Reforma de la Ley de Glaciares: el círculo rojo sanjuanino y el lobby minero celebran su victoria política
La Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley de Glaciares y habilitó a las provincias a redefinir qué se considera glaciar. En San Juan, el oficialismo, la oposición y sectores del peronismo confluyeron en una votación que reabre el camino a proyectos mineros frenados.
La reforma a la Ley de Glaciares ya es un hecho. Se aprobó en la Cámara de Diputados con 137 votos a favor y 111 en contra. Festejan Javier Milei y Marcelo Orrego, pero también sectores del peronismo sanjuanino.
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La escena admite una traducción futbolera, tan propia de estas tierras. El peronismo celebró un gol ajeno. ¿Por qué? Porque dirigentes como Cristian Andino y Juan Carlos Chica —en especial el primero, con aspiraciones a la gobernación en 2027— ven con buenos ojos el cambio. La reforma habilita a las provincias a definir qué es glaciar y qué no. Y, en consecuencia, despeja el camino para proyectos mineros que hasta ahora estaban frenados por la normativa vigente.
En rigor, se trata de una continuidad del modelo extractivo minero que San Juan impulsa desde principios de los 2000. Hubo matices, es cierto. Marcelo Orrego buscó imprimirle su sello durante el debate en comisiones y se adjudicó la iniciativa. Sin embargo, la matriz viene desde la gestión de José Luis Gioja, siguió con Sergio Uñac y hoy se proyecta hacia una nueva etapa.
Esa expectativa tiene nombre propio, el cobre. El propio Orrego habló de una “minería 2.0”. Hasta ahora, la actividad estuvo dominada por el oro. Pero el foco empieza a correrse. Con el RIGI ya aprobado y anuncios de inversión casi constantes, el interrogante pasa por cuándo —y cómo— se destrabarán proyectos como Vicuña, Altar, Los Azules y El Pachón.
Detrás de la iniciativa hubo un impulso sostenido de amplios sectores del entramado minero. Cámaras empresariales, actores de peso en la industria y capitales extranjeros jugaron su partido, con gestiones constantes para empujar la reforma. En ese entramado, la presión por destrabar proyectos y garantizar condiciones más previsibles para la inversión terminó de inclinar la balanza.
En contraste con ese impulso político y empresarial, una encuesta reciente realizada en San Juan expuso una realidad más compleja a nivel social. Según el relevamiento, el rechazo a la reforma de la Ley de Glaciares supera al apoyo. Es decir, mientras el círculo rojo y el lobby minero avanzaron con una agenda clara, una parte significativa de la sociedad observó el proceso con desconfianza y planteó reparos sobre sus consecuencias ambientales y económicas.
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La sesión se realizó el miércoles. El proyecto ya contaba con media sanción del Senado, donde habían votado a favor el libertario Bruno Olivera y el peronista Sergio Uñac, mientras que Celeste Giménez se había pronunciado en contra.
Esta vez, el voto de los diputados sanjuaninos fue unánime. A favor: Andino y Chica por el peronismo —que inicialmente no habían dado quórum—, Peluc y Chiconi por La Libertad Avanza, y Picón y Jaime por Producción y Trabajo, el espacio del orreguismo. Hubo, además, una diferencia con el bloque justicialista nacional, que en su mayoría rechazó la iniciativa.
Ninguno de los legisladores peronistas sanjuaninos tomó la palabra en el recinto. La sesión terminó cerca de las tres de la mañana del jueves.
El quórum se alcanzó con el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Innovación Federal, Elijo Catamarca, Producción y Trabajo e Independencia (Tucumán), además de monobloques y parte de Provincias Unidas.
Pasadas las 22.15, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, llegó al Congreso para seguir de cerca la votación.
Movilizaciones en San Juan y en todo el país, con represión en Mendoza
Mientras se debatía la reforma, hubo movilizaciones en distintos puntos del país. San Juan no fue la excepción.
Organizaciones como Agüita Pura, Asamblea Jáchal No Se Toca y la Asamblea por el Agua de Calingasta, entre otras, se concentraron frente a la Catedral. Cortaron la calle Ignacio de la Roza y marcharon hacia el este del microcentro para exigir a los diputados nacionales que rechazaran la modificación.
En Buenos Aires, el centro amaneció vallado y con un fuerte operativo de seguridad en torno al Congreso. Participaron efectivos de la Policía de la Ciudad y otras fuerzas.
Al menos siete activistas de Greenpeace fueron detenidos tras subirse al monumento de los Dos Congresos para desplegar una bandera contra la reforma. Más tarde, a las 17, la tensión se trasladó a la intersección de Avenida de Mayo y 9 de Julio.
Allí, la Policía avanzó para dispersar a los manifestantes. Hubo gases lacrimógenos, escudos, infantería y un carro hidrante. En medio de los incidentes, se registró al menos una detención.
En Mendoza, la respuesta fue aún más dura. La policía del gobernador Alfredo Cornejo avanzó con represión y detuvo al menos a ocho personas.
Miles de mendocinos volvieron a salir a la calle en defensa del agua y los glaciares. La movilización partió desde el kilómetro cero de la capital provincial, en rechazo a lo que consideran una nueva ofensiva extractiva.
No es la primera vez. Las protestas contra la minería, desde Uspallata hasta el resto de la provincia, se repiten desde hace años.
Los cambios que se vienen
La reforma a la Ley 26.639 introduce un cambio central. Ya no se protegerán todos los glaciares ni las zonas periglaciares como reservas estratégicas, sino solo aquellos que demuestren un “aporte hídrico relevante y comprobable”.
En la práctica, esto deja fuera de protección a numerosas formaciones de menor tamaño y abre la puerta al avance de proyectos mineros. Por ese motivo, bloques opositores y organizaciones ambientalistas rechazaron la iniciativa.
El RIGI y la política económica del Gobierno ya ofrecen a las empresas condiciones fiscales favorables. A eso se suma la eliminación de retenciones a la exportación minera en agosto de 2025.
Sin embargo, el punto clave parece ser otro, la seguridad jurídica. Es el último paso que reclaman las compañías para avanzar con sus inversiones.
Con este nuevo escenario, San Juan queda habilitada para definir los criterios de desarrollo minero en zonas periglaciares y, al mismo tiempo, asumir la responsabilidad de proteger el recurso hídrico.
La pregunta, sin embargo, sigue en el aire. ¿Cuáles serán los beneficios concretos de ceder estos ecosistemas? Con estabilidad fiscal, respaldo jurídico y sin retenciones, ¿qué garantías existen de que la minería genere desarrollo real, empleo y crecimiento en la provincia?