San Juan frente a la Ley de Glaciares: una encuesta inédita revela más rechazo que apoyo y una sociedad dividida
Alta indecisión, brechas educativas y el impacto de la crisis hídrica marcan la opinión sobre una reforma que genera dudas.
La posible modificación de la Ley de Glaciares, que ya tiene media sanción del Senado y espera su tratamiento en Diputados, se convirtió en uno de los debates políticos más relevantes para San Juan. En ese marco, La Mecha accedió a un informe de la consultora Ethos con un estudio de opinión realizado en marzo de 2026 en el Gran San Juan. Los datos muestran una sociedad dividida, con altos niveles de indecisión y una leve ventaja del rechazo frente al apoyo.
El informe segmenta las posturas por género, edad y nivel educativo. Allí aparece un dato clave y es que la aceptación de la reforma crece con fuerza entre quienes tienen estudios universitarios.
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Al mismo tiempo, el trabajo cruza esas opiniones con la situación económica y las expectativas de futuro. Quienes atraviesan mayores dificultades tienden a ver la modificación como una posible oportunidad de inversión.
Sin embargo, la crisis hídrica y la falta de beneficios concretos de la minería en la vida cotidiana empujan a buena parte de la población hacia posiciones más cautelosas.
El estudio se basa en 880 entrevistas presenciales y tiene un margen de error del 3,3%.
Los resultados generales de la encuesta
La encuesta realizada en marzo de 2026 en el Gran San Juan vuelve a mostrar una escena fragmentada con una opinión pública dividida y con altos niveles de indecisión. Todo indica que el tema todavía no termina de asentarse en el debate ciudadano. El detalle de las posiciones, según el estudio, es el siguiente:
- No sabe / no opina: es el grupo mayoritario, con 37,60%.
- A favor: 26,37% se manifestó en este sentido.
- Muy a favor: representa un 1,57%.
- En contra: 25,85% se ubica en esta postura.
- Muy en contra: alcanza el 8,62%.
Si se agrupan las respuestas, el rechazo queda levemente por encima del apoyo: 34,47% contra 27,94%. Para afinar la lectura, el estudio también excluye a quienes no definieron su postura. En ese universo, la diferencia se amplía: 55,2% en contra frente a 44,8% a favor.
¿Qué grupos sociales rechazan más la modificación de la ley?
Entre quienes tienen una opinión definida, el rechazo a la modificación de la Ley de Glaciares es mayoritario y alcanza el 55,2%.
Ese rechazo se concentra con más fuerza en los sectores con nivel educativo primario, donde llega al 61,5%. En contraste con los universitarios, los niveles educativos bajos y medios tienden a reaccionar de manera más cautelosa, incluso defensiva, frente a la propuesta.
Entre los adultos mayores, el rechazo crece a medida que avanza la edad. Mientras que entre los jóvenes el debate aparece más equilibrado, en el grupo de mayores de 64 años la oposición alcanza el 61,4%.
El informe también identifica a un grupo de “ciudadanos con expectativas pesimistas”. Allí la relación es clara: cuanto más negativa es la mirada sobre el futuro, mayor es el rechazo a la ley.
Entre quienes creen que el país estará “peor”, el rechazo asciende al 76,5%. Y entre quienes consideran que estará “mucho peor”, llega al 60%.
A diferencia de los sectores más vulnerables —más receptivos al cambio por la expectativa de empleo—, quienes tienen una situación material menos apremiante muestran una postura más resistente: el rechazo allí alcanza el 66%.
El rechazo es mayoritario en ambos sexos, aunque se intensifica en el electorado femenino, donde el 60,9% se manifiesta en contra.
En el plano laboral, el rechazo es especialmente alto entre quienes no tienen empleo, con un 60,9%. También predomina entre los ocupados (52,1%) y los jubilados (52,9%).
La oposición se vuelve aún más fuerte entre quienes señalan la suba de precios (76,7%) o el aumento de la pobreza (72%) como sus principales preocupaciones.
En términos generales, el estudio concluye que el rechazo se fortalece en sectores que perciben la modificación como un riesgo incierto frente a la crisis actual. Sobre todo, en un contexto de crisis hídrica que golpea a actividades tradicionales como la agricultura.
¿Por qué el nivel educativo universitario influye en el apoyo?
El nivel educativo universitario aparece como un factor decisivo en el apoyo a la modificación de la ley. Es, de hecho, el único segmento donde el respaldo es claramente mayoritario: 67,6% a favor frente a 32,4% en contra.
Según la consultora Ethos, esta diferencia responde a varios factores. Por un lado, los sectores con mayor capital educativo tienden a leer la propuesta desde una lógica productiva o vinculada al desarrollo económico. Eso los vuelve más receptivos a los argumentos que asocian la reforma con la inversión y el crecimiento.
A diferencia de los niveles educativos primarios o secundarios, donde predomina una reacción más cautelosa o defensiva, el segmento universitario se muestra más abierto a discutir cambios en la normativa.
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Mientras buena parte de la sociedad percibe la modificación como un “riesgo incierto” —marcado por la crisis hídrica y la falta de un derrame económico visible—, las personas con formación universitaria tienden a tener una mirada menos ambivalente y más enfocada en los beneficios potenciales de la actividad económica.
El nivel universitario, entonces, funciona como una variable que ordena la posición frente al tema. Allí la propuesta encuentra un terreno más fértil, sobre todo entre quienes tienen herramientas para analizarla desde una lógica de expansión económica y no solo desde la protección ambiental o la defensa preventiva de los recursos.
¿Cómo influye la crisis hídrica en la opinión pública?
La crisis hídrica aparece como un factor clave que empuja la opinión pública hacia el rechazo de la modificación de la Ley de Glaciares. Genera, sobre todo, una fuerte sensibilidad en torno al uso de recursos estratégicos.
En primer lugar, el informe señala que San Juan tiene una matriz productiva donde el sector agrícola y agroindustrial es central. En ese contexto, atravesado por la crisis hídrica, la expansión de actividades intensivas en el uso de agua —como la minería— es percibida no como una oportunidad, sino como una amenaza o una competencia adicional por el recurso.
En muchos casos, el rechazo a la modificación no responde a una postura ambientalista abstracta. Más bien, funciona como una defensa preventiva de las actividades económicas existentes, hoy vulnerables frente a la escasez de agua.
La combinación de la crisis hídrica con la situación económica general refuerza la idea de un “riesgo incierto”. La sociedad aparece cautelosa, incluso desconfiada, frente a promesas de desarrollo cuyos beneficios no se perciben de manera concreta en la vida cotidiana.
Incluso en un contexto de crisis, los datos muestran que la sociedad no se inclina mayoritariamente por flexibilizar la protección vigente. El temor a comprometer un recurso ya escaso, como el agua, refuerza la idea de mantener la ley tal como está.