia, señala que la medida puede servir para impulsar a que se efectúen los pagos en San Juan.

Los recortes y el desfinanciamiento por parte del Gobierno nacional devienen en la profundización de una crisis en instituciones y prestadores que brindan servicios básicos para personas con discapacidad. La situación se enmarca en la Ley 27.793, que declara la emergencia nacional en discapacidad hasta diciembre de 2026.

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